La Policía enterró el cuerpo de Urueña en la fosa que habían cavado sus asesinos 

El policía retirado Miguel Ángel Verón, que en diciembre de 1975 era el encargado del Destacamento del pequeño pueblo de Coronel Cornejo, fue el primer funcionario en llegar al lugar donde habían quedado esparcidos los restos del cuerpo del médico Pedro Enrique Urueña, que había sido asesinado a tiros y sometido a explosión por un grupo de tareas integrado por miembros del Ejército y la Policía de la provincia. 

El policía declaró ayer en el inicio del juicio al ex militar Ernesto Alejandro Repossi y al ex comisario Joaquín Guil, acusados por el secuestro y homicidio del médico militante de la Juventud Peronista que residía en Tartagal. 

Verón empezó relatando que al llegar al lugar donde estaban los restos, a unos 15 kilómetros de Cornejo, se dio con restos de un cuerpo humano, gran parte del torso y la cabeza habían desaparecido, destrozados. Dijo que le llamó la atención que "a la par del cuerpo habían cavado tipo una fosa" como de 40 o 50 centímetros de profundidad, un rectángulo "bien formadito". 

Enseguida añadió el dato que da cuenta del nivel de desprecio por la vida imperante en los personeros del régimen de terror estatal: la comitiva oficial de la Policía que llegó desde Tartagal dispuso que los restos fueran enterrados en la misma fosa, cavada, evidentemente, por sus asesinos. "Como era imposible levantarlo al cuerpo, se metió en la fosa y quedó ahí", trató de explicarlo. 

"¿Quién sepultó el cuerpo?", interrogó el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila. El policía dudó: "creo haber llevado dos aborígenes" para esta tarea, dijo y volvió a intentar una explicación de una medida fuera de toda lógica frente a una muerte violenta: "era prácticamente imposible levantarlo", ratificó. Tampoco recordó quién dispuso enterrar los restos en lugar de llevarlos a una morgue, de tratar de identificar a la víctima, pero ante la insistencia del fiscal aseguró que sin duda fue una orden de la Inspección de Zona IV de la Policía de Salta, con asiento en Tartagal. 

Unos diez días después Verón recibió la orden de desenterrar los restos. "Mantenga desenterrado cadáver ruta Balbuena", recordó que era la orden textual enviada a través del sistema morse que usaba el ferrocarril, por esos años, la única forma de comunicación a distancia en el norte salteño. 

Cuando llegó a Balbuena ya se le había anticipado una comitiva policial de Tartagal. "Había una señora" con ellos, recordó el testigo. Después supo que era la esposa de Urueña, Nicolasa Ester Tristán, que reconoció los restos de su marido por un pedacito de tela del calzoncillo que había encontrado el propio Verón y había sido enterrado en la fosa que hizo el grupo de tareas de cinco hombres que la madrugada del 16 de diciembre de 1975 secuestró a Urueña de su casa en Tartagal y lo mató a tiros al costado de la ruta nacional 34. 

El teniente Bruno, otra vez 

Tristán también declaró ayer, por videoconferencia desde Tartagal, donde reside. Y declaró su hermana, Clara Milagro Tristán, que residía con el matrimonio para cuando se cometieron estos hechos. Sus relatos fueron coincidentes sobre el secuestro, y sobre el papel que jugó el teniente primero Arnaldo Luis Bruno. 

Unos diez días después del secuestro, un automóvil Dodge pasó varias veces frente a la casa de Nicolasa Tristán, sus ocupantes miraban ostensiblemente. Minutos después de uno de esos pases, sonó el teléfono de la casa: una voz anónima le dijo que en el medidor de luz a media cuadra había una carta con información sobre el destino de su marido. Nicolasa quiso ir a buscarla, pero Clara se lo impidió y ella misma fue a la Comisaría, a una cuadra, a informar la novedad. Mientras, Nicolasa llamó al Ejército, a la Policía y a la Gendarmería. 

Solo esta última fuerza respondió y envió una comitiva a buscar la carta, pero para cuando llegaron ya se les había anticipado la Policía, con una diligencia que no había mostrado hasta entonces y que se explica con un intercambio que presenció Clara por pura casualidad: cuando salía de la Comisaría vio que estacionaba el Dodge, vio bajar a Bruno, que iba uniformado, y vio que en el auto iban tres hombres más, de civil. 

El teniente llegaba ofuscado, quería saber quién había dado participación a la Gendarmería, que no tenía nada que ver. Y enseguida excusó el paso frente a la casa de Urueña diciendo que "venía con gente del sur a visitar a una familia Aráoz", a media cuadra. Clara dijo que esta afirmación le resultó rara, porque esa familia no vivía ahí desde hacía ya tiempo. 

Guerra psicológica 

El último en declarar ayer fue el reconocido abogado David Leiva, uno de los principales impulsores de la investigación de los crímenes cometidos por el terrorismo estatal y hermano él mismo de una víctima de la represión estatal, el joven militante Adán Leiva, asesinado en Tucumán. 

Además de dar cuenta de la militancia política de Urueña y de aportar datos sobre la organización de la represión en el norte salteño, Leiva se basó en sus indagaciones para ofrecer una explicación sobre las razones por las que el terrorismo estatal dinamitó a personas en Salta. "Lo que querían causar exhibiendo cuerpos explotados era terror en la población", afirmó. 

El abogado recordó que los teóricos de la denominada guerra contra la subversión argumentan que "para vencer hacía falta capturar al pueblo y esaq captura se lobraga infundiendo terror". Con ese fin se sometían a explosiones los cuerpos de algunas personas reconocidas en su ámbito, sobre todo en las localidades chicas, como pasó en el norte provincial con Urueña, con la también militante política y asistente social Nicolasa del Valle Montilla, el ex concejal y dirigente gremial René Santillán, y Urueña. Por eso también fue secuestrado y desaparecido el ex gobernador Miguel Ragone, sostuvo Leiva. 

Este debate, que se tramita ante el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, con la presidencia del juez Federico Díaz, seguirá el miércoles próximo. Pero hoy comenzará otro juicio, en este caso en el Tribunal Oral Federal 2, por la detención ilegal y las torturas que sufrió el militante peronista en enero de 1975 sufrió el militante Eduardo José Porcel (h). Por estos hechos será juzgado el represor Juan Carlos Alzugaray. 

Tras ser detenido en Salta, donde fue torturado en la Central de Policía, Porcel fue trasladado al centro clandestino de detención y torturas "La Escuelita", de Famaillá, en la provincia de Tucumán. Desde ahí fue llevado a cárceles de distintos puntos del país, en todas fue donde fue sometido a vejámenes. Estuvo en la cárcel de Villa Urquiza de Tucumán, en la cárcel de Rawson y en la cárcel de La Plata. En noviembre de 1982 fue puesto bajo el régimen de libertad vigilada y recuperó plenamente su libertad el 21 de septiembre de 1983.