El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) envió a la Legislatura porteña el proyecto de ley para actualizar el Código Urbanístico (CUR). La iniciativa busca modificar varios apartados del Código aprobado en 2018, cuestionado por las agrupaciones vecinales por el desmesurado avance inmobiliario que provocó en los barrios residenciales de casas bajas. Entre otros puntos, se prevé bajar algunas de las alturas permitidas para ajustarlas a las "escalas barriales" dejando los grandes desarrollos sólo para avenidas.
Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano porteño ya habían presentado los principales lineamientos de la actualización a fines de junio, pero ahora el texto del proyecto fue ingresado formalmente a la Legislatura. Con giro a la Comisión de Planeamiento Urbano, el proyecto deberá ser debatido primero allí para luego arribar al recinto. Las modificaciones periódicas al Código están establecidas por su propia ley de creación e implican, además, un tratamiento de doble lectura con audiencia pública de por medio, por lo que la aprobación final de la norma llegaría, como mínimo, hacia fin de año.
En aquella presentación ante el Foro Participativo Permanente del Plan Urbano Ambiental (PUA) los funcionarios habían asegurado que los "ajustes" al CUR buscarían fomentar un "equilibrio urbano" entre "patrimonio" e "incentivos" a la construcción, particularmente en el sur de la ciudad. Ahora, con la presentación del articulado formal en la Legislatura, se conocieron más detalles técnicos sobre esos "ajustes".
Uno de ellos es el de la readecuación de la Unidad de Sustentabilidad Baja (USAB), la tipología que regula a las construcciones de escala más baja de la ciudad. Hasta ahora existen dos tipos de USAB --1 y 2--, que serán ampliadas a tres --0, 1 y 2--, correspondientes a tres alturas máximas: 9, 12 y 14,6 metros. En la misma línea, el proyecto incorpora ampliaciones de los "centros libres de manzana", es decir los espacios que deben dejarse sin construir al interior de las manzanas y que habían sido recortados en el CUR del 2018.
Según indican desde el Gobierno porteño, estos ajustes se realizarían "priorizando las escalas barriales y resguardando la identidad de cada barrio". "No se va a permitir más que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana", aseguran y agregan que "los grandes desarrollos sólo se podrán construir sobre las avenidas que tengan la infraestructura de servicios adecuada para soportarlos".
El detalle fino de las planchetas de edificación y de las zonas de la ciudad a las que estarán apuntados los "ajustes" -- algo que se discutirá en comisiones--, es lo que determinará el impacto real de las modificaciones, si se tiene en cuenta que algunos barrios fueron más afectados que otros desde la aprobación del CUR en 2018. En este tiempo, de hecho, vecinos y vecinas de más de diez barrios porteños se organizaron para presentar proyectos de ley propios para modificar lo establecido por la norma en sus zonas en específico.
Las agrupaciones emitieron ahora un comunicado en conjunto en el que reclaman, entre otros puntos, que se respete lo presentado en esos proyectos y advierten que no se cumplieron los métodos de participación necesarios para la elaboración del proyecto oficial, pese que el GCBA sostiene haber realizado más de treinta reuniones con vecinos y vecinas. También piden que se suspendan los permisos de obra activos hasta que se resuelva el cambio de normativa.
En una reunión previa del foro, realizada en noviembre del año pasado, desde el GCBA habían indicado que la modificación del CUR se centraría en quince barrios porteños: Saavedra, Coghlan, Colegiales, Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Boedo, Núñez, Palermo, Villa Crespo, Balvanera, Almagro y San Cristóbal.
Pero el proyecto de ley presentado no sólo apunta a modificar la normativa de construcción sino que también busca incorporar una serie de inmuebles al catálogo de protección patrimonial. Según indicaron desde el Gobierno porteño, se tata de "4209 inmuebles con valor arquitectónico, que hoy se encuentran en el catálogo preventivo".
La iniciativa también prevé la creación de mecanismos de "impulso a la zona sur" de la ciudad a través de "un sistema de incentivos para el desarrollo de construcciones en esos barrios". Aseguran que, desde la aprobación del CUR en 2018, "de las 4.201 nuevas construcciones que se aprobaron solo 191 --el 4,8 por ciento-- se localizan en las comunas del sur".
Aunque el proyecto ya fue ingresado a la Legislatura con giro a la Comisión de Planeamiento Urbano, todavía no hay una fecha confirmada para que la comisión se reúna y comience a discutir su articulado.
