La soberanía alimentaria, en riesgo

A comienzos del 2024, el gobierno de Javier Milei instaló la idea de que, adherir al Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) del año 1991, significará un beneficio para la producción agrícola argentina. Aunque el proyecto no prosperó - fue incluida en la primera versión de la Ley Bases, rechazada en el Congreso, pero no en la versión finalmente aprobada-, los agricultores familiares y algunos grandes productores temen que el gobierno vuelva a la carga con esta iniciativa. 

Cash dialogó con Marcos Filardi, miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición (UBA), sobre las consecuencias que tendría entrar a UPOV ‘91 para los pequeños productores. Filardi fue terminante: redundará en una “mayor privatización y control de las semillas por parte de un verdadero oligopolio”.

- ¿Qué implicancias tendría la adhesión a la UPOV del año 1991?

- UPOV es un organismo intergubernamental con sede en Ginebra y tiene tres versiones, una de 1961, otra de 1978 y la de 1991. Argentina integra UPOV ’78. Frente a la posible incorporación a UPOV ’91, muchas organizaciones nos coordinamos para resistir una decisión que redundará en una mayor privatización y una profundización del control de las semillas comerciales por parte de un verdadero oligopolio.

-¿Qué diferencias hay entre estas versiones?

- UPOV ‘78 garantiza el uso propio, al igual que la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, de 1973. Reservar la semilla de la propia cosecha para reutilizarla en la siguiente siembra es un derecho constitucional, vinculado al derecho humano a una alimentación adecuada, históricamente gratuito en Argentina. El productor que reserva parte de esa semilla para reutilizarla no debe pagarle a nadie. UPOV ‘91, en cambio, habilita que ese uso sea oneroso. Desde hace años, un puñado de empresas en Argentina y en otros países de América Latina pretende cobrar regalías por el uso extendido de esas semillas.

- ¿Qué otros cambios aporta UPOV ‘91?

- Habilita el sistema de doble protección. Estas empresas reclaman dos tipos de derechos de propiedad intelectual: los derechos de obtentor, que son reconocidos a la persona física o jurídica que haya obtenido una variedad vegetal con determinadas características; y los derechos de patentes sobre las innovaciones o procesos vinculados al desarrollo de esas semillas, sobre todo a partir del desarrollo de los transgénicos (organismos genéticamente modificados). UPOV ‘78 afirma que cada Estado que sea parte de ese tratado debe elegir un sistema o el otro, no los dos. Las empresas reclaman los dos sistemas de protección de los derechos de propiedad al mismo tiempo, el de obtentores y el de patentes. Esto contradice la Ley de Patentes argentina, que prohíbe el patentamiento de seres vivos, como las semillas. A pesar de eso, Monsanto consiguió un fallo judicial, ratificado por la Corte Suprema, que le reconoce una patente sobre la soja intacta.

- Si es inconstitucional, ¿cómo logran avanzar sobre esta iniciativa?

- Primero, adherir a un Tratado Internacional que tiene jerarquía superior a las leyes implicaría una modificación de la Ley de Semillas y Creaciones Filogenéticas así como de la Ley de Patentes, que hasta ahora prohíbe el patentamiento de las semillas. Además, la adhesión a UPOV ‘91 prevé el doble sistema de protección. Argentina debería establecer un régimen de protección de patentes para las semillas, además del sistema de protección de obtentores que tiene desde el año 1973.

- ¿Qué otros actores están detrás de este proyecto?

- Monsanto dejó de existir como tal, fue comprada por Bayer, que es hoy el conglomerado económico que contiene a ambas. Por su parte, The Dow Chemical se fusionó con DuPont y formaron Corteva Agriscience. También existe BASF, de capitales alemanes, y Syngenta Group, que originalmente era de capitales suizos pero fue comprada por ChemChina de China y luego se fusionó con Sinochem. Es un oligopolio de cuatro actores a nivel internacional y otros nacionales, como Don Mario y órganos del Estado Nacional.

- ¿Quién es el mayor desarrollador de variedades vegetales en Argentina?

- Se dice que el mayor interesado en que haya un reconocimiento a la propiedad intelectual de las semillas es el INTA, pero en verdad son las empresas semillas transnacionales que mencioné. Estas empresas dicen que no es un interés de las grandes empresas transnacionales que conforman ese oligopolio, sino de empresas nacionales -como Don Mario, como Bioceres- y del INTA. Cuando asumió el ahora ex secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilela, dijo que uno de los desafíos era modificar la Ley de Semillas, para hacerla funcional a las nuevas demandas del sector agropecuario. Es decir, de estas grandes transnacionales asociadas a empresas nacionales.

- ¿Cómo se posicionan las organizaciones de productores?

- Hay una tensión entre productores y desarrolladores de semillas. La Mesa de Enlace está dividida. Coninagro avala la adhesión a UPOV ‘91 porque el rol de los desarrolladores tiene mayor peso dentro del debate interno. La Federación Agraria y la Sociedad Rural se manifestaron en contra, porque en esta discusión está muy involucrada la “bolsa blanca”. No solo se hace uso propio de esa semilla, sino que se crea esta bolsa blanca y se comercializa en el mercado.

- ¿Hay algún tipo de alianza alrededor de esta disputa, entre la agricultura familiar y las organizaciones que se oponen?

- En los últimos debates, las empresas semilleras trataron de acercar posiciones sugiriendo que la discusión no era con la agricultura familiar campesina indígena, porque las semillas nativas y criollas no entran en esta discusión. Sin embargo, hay alianzas coyunturales por cuanto coincidimos en la oposición a UPOV 91, aunque por motivos distintos. Nosotros defendemos la posición de la agricultura familiar, campesina e indígena desde nuestra cátedra de Soberanía Alimentaria. Ellos defienden el control y uso de la bolsa blanca. Pero eso no significa que haya una alianza estratégica.

- ¿Quiénes detentan la bolsa blanca?

- Son productores grandes de soja que multiplican semillas y la venden en el mercado. Esos grandes productores prefieren comprar la bolsa blanca y no pagar regalías extendidas a estos conglomerados. Por eso la Sociedad Rural se opone a UPOV ‘91.

- ¿A qué cultivos afecta esta iniciativa?

- El interés está en la soja y en el trigo transgénico. Por eso Bioceres entra en la discusión. Estos conglomerados intentan que creamos que nuestra discusión no es con empresas transnacionales sino con Bioceres, una empresa nacional de la que “deberíamos” estar orgullosos. Bioceres nació siendo una empresa de capitales nacionales, pero hoy cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene alianzas estratégicas con las grandes jugadoras del agronegocio transnacional, como Monsanto, Syngenta y Dow. Para difundir el trigo transgénico en Argentina, Bioceres propone salvaguardar derechos de propiedad intelectual. Por su parte, el Estado al ser titular del 60 por ciento de esa patente (entre el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral) se hace socio de Bioceres, que detenta el otro 40 por ciento, en ese evento del trigo transgénico.

- En términos estructurales, ¿cómo se afecta a la semilla?

- La semilla es el primer eslabón de la cadena agroalimentaria, quien controla las semillas controla lo que viene después: define qué se cultiva, cómo, con qué calidad y a qué precio. En la agricultura, obtenemos un sinnúmero de variedades de semillas mediante una tarea anónima, cotidiana, silenciosa, de campesinas y campesinos de todo el mundo que reservaron la mejor semilla de la anterior cosecha para reutilizarla, mezclarla o intercambiarla con otro campesinos, dando lugar a esta diversidad genética. Con la concentración del sector semillero, en los años ‘30, se priorizaron algunas variedades de alto rendimiento. Con la “Revolución Verde” (entre los años ‘60 y ‘80) se homogeneizó la producción, pasamos a pocas variedades o al monocultivo, como en Argentina. En nuestro sistema agroindustrial, la soja ha llegado a ocupar el 60 por ciento de la superficie cultivada del país, y al 85 por ciento si sumamos el maíz, el trigo y el algodón. Hay 3 o 4 variedades de soja y de maíz, y 1 o 2 variedades de algodón. Es un sistema económicamente vulnerable, ya que cuatro empresas son propietarias de esas semillas, reclaman derechos de propiedad intelectual y controlan la cadena.

- ¿Qué impacto ambiental tiene la homogeneidad de la producción?

- Es muy importante, hay semillas homogéneas plantadas en distintos espacios, que no están adaptadas localmente. Así se pierde diversidad genética y resiliencia en un contexto de crisis climática. Deberíamos tener variedades locales adaptadas a cada uno de los territorios, para tolerar las condiciones de producción frente a la crisis climática. La promesa es incorporar tecnología de resistencia a la sequía aunque no aclaran que también tienen tolerancia al glufosinato de amonio, un herbicida más tóxico que el propio glifosato. Respecto de las variedades de trigo resistentes a la sequía, se debería desarrollar una línea de investigación del INTA que apunte al mejoramiento vegetal de variedades de trigo resistentes a la sequía, en lugar de priorizar el evento de trigo transgénico como acuerdo público-privado entre la Universidad Nacional del Litoral, CONICET y Bioceres. El INTA no recibió financiamiento; en cambio, el desarrollo del trigo transgénico sí recibió mucho dinero.

- ¿Cómo impacta esto en los productores de la agricultura familiar?

- Hoy la agricultura es muy dependiente de esos insumos y tecnologías. La devaluación y los costos dolarizados la asfixian en todas las escalas. Cada vez que mejoran determinadas condiciones de estos mercados, los precios de los insumos aumentan. Entonces, ¿quién captura la renta? El productor no. Por otro lado, estas tecnologías tienen resistencias a los agrotóxicos. Sobre esto tuvimos un debate con el trigo, porque lo vendían como resistente a la sequía. Pero además, de los 70 eventos transgénicos aprobados, 64 fueron diseñados para tolerar agrotóxicos. Esto es funcional a la industria química. El paquete tecnológico consiste en vender la semilla diseñada para tolerar este agrotóxico y, al mismo tiempo, vender el agrotóxico. Ese es el modelo drogadependiente, que necesita más y más insumos externos y genera cada vez más malezas muy resistentes.

- ¿Cómo responde el modelo?

- Con nuevos eventos transgénicos, con resistencias tolerantes a nuevos cócteles cada vez más tóxicos, que afectan la salud de la población en los territorios. Nuestros pueblos se enferman por las fumigaciones, el aire y el agua se contaminan, el suelo se empobrece como consecuencia de la destrucción del complejo vivo. Prácticamente todos los alimentos que comemos en Argentina tienen residuos de agrotóxicos. Se destruyen bosques, selvas y humedales para dar lugar a estos monocultivos, de lo que surgen inundaciones, sequías, destrucción de biodiversidad, enfermedades zoonóticas y destrucción de la microbiología del suelo, entre otras. La fertilidad perdida no se recompone con inyección de fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, eso suma otro problema.

- Las empresas de agrotóxicos están vinculadas a la industria bélica. ¿Qué implicancias tiene esto?

- La Fundación Rockefeller financió la “Revolución Verde”, porque necesitaba que la agricultura se petrolizara. Lograron que el sistema –incluyendo fertilizantes y agrotóxicos– dependiera del petróleo. La maquinaria agrícola depende de los fósiles. El transporte, procesamiento, empaquetado y enfriado son funcionales al petróleo. Hay una alianza estratégica entre industria semillera, química, farmacéutica y petrolera. Los aviones que fumigan agrotóxicos fueron aviones fumigadores en la guerra de Vietnam. Los ingredientes activos de los insecticidas se usaban para exterminar seres humanos en las cámaras de gas. Bayer fue la proveedora del Zyklon B, que se utilizó como parte de ese consorcio químico llamado IG Farben, con el Nacionalsocialismo. Monsanto proveyó el agente naranja al ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

- ¿A qué se alude con el concepto “geopolítica de la enfermedad”?

 

- Al actor que introduce agrotóxicos al ambiente generando enfermedades es el mismo que luego trata esas enfermedades. Bayer es líder en venta del glifosato y de los quimioterápicos que tratan cánceres crónicos. Son actores muy poderosos y entrelazados que sostienen este modelo agroindustrial y tienen ramificaciones en los gobiernos, en la ciencia, en la academia, en los medios de comunicación, en la política.