Desde Santa Fe.

El presidente de la Corte Suprema de la provincia, Daniel Erbetta, se reveló ayer como un tiempista de Tribunales. Dijo que los jueces y fiscales "deberían observar" lo que llamó "el principio de prudencia", que significa que "en medio de un proceso electoral" o "a pocos días de las elecciones" del 22 de octubre "no es lo más prudente tomar determinadas decisiones por el impacto que éstas pueden tener en la expresión de la voluntad popular". El consejo sonó a crítica velada al fiscal Roberto Apullán, quien investigaba manejos del poder político, pero apenas imputó al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y allanó despachos cercanos al del intendente José Corral, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, lo desplazó de las causas. Erbetta consideró "natural" y "casi inevitable" los cruces telefónicos entre Pullaro, Arietti y el fiscal general Ricardo Baclini, pero cuando le advirtieron que las llamadas eran por una "causa puntual" en la que el investigado era el propio ministro, contestó: "Exactamente". Ante otra pregunta, Erbetta admitió que después del allanamiento al municipio, el 10 de octubre, Corral lo llamó para quejarse y él le contestó que su "opinión era muy atendible". "Uno no puede negarse a recibir un comentario institucional", se justificó el juez.

Las escuchas que se conocieron la semana pasada revelaron que Baclini le pasó información a Pullaro de la causa en la que el ministro era investigado y tenía el teléfono intervenido y lo hizo a espaldas del fiscal Apullán que lo investigaba.

A juicio de Erbetta, es "natural" que Pullaro hable con Baclini y Arietti. "Es casi inevitable", dijo. "Porque el Ministerio Público Fiscal es una parte" en las investigaciones, "las estrategias de persecución penal que diseña el Ministerio Público dependen en gran medida en su organización de la policía. De modo que si no se articula el Ministerio Público con la policía y el ministro de Seguridad es imposible trabajar".

 

“Hablo con el gobernador y el ministro de Justicia permanentemente sobre cuestiones institucionales”.

 

"Después hay otras cuestiones", siguió el juez de la Corte. "Eso de que los funcionarios (de la Casa Gris) hablen con nosotros, yo hablo con el gobernador (Miguel Lifschitz) y el ministro de Justicia (Ricardo Silberstein), permanentemente, sobre cuestiones institucionales. Pero a veces se puede deslizar una pregunta o un comentario sobre un hecho puntual, por curiosidad o por lo que sea, pero en la medida que uno sepa cumplir su función no hay ningún inconveniente", sorprendió Erbetta.

Pero "aquí se habló de una causa concreta" en la que Baclini y Arietti operaban a espaldas de Apullán. "Los llamados del ministro eran por una causa" en la que él era el investigado -le planteó la periodista Ivana Fux.

-‑ Exactamente -aceptó Erbetta.

-- ¿No es una intromisión del poder político en una investigación judicial? -preguntó la colega.

-‑ La intromisión existe en la medida en que yo me sienta presionado o afectado. Después, me cabe a mí ver cómo actúo. A mí no me parece adecuado que un funcionario diga que a lo mejor esa (actuación) se produzca más allá. Los fiscales y los jueces tienen que actuar en los tiempos que corresponde actuar. Lo que ocurre es que existe un principio de prudencia que los jueces y los fiscales también deberían observar. En el medio de un proceso electoral, a pocos días de las elecciones (del 22 de octubre), salvo que exista una razón largamente justificada de urgencia porque puedo perder pruebas o alguien se puede fugar, a veces, no es lo más prudente tomar determinadas decisiones por el impacto que esas decisiones pueden tener en la conformación de la expresión de la voluntad popular. Sobre esto tenemos tristes experiencias en la Argentina que no queremos reproducir en Santa Fe.

-‑ A propósito del allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe, ¿usted recibió una llamada telefónica de Corral?

-‑ No, no, no -respondió Erbetta. Pero después del tercer no, admitió el telefonazo. "Nosotros recibimos la preocupación del intendente en términos institucionales porque él nos planteó que se vio un poco sorprendido por las características del operativo, por la hora en que se había llevado a cabo y por el despliegue que se había planteado. Que eso le generaba alguna duda sobre cómo había sido. Hay que tener en cuenta que a una intendencia no hace falta allanarla, se requiere la documentación y se la entrega. Nosotros le manifestamos al intendente que lo escuchábamos, nos parecía muy atendible su opinión, pero le dijimos que era un problema del Ministerio Público de la Acusación y el que pidió la orden de allanamiento fue un fiscal (Apullán). ¿Me explico? De modo que nosotros no tenemos nada que ver con los fiscales.

"Y respecto del resto" (como definió a la llamada que negó y luego admitió), dijo: "Uno no puede negarse a recibir un comentario institucional".