El Congreso retoma su actividad luego del receso invernal, con distintas prioridades para el gobierno de Javier Milei. El oficialismo libertario acelera en la Cámara de Diputados el plenario de comisiones que arrancará el tratamiento del proyecto que impulsan la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. Mientras que el Senado, retomará el debate en un plenario de comisiones informativo sobre la reforma de la movilidad jubilatoria, donde los libertarios y sus aliados colaboracionistas insisten en dilatar el tratamiento de la media sanción que el grueso de la oposición sancionó en la Cámara baja y que apenas busca recomponer parte del brutal recorte que la Casa Rosada les quitó a jubilados.

Movilidad

El Salón Arturo Illia del Senado será el escenario para el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto retome a partir de las 14 el debate sobre movilidad jubilatoria, en la que expondrán funcionarios del Ejecutivo –que buscan frenar la iniciativa— y especialistas, convocados por el oficialismo y sus aliados.

Alineados con la postura de sus gobernadores, los senadores de la UCR se plantaron junto a los libertarios para que la iniciativa con media sanción de Diputados no se trate sobre tablas, para no incomodar a Milei en la previa a la firma del Pacto de Mayo que los mandatarios radicales rubricaron el 9 de julio en Tucumán. Aunque en la última sesión, Unión por la Patria logró, tras una larga discusión, que la movilidad sea abordada en el recinto en la próxima sesión con dictamen de comisión. Un dictamen que LLA y sus aliados intentan bloquear en sintonía con el Gobierno. Incluso Martín Lousteau (UCR), Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Edith Terenzi (Cambio Federal) presentaron sus propias iniciativas --además de la versión que sumaría el Ejecutivo--, donde proponen cambios que impediría que el texto de Diputados se convierta en ley.

El proyecto aprobado por la Cámara baja en los primeros días de junio, con acuerdo de UxP y el grueso de los bloques dialoguistas, fue rechazado inmediatamente por el Gobierno. Milei llamó “degenerados fiscales” a los legisladores que levantaron la mano y amenazó con vetar toda ley que atente contra el equilibrio fiscal. Un argumento que empezó a desmoronarse, especialmente luego que Milei otorgó por decreto unos 100 mil millones de pesos adicionales para la nueva SIDE, donde los espías no tendrán que rendir cuentas porque se utilizarían como “gastos reservados”. Otro tema que puede poner en jaque al Gobierno, dado que distintas bancadas opositoras –incluso los dialoguistas— buscan conformar una mayoría para rechazar el decreto presidencial que otorga una cifra multimillonaria para el espionaje.

La iniciativa aprobada en Diputados, contempla una recomposición del 8 por ciento de los haberes previsionales que Milei podó a los jubilados sobre la inflación de enero y un adicional anual del 50 por ciento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (RIPTE), en el hipotético caso que los salario le ganaran a la inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del proyecto alcanza a apenas el 0,43 por ciento del PBI.

Baja de la imputabilidad

En Diputados, El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert, respectivamente, fue convocada para a las 12.30 en el Anexo C para tratar el proyecto oficialista que establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

En el primer tramo de la reunión informativa sobre la ley de reforma del Régimen Penal Juvenil expondrán el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos y del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. El texto que promueven Bullrich y Cúneo Libarona sostiene que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; tope que se mantendrá aún si la escala penal fuera más elevada.

El segundo tramo estará destinado a la exposición de los autores de diferentes proyectos que se encuentran en la Cámara baja. Entre ellos, el del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo; del libertario Álvaro Martínez; de Ricardo López Murphy (HCF); y el impulsado por María Eugenia Alianiello (UxP). La iniciativa de UxP no avanza en la baja de la edad para ser detenido por un delito, que actualmente está en los 16 años, contempla un mecanismo de sanciones menores y otro para reinsertarse en la sociedad, y establece como tope una pena de diez años. En cambio, el de Ritondo baja la edad de imputabilidad a los 14 años y el joven estará en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma pena que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito. El proyecto más duro sobre la baja de la imputabilidad es el de Martínez, que propone prisión de hasta 10 años a los menores entre 12 y 16 años, mientras que aquellos que superan esa edad se le podrá imponer hasta quince años de prisión

No será un trámite sencillo. La baja de imputabilidad ya tuvo varios intentos pero nunca logró avanzar. El tema que divide las aguas en forma transversal en los bloques, aunque coinciden en la necesidad de un cambio del sistema penal para los menores.