El juez Jorge Silvio Sicoli, titular del Juzgado Comercial Número 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tramita la quiebra de Be Capital Inversora, una de las tantas firmas bajo las cuales operaba el financista Alejandro Muszak, apodado “el Madoff de Olivos”, apercibió al síndico interviniente, Carlos Zambaglione, por sus reiteradas demoras e incuplimientos. Se trata de la enésima irregularidad detectada en torno a la causa Wenance.

Be Capital Inversora era conocida como “la cueva de Muszak”: funcionaba en el mismo edificio de Wenance, pero un piso más abajo y recibía dinero físico, en negro, no declarado. El monto promedio depositado por los inversores era mayor al de Wenance.

Generalmente empezaban invirtiendo en Wenance un monto menor, a modo de prueba de mecanismo, seducidos por las altas tasas, y al cabo de esa experiencia entregaban a Be Capital sumas más importantes.

El escrito del juez Sicoli, al que accedió Buenos Aires/12, sostiene que Zambaglioni “presentó el informe previsto en el artículo 35 fuera de término, comportamiento que revela, cuanto menos, accionar negligente por parte del síndico”, a la vez que lo “conmina a ajustar su conducta y proceder a la ley concursal bajo apercibimiento de aplicar sanciones”.

Las palabras clave del texto son “cuánto menos”. Ocurre que, desde que Muszak fraguara su quiebra para apoderarse de la masa de recursos de sus inversores, que los peritos calculan en más de 300 millones de dólares, todas las causas judiciales han estado plagadas de irregularidades.

El listado abarca desde la negativa a lo largo de todo un año de la jueza Paula González a peritar los dispositivos electrónicos, a su “desaparición” en un depósito policial, el divorcio de Muszak como intento de insolventarse, los sorteos de subrogación del Juzgado 43 donde tramita la causa, que cayeron reiteradamente en González y el meteórico ascenso de González, del puesto 28 al 1, en un concurso para camarista.

La excarcelación de Muszak, otorgada por la Cámara de Apelaciones de San Isidro, a pesar del contundente escrito en contrario del fiscal Alejandro Guevara, según el cual el reo tiene los medios tanto para fugarse como para interferir en la investigación, contribuyó al estado de sospecha y desconfianza de los querellantes respecto de la justicia.  

En el caso de Be Capital, además, cuando fue allanado el domicilio comercial declarado por la sociedad, en Calderón de la Barca 3231 de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios judiciales encontraron que el departamento era el domicilio particular de una ciudadana rusa, que trabajaba como empleada en un comercio cercano. El propietario del inmueble era Rodolfo Cleto García, uno de los prestanombres de Muszak, que lo acompaño en su paso por el penal de Magdalena.

Entre los damnificados hay cierta atención sobre los movimientos Ivana Román Luquez, una de las personas más cercanas a Muszak señalada como la encargada de "ganar tiempo" distrayendo a los entonces clientes con propuestas de refinanciación. Según sostiene, podría abandonar el país en las próximas horas para lograr eludir a la justicia.  Según las fuentes a las que tuvo acceso este diario, ya habría retirado medio millón de dólares de la sociedad de bolsa Liebre, a través de un testaferro. 

La causa madre

Los abogados de los ocho mil inversores estafados hace un año sostienen que Muszak, junto a media docena de prestanombres, constituyó un entramado de empresas fantasmas y sociedades de papel con el objetivo de mover y ocultar dinero de unas a otras, por lo que todas deberían tramitar juntas.

De hecho, también peligra el concurso de Wenance en San Isidro. La jueza a cargo del mismo, Gabriela Paladin, dio por incumplidas las condiciones tras nada menos que ocho intimaciones, realizadas entre noviembre y mayo pasados, resolvió finalmente apartar a la empresa de la administración del patrimonio de los fideicomisos. Además, remitió copia del expediente a la Fiscalía General de San Isidro, por posible comisión de delito de acción pública.

"Aquí cabe señalar que es la misma Ley la que establece, como requisito para la existencia del concurso, el estado de cesación de pagos, que debe probarse, no presumirse, por medio de la información exigida en el Art. 11", señaló en aquella ocasión. 

"Si la información hubiere sido tergiversada o fingida, no se habría cumplido con el requisito objetivo, pero además se habría eventualmente cometido una defraudación a los inversores, además de un fraude procesal con el objetivo de sacar ventaja de los acreedores y enriquecerse sin causa a sus expensas", concluyó.

Se trata de la misma jueza de primera instancia que, a poco de entrar la empresa en cesación de pagos, rechazó el pedido de concurso presentado por los abogados de Muszak. 

La decisión se basaba en dos motivos: que las operaciones se habían desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, a pesar del reciente cambio de domicilio de la firma, y que a pesar de negarlo, se trataba de una entidad financiera, por lo que correspondía la actuación del Banco Central de la República Argentina. Pero la decisión de Paladin fue revocada por la cámara, en un escrito firmado por la jueza María Fernanda Nuevo.