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Una situación jurídica infrecuente para el ambiente del fútbol se da por estos días en River. La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó al club a que le brinde información a un asociado que la pidió. Se trata de una resolución donde se le exige a la institución que entregue datos sobre un pago millonario y retroactivo a Enzo Francescoli. La solicitud fue hecha en reiteradas oportunidades por Horacio Roncagliolo, dirigente opositor y socio vitalicio. La primera fue dirigida al presidente Rodolfo D’Onofrio para conocer los montos abonados al manager uruguayo y su respectiva justificación. En las dos oportunidades siguientes, la petición se cursó a la Comisión del Derecho a la Información que tiene su propio reglamento. River respondió que los datos requeridos eran “sensibles” y podían “afectar intereses personales”. Por eso no los dio a conocer.
Las demandas de información se presentaron en distintos momentos de 2016. Después de que Roncagliolo le exigiera a D’Onofrio conocer porque se le habían pagado a Francescoli 2.352.940 dólares por servicios prestados en 2014 y 2015 y un sueldo mensual de 367.650 pesos, el club le respondió el 24 de abril que debía dirigirse a la Comisión del Derecho a la Información. El socio y aliado del candidato a presidente Antonio Caselli en las próximas elecciones cumplió ese requisito en dos ocasiones. El 23 de junio y el 21 de julio del año pasado. Pero el 27 de julio, River le contestó que el 3 de agosto aquella Comisión se reuniría para tratar su caso.
La misma debe estar integrada por el secretario general del club; el presidente de la Asamblea de Representantes; el de la Comisión de Reglamento, Interpretación e Investigación; un fiscalizador de la minoría y un representante de Socios también de la minoría.
Del fallo de la IGJ que tiene nueve carillas, se desprende que hubo una solicitud a otras áreas del club para conseguir la información completa y “efectuar un análisis integral del requerimiento y así evaluar la viabilidad de la petición, atento a que dicha información podría resultar sensible y/o pasible de afectar intereses personales”.
En River existe un reglamento que regula las solicitudes de los asociados cuando quieren conocer detalles de determinado tema. En su artículo 1° dice que tienen “el derecho inalienable a solicitar y recibir información completa y oportuna; consultar los soportes que contengan información, se trate de libros, actas, documentos, instrumentos, papeles, fotografías, grabaciones, filmaciones, medios magnéticos o informáticos”.
El fallo del inspector general Sergio Brodsky tiene fecha del 27 de octubre pasado y en su parte resolutiva sostiene que se hace lugar a la solicitud de Roncagliolo (la primera fue el 31 de marzo de 2017) y se intima a River para que en el plazo de quince días se otorgue “la debida respuesta” al asociado. Lo que había preguntado en su momento el ex dirigente es en qué carácter había cobrado Francescoli las sumas que percibió; si lo hacía en relación de dependencia y cuánto era el monto y la forma de pago –quincenal o mensual–; los motivos y fundamentos de las erogaciones retroactivas al manager y hasta la cotización de la divisa estadounidense a la fecha en que recibió la millonaria suma de dinero.
