“Esto es una persecución política, que va no sólo contra nosotros sino contra todas las organizaciones sociales: en los últimos dos meses hubo casi cien allanamientos a comedores comunitarios de parte de tres jueces. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ha considerado a sí misma autora de esta persecución. Lógicamente, es así”, dijo Eduardo Belliboni en la conferencia de prensa convocada por el Polo Obrero tras su procesamiento. El dirigente rechazó los cargos en su contra por administración fraudulenta, mientras sus abogadas preparan la apelación, que deben presentar en un plazo de 72 horas.

Belliboni fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello junto a otros 15 integrantes del Polo y dos del Movimiento Barrios de Pie con dos tipos de cargos, los de presunta defraudación al Estado y los de coaccionar a titulares del programa Potenciar Trabajo. Este martes, acompañado por dirigentes de la izquierda y agrupaciones sindicales, dio una respuesta pública.

El lugar elegido para el encuentro con los medios fue un edificio que el Polo Obrero tiene en el barrio de Parque Patricios, donde funciona una imprenta, un depósito y varias salas de reuniones o aulas. La intención, señaló Belliboni, fue mostrar que con el dinero del Potenciar Trabajo el Polo Obrero compró máquinas impresoras -“Acá están, no se esfumaron”, las señaló- y “construyó 43 salones de usos múltiples” en el país.

En los procesamientos, Casanello sostuvo que los integrantes del Polo disfrazaron gastos, con la presentación de facturas que contenían datos falsos en las rendiciones de cuentas del programa Potenciar. El juez aseguró además que el dinero desviado fue destinado a pagar gastos de la campaña electoral del Partido Obrero.

Las facturas cuestionadas fueron emitidas por la Editorial Rumbos -que pertenece al Partido Obrero-, que el juez describió como “una caja partidaria” sin actividad comercial real. En su descargo, Belliboni planteó que Rumbos tiene 40 años de historia; publica el periódico Prensa Obrera. Por otra parte, el dirigente respondió los señalamientos sobre el uso de facturas de la empresa Coxtex, con la que el Polo compró seis notebooks con fondos del Potenciar, pero que según el procesamiento es una empresa fantasma. Belliboni sostuvo que antes de mandar la factura de Coxtex, su organización consultó a la AFIP y que el organismo (en aquel momento, el año 2022) avaló a la empresa como real y legal.

"Nos han tomado como enemigos y no está mal porque somos enemigos del gobierno de Milei. Yo soy enemigo del gobierno de Milei, el Polo Obrero es enemigo del gobierno de Milei, es un gobierno que va a llevar al país a un desastre como nunca vimos, inclusive peor que en los 90", sostuvo también Belliboni.

En cuanto a los procesamientos por coacción, basados en la declaraciones de tres testigos de identidad reservada que señalaron que se les obligaba a concurrir a marchas, con la amenaza de perder el plan social, en la organización lo rechazaron. Sostienen que si así fuera, “la gente se hubiera ido” del Polo, ya que existía la posibilidad de pedir el pase para hacer la contraprestación del Potenciar Trabajo en otra Unidad de Gestión. Sin embargo, plantearon, en el período investigado -de junio de 2020 a diciembre de 2022- hubo 20 mil titulares del Potenciar que, por el contrario, dejaron otras unidades de gestión para sumarse a las del Polo Obrero.

En la causa judicial el próximo paso será la presentación de las apelaciones. Por otra parte, el juzgado pidió medidas de prueba previas a definir si, como solicitó el fiscal Gerardo Pollicita, llama a declarar a quienes se desempeñaron como funcionarios de la secretaría de Economía Social. El fiscal pidió que sean indagados su extitular, Emilio Pérsico, y otros ex funcionarios, pero el juez señaló que no existen elementos suficientes para llamar a esas indagatorias.