“El conocimiento es un derecho humano universal y un bien público y social, por lo cual el Estado debe garantizar su democratización desde la perspectiva de la interdependencia cognitiva social y el diálogo de saberes. No solo debe existir más universidad en la sociedad, sino también más sociedad en la universidad.” La definición forma parte de los consensos alcanzados por rectores, docentes, investigadores y estudiantes de toda Latinoamérica, de cara a la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) que, organizada por la Unesco, se reunirá el año que viene en Córdoba, en coincidencia con el centenario de la Reforma Universitaria: allí estarán representados los gobiernos nacionales y de allí saldrán grandes lineamientos y recomendaciones para los sistemas educativos. El encuentro preparatorio realizado en Buenos Aires cerró con pedidos para que los Estados asuman sus responsabilidades para fortalecer la educación pública, dupliquen los presupuestos del sector en 5 años y controlen a las entidades privadas que ofrecen enseñanza superior. También incluyó un llamado a enfrentar, desde las propias universidades, “las tendencias globales de mercantilización de la educación y privatización del conocimiento” (ver aparte).

En busca de un balance de la declaración de la última CRES (en Cartagena de Indias, Colombia, 2008) y de propuestas para la conferencia de 2018, universitarios de América latina y del Caribe presentaron ponencias y debatieron durante dos días en la Universidad de las Artes. El coloquio fue convocado por redes universitarias de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y México. Concluyó el viernes pasado con el consenso en torno a un documento que, en primer lugar, advierte sobre un escenario “caracterizado por la desaceleración de la economía mundial y la incertidumbre en el orden político frente a la expansión de ideologías y fuerzas conservadoras, de derecha, nacionalistas y xenófobas, que genera mayor desigualdad y exclusión”. 

A partir de ese diagnóstico, los académicos plantean la necesidad de reafirmar la concepción de la educación como un bien público (para confrontar con las concepciones mercantilistas que abogan por definirla como un servicio transable), y llaman a los gobiernos a “desarrollar políticas públicas acordes, asegurando su financiamiento”. También piden que “los organismos internacionales y multilaterales reconozcan las particularidades regionales y los valores constitutivos de la educación superior” en la región.

Entre las principales propuestas y conclusiones del documento se destacan las siguientes: 

  • Nueva ciudadanía. “La educación superior debe convertirse en un modelo de transformación con un sentido curricular y pedagógico diferente al actual”, promoviendo la formación inter e intradisciplinaria, incorporando la interculturalidad, las artes, nuevos roles de docentes e investigadores y “la producción de nuevos conocimientos con responsabilidad social”, con el objetivo de alumbrar “una nueva ciudadanía latinoamericana”.
  • Matriz cognitiva. “Las instituciones de educación superior deben impulsar el cambio de la matriz cognitiva para que esté al servicio de un nuevo desarrollo humano sostenible, justo democrático y del buen vivir.”
  • Más presupuesto. “El Estado debe redefinir las políticas públicas a favor de un modelo de educación superior con compromiso social, que garantice la inclusión, la calidad con pertinencia y la investigación evaluada con criterios amplios de impacto social (...) Por eso, el Estado debe, al menos, duplicar la inversión en la educación superior así como para la investigación científica, tecnológica y artística para los próximos 5 años.”
  • Redes. “Incluir como política pública el financiamiento de proyectos en red cuyo objetivo central sea la generación de conocimientos originales en orden a atender problemas comunes para la región.”
  • Servicios privados. “Discutir y promover una agenda de regulación de servicios privados en la educación superior, definidos bajo el criterio de bien común, de derecho universal, de amplio acceso y de calidad con pertinencia nacional y regional. De ninguna manera debe permitirse la existencia de instituciones con fines de lucro o de proveedores internacionales privados sin ningún tipo de control en nuestros países.”