Durante los primeros siete meses del actual Gobierno nacional, en lugar de disminuir el impacto de una crisis económica sin precedentes, se han adoptado medidas que agravan todavía más las penurias que afectan a un sesenta por ciento de los argentinos.

Simultáneamente, se asiste al desmantelamiento de estructuras que se ocuparon durante años, y exitosamente, de la asistencia a los discapacitados, las víctimas de violencia de género, las madres solteras o abandonadas, los niños despojados del derecho crucial al cuidado parental y los enfermos con tratamientos terminales.

De la misma manera, avanza la desarticulación del Conicet, de los institutos de investigación y las unidades tecnológicas del Estado. Se llevan a cabo recortes de planta permanente en universidades, colegios y escuelas. Como ejemplo, basta citar el caso del hospital Posadas, con el reciente despido de médicos, enfermeras y personal técnico de la salud.

Estas acciones producen exclusión social y continúan, sin pudor alguno, destruyendo organismos de control de precios, tarifas y calidad de servicios ofrecidos. Peor todavía, ahora no se sabe si los alimentos y medicamentos que se compran son saludables, protectores o seguros.

Precariedad social

¿Cuál es el destino de esta multitud de desplazados? Va a engrosar el precariado social, que se compone de aquellos a quienes los neoliberales y conservadores de nuestro país deciden quitarles el respeto y la esperanza. En este agrupamiento social hay 23 millones de pobres, según Agustín Salvia, del Observatorio Social de la UCA, entre los cuales hay que contar más de 8 millones en situación de pobreza extrema, y cabe agregar que la clase media baja cayó en la pobreza.

Por lo tanto, la precariedad se expande. Los reclamos de sus integrantes no son escuchados, y peor todavía, son criminalizados. A los que protestan y a los descontentos les dan palos y gas pimienta, hasta los encarcelan sin causa alguna. ¿Acaso sus garantías jurídicas no están claramente resguardadas por la Constitución del 94?

La consecuencia más dolorosa de este mecanismo autoritario de precarización no se limita a la supresión de derechos y alternativas laborales en el presente. Se expande al futuro, porque esos seres humanos hoy menospreciados no podrán mostrar aportes jubilatorios suficientes, no tendrán asistencia médica sistemática, no calificarán para pensiones por invalidez, ni accederán a medicamentos esenciales y gratuitos.

Gobernabilidad

En términos intuitivos, cuando se habla de gobernabilidad se hace referencia a la capacidad de un gobierno para realizar sus propuestas políticas, sociales y económicas, en la práctica cotidiana de su gestión y de manera beneficiosa para la comunidad.

Aunque este concepto destaca la habilidad para conducir el Estado, el análisis político le incorpora dos aspectos complementarios:

1.- La gobernabilidad democrática es un proceso evolutivo que se aprende por ensayo y error, negociación, búsqueda de consensos, debate legislativo, transparencia periodística y respeto a las instituciones.

2.- Esto permite enfrentar, administrar y responder las demandas de grupos de interés adversarios que coexisten en la estructura social. Efectivamente, dichos grupos compiten y sus conflictos no pueden resolverse sólo con una agenda eleccionaria, porque tanto las peticiones como las exigencias son continuas y persistentes, a lo largo del período que le toca a cada gobierno sucesivo.

El modelo neoliberal que se ha instrumentado en la Argentina desde diciembre solo atiende y favorece los grupos de interés de la clase media acomodada y la clase rica, las empresas concentradas y monopólicas, los bancos multinacionales, los fondos de inversión en el extranjero, las cámaras empresariales más recalcitrantes y retrógradas.

¿Quiénes quedan fuera de la lista precedente? Pues el 80 por ciento del país, cantidad que no parece desdeñable. En ese grupo se encuentra el precariado, que supera el 50 por ciento de los habitantes. También la clase media agobiada que paga impuestos, las gerencias de pymes asfixiadas por la inflación, así como miles de trabajadores en profesiones diversas. Aquí deben buscarse las familias que se bajan de las prepagas y colegios saqueadores, o las que renuncian al cable, internet y la telefonía celular.

Por otra parte, al sector privilegiado se le disminuyen las cargas impositivas, bajo el supuesto falso e hipócrita de que con semejante medida aumentarán las inversiones para que crezca el país. La experiencia universal de estos experimentos atestigua cómo los recursos se fugan al exterior por canales de evasión y lavado de activos.

Conflicto

La precariedad aumenta gracias a decisiones planificadas para que así ocurra, mientras que las necesidades por comida, trabajo, salud y educación se multiplican; sin embargo, el gobierno mira para otro lado y se tapa los oídos. El desprecio y el maltrato acumulan descontento, frustración e incertidumbre para el futuro de millones de familias que son conscientes de que han sido condenadas a no tener destino en nuestra sociedad.

Este conflicto de intereses produce una consecuencia estremecedora. El gobierno y el Poder Legislativo empiezan a perder, en primer lugar, credibilidad popular; en segundo lugar, representatividad política.

Es oportuno recordar dos escenarios pedagógicos para los tiempos que corren, porque frente a la tensión inevitable entre la precariedad social y la gobernabilidad, ellos ejemplifican acontecimientos dramáticos, con enormes costos de reconstrucción.

El primer escenario tuvo lugar en Diciembre de 2001, con el escandaloso fracaso de la Alianza. Sorprendentemente, muchos de sus responsables son funcionarios reciclados por la actual gestión o forman parte del club de opinadores proclives a la mentira y la impunidad.

El segundo escenario tuvo lugar recientemente, a comienzos de julio pasado, cuando el Laborismo inglés le propició la mayor derrota de su historia a los conservadores-neoliberales, que durante catorce años se ocuparon en destruir el tejido social y las fuentes de trabajo de las clases media y baja de Gran Bretaña.

En ambas experiencias la precariedad social erosionó de manera irreversible la credibilidad popular del gobierno. Pero también la mayoría de los ciudadanos percibió dolorosamente que sus representantes los habían traicionado.

Para el contexto que analizamos, puede ayudar aquello que escribió el historiador Timothy Snyder (Acerca de la tiranía) porque adhiere a nuestras circunstancias políticas: “Abandonar los hechos es abandonar la libertad. Si nada fuera verdadero, entonces ninguno puede criticar al poder, porque no hay bases para hacerlo. Si nada fuera verdadero, entonces todo es espectáculo, y la mayor billetera pagará por las luces más enceguecedoras”.

*Doctor en Administración (UBA), escritor y analista político.