El retiro de la organización Médicos sin Fronteras (MSF) de Panamá dejó al descubierto la falta de políticas públicas para atender los casos de abuso sexual ocurridos en una ruta migratoria en donde los migrantes son víctimas del crimen organizado y los peligros naturales propios de la selva. En el Tapón de Darién, la selva fronteriza entre Colombia y Panamá, que miles de personas intentan cruzar a diario para llegar a Estados Unidos, las violencias son múltiples pero las agresiones sexuales crecen entre mujeres, niñas y niños.

Durante los últimos tres años, Médicos sin Fronteras (MSF) reportó casi 1.500 casos de migrantes que fueron víctimas de abusos sexuales al cruzar el Darién. La cifra solo es un esbozo de la cantidad de abusos que implica atravesar esta selva, ya que cada día alrededor de dos mil migrantes se juegan la vida huyendo de las precarias condiciones que les ofrecen sus países de origen, de acuerdo con el último informe publicado por Human Right Watch (HRW).

Este año, la delegación de MSF tuvo que abandonar su trabajo de asistencia en Panamá por la falta de renovación de los permisos gubernamentales necesarios para operar en las fronteras. Su retiro ocurre en el marco de un acuerdo que el nuevo gobierno panameño, encabezado por José Raúl Mulino, firmó en julio con Estados Unidos para frenar la migración irregular hacia Norteamérica.

Ahora, las víctimas de delitos sexuales -en su mayoría mujeres-, que antes recibían una primera atención por parte de la brigada de médicos, son asistidas recién cuando llegan a Costa Rica, varios días después de haber sido atacadas. “En casos de violencia sexual la atención es necesaria en las próximas horas para poder brindar la profilaxis adecuada como la pastilla que reduce las posibilidades del contagio del VIH. Esto debe hacerse en un tiempo determinado. Si no hay nadie en Panamá lo más probable es que las víctimas lo informen cuando ya estén en Costa Rica, varios días después de lo ocurrido”, explica Martina Rápido Ragozzinom, investigadora para la División de las Américas de HRW.

“En 2022, estuvimos en Canaán Membrillo, una comunidad indígena. La gente estaba en la fila, porque les hacían registros. Y los funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras decían: ‘si hay robo o abuso sexual, levanten la mano’. Esa no es forma de detectar los casos y por eso los números son bajos”, señala también Rápido Ragozzinom. Esto hace suponer que no todos los casos de violencia sexual se denuncian y los que se saben apenas pertenecen a subregistros elaborados por diferentes organizaciones sociales.

La Fiscalía panameña tomó denuncias de cientos de casos que siguen impunes por falta de investigación y falta también de personal capacitado para darle seguimiento.

Víctimas de abusos sexuales y otras violencias

En 2021, Médicos Sin Frontera reportó 328 casos de violencia sexual; en 2023, esta cifra se duplicó con 676 casos. El último reporte público que la organización internacional emitió corresponde al mes de enero de este año, donde señaló 120 casos. “Algunas mujeres se cortan el cabello para parecer más jóvenes y no tener una apariencia muy femenina", cuenta Adeline Neau, investigadora en la Oficina Regional de Amnistía Internacional para las Américas. Así intentan protegerse de ser víctimas de abusos sexuales.

En HRW identificaron que los delitos sexuales son cometidos por grupos organizados del lado de la frontera panameña, los cuales dividen a los y las migrantes por nacionalidades y géneros para robarles y abusar de las mujeres. Pero esto no quiere decir que antes los migrantes no hayan sido víctimas de otros delitos. Del lado de la frontera colombiana opera el Clan del Golfo, que cobra 125 dólares a cada migrante para cederle el paso por la selva del Darién.

“El control que tiene el Clan del Golfo en territorio colombiano hace que ellos impongan ciertas normas de conducta y que a los migrantes no se les pueda hacer nada, porque eso daña el negocio”, explica la investigadora Rápido Ragozzinom.

Cómo es cruzar el Darién

La ruta del Tapón del Darién inicia en los municipios colombianos de Necoclí o Turbo, donde los y las migrantes toman barcos para llegar a otros pueblos, descansar, y adentrarse en la selva tras pagar los 125 dólares al Clan del Golfo. El viaje, adentro, suele demorar varios días y su duración depende de varios factores, uno de ellos el clima. A las fronteras panameñas llegan tras tomar dos piraguas, una canoas con motores.

Según datos oficiales, la provincia del Darién, donde está la selva, es de las más pobres en Panamá. La presencia del Estado es casi nula, a tal punto que las comunidades indígenas que habitan los dos pueblos fronterizos sobreviven a base del traslado de migrantes en piraguas por lo que cobran 40 dólares por persona, o también vendiendo comida, ropa o energía eléctrica a los que van de paso, detalla Rápido Ragozzinom. Después, son trasladados a dos estaciones de recepción migratoria, donde toman un colectivo que les lleva directo a Costa Rica por $80.

Con la firma del acuerdo migratorio con Estados Unidos, las organizaciones sociales coinciden que el gobierno panameño dejaría abierta únicamente la ruta más peligrosa de las seis existentes, a la que los migrantes denominan “La loma de la muerte”, y que consiste en atravesar una alta y peligrosa montaña.

“Seguro se van a abrir más rutas. Ese es el efecto, los gobiernos cierran rutas, aparecen otras”, señala Neau.

Los peligros de la selva

Los abusos sexuales son solo una parte del cúmulo de peligros a los que están expuestos los y las migrantes en el paso del Tapón del Darién, que combina al crimen organizado con los riesgos propios de una selva. 

Los más vulnerables son las mujeres y los niños, quienes se enfrentan al calor, a los animales salvajes, a pantanos, a las crecidas de ríos y las montañas de hasta 1.800 metros de altura. “Lo peor, en mi caso, ya que no sé nadar, fue ver cómo varias personas se ahogaban, y otras que caían por barrancos. No sé ni cuántos cadáveres he visto”, contó Félix, un venezolano, a HRW. El gobierno panameño, por su parte, reconoció públicamente que nunca se sabrá con exactitud cuántas personas mueren en esta selva tropical que comprende 5.750 kilómetros cuadrados.

El aumento de los abusos sexuales reportados por MSF también se relaciona con el aumento del flujo migratorio por la selva desde 2021, tras el levantamiento de las restricciones fronterizas que impusieron los gobiernos durante la pandemia del COVID-19 y las crisis económicas que afectaron a los países. De acuerdo con HRW, medio millón de migrantes atravesaron la selva del Darién en 2023 y este año las organizaciones estiman que la cifra se eleve a 800 mil.

Desde Amnistía Internacional, Neau dice que el aumento puede explicarse porque algunas de las personas, por ejemplo, las de nacionalidad haitiana, ya habían migrado a países como Chile y Brasil, donde no pudieron regularizar su situación migratoria, acceder a trabajos formales o fueron víctimas de tratos xenófobos y racistas. Otras, señala Rápido Ragozzinom, por la falta de condiciones de vida en países como Venezuela y Ecuador.