La secretaria de Derechos Humanos de Nación finalmente debió dar marcha atrás con los despidos de 23 de las 29 desvinculaciones de trabajadores y trabajadoras de espacios de memoria que funcionan en excentros clandestinos de la ciudad de Buenos Aires. El lunes último, 29 de julio, se conoció una resolución del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para prorrogar por tres meses, hasta fines de septiembre, las tareas de quienes padecen contrataciones precarias en el marco de lo que se denomina “artículo 9” en la jerga estatal. 

“Estamos volviendo de a poco a retomar las tareas en los sitios, pero seis compañeros y compañeras quedaron afuera, por lo que seguimos en estado de alerta y movilización, sabiendo además que en tres meses vamos a volver a pasar por la misma situación”, explicó a este diario uno de los trabajadores que había sido despedido a fines de junio. “Vamos a seguir con asambleas por los despedidos y también pensando lo que va a pasar en septiembre, cuando se vuelvan a vencer los contratos trimestrales. Vemos una política de desgaste, para que la gente se vaya sola”, completó otra fuente del sector, desde donde piden reserva de identidad ante la persecución ideológica que lleva adelante la administración libertaria.

Los seis trabajadores y trabajadoras de espacios de la memoria que aún siguen desvinculados se sumaron a la larga lista de despedidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desde que asumió la gestión libertaria. La política de desgaste se complementa con la renovación trimestral de los contratos para quienes continúan en sus puestos, que de ese modo ven peligrar su estabilidad laboral al mismo tiempo que se deprecian sus salarios.

A mediados de julio la Secretaría que encabeza Alberto Baños pareció haberse tomado un descanso, al menos transitorio, en su política de destrucción de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de la última dictadura. Un día después de que Página/12 informara sobre los despidos y el vaciamiento sistemático en los espacios de memoria, el funcionario ordenó que “se proceda a la renovación” de 39 contratos de trabajadores de ese organismo, continuidad que calificó de “esencial” por “razones impostergables de funcionamiento” de las áreas afectadas.

Desde que asumieron Milei & Villarruel al frente del Ejecutivo y Baños en la Secretaría de Derechos Humanos, el área demonizada por la gestión libertaria sufrió ya 107 despidos, que se concretaron en los meses de enero, marzo y fines de junio. La motosierra se ensañó con tres sectores especialmente sensibles: las leyes reparatorias, el Archivo Nacional de la Memoria y espacios para la memoria que funcionan en excentros clandestinos de tortura y exterminio que dependen del Estado nacional, como Automotores Orletti, Olimpo o Club Atlético, que por ende vieron reducidas sus plantas de trabajadores y afectada su función pedagógica en la transmisión del relato histórico sobre el terrorismo de Estado.

El 15 de julio Página/12 informó sobre los últimos 82 despidos, fechados dos semanas antes y denunciados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Un día después, según una resolución a la que tuvo acceso este diario, Baños le envió una nota a la contadora Silvia Sofía Fredes, subsecretaria de gestión administrativa, por la que pidió “la renovación de las contrataciones” de un listado de 39 trabajadores y trabajadoras. Apuntó que el decreto 84/2023 de Milei y su entonces jefe de gabinete Nicolás Posse para no renovar contratos a estatales permitía “la renovación de manera excepcional por razones impostergables de funcionamiento”, en el marco de “la profunda reestructuración de personal que lleva adelante esta Secretaría de Derechos Humanos”, y añadió que a su criterio “la continuidad de los agentes en las respectivas tareas asignadas resulta esencial”.