Los bosques del Gran Chaco Americano son el segundo pulmón verde de Sudamérica, después de la Amazonia, pero lejos de ser un área protegida, la tala y el desmonte avanzan sin pausa, lo mismo que la depredación de cazadores a especies en extinción, como el asesinato de uno de los cinco yaguaretés que quedaron en Formosa.
La amplia región comprende territorios de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay y reúne 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país.
La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día.
Representa un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales.
La deforestación se debe en gran medida por el avance de la industria agropecuaria, que busca expandir su frontera para criar ganado y sembrar soja. Estos desmontes se realizan de manera irregular y no hay suficientes controles ni multas para quienes lo hagan, por lo que las provincias de Chaco y Santiago del Estero son las más perjudicadas.
La situación es más adversa en la actualidad con la reciente flexibilización de la normativa que protege a los bosques.
Deforestación en alza
Para la ONG, entre enero y junio pasados la deforestación alcanzó a 27.148 hectáreas en la provincia del Chaco; 21.047 hectáreas en Santiago del Estero; otras 7.162 hectáreas en Formosa y 4.200 más en Salta.
“Entre 1998 y 2022, en toda la Argentina se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques”, explicó a El País de España, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. De ese total, el 75% de la deforestación argentina se concentra en la región chaqueña, destacó.
“En un contexto de crisis climática, esto tiene un impacto muy grave en la biodiversidad. Hay especies que pueden desaparecer. En este momento quedan 20 ejemplares de yaguareté en el Gran Chaco”, alertó.
“La deforestación provoca inundaciones y también sequías. Un proceso paralelo al desmonte es el desalojo de comunidades de campesinos y pueblos originarios, lo que termina generando conflictos violentos”.
Ante esta situación de emergencia, Gardini pidió políticas gubernamentales de cuidado, ya que a los productores agropecuarios les conviene deforestar irregularmente y ampliar la frontera productiva: con las ganancias que obtienen por exportaciones, la multa representa un gasto mínimo.
Señaló que la mayoría de estos desmontes son ilegales porque violan los ordenamientos territoriales de bosque nativo (OTBN) que confeccionó cada provincia, según lo estableció en 2007 la Ley Nacional de Bosques.
Estos ordenamientos son normas provinciales que zonifican los bosques existentes con un criterio de preservación y —según la ley nacional— son la herramienta que debe regular el avance de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo.
Ante el incumplimiento, Giardini explica: “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad”.
En Chaco, enfatizaron desde la organización socioambiental, todos los desmontes registrados este año se realizaron en absoluta irregularidad.
Este abril, en la provincia que más deforestación registró en lo que va del año, se sancionó un nuevo OTBN que viola los principios de no regresión en materia de protección ambiental.
En los hechos, permite el desmonte de más de un millón de hectáreas, correspondientes al último reservorio de bosque nativo del país, poniendo en riesgo a especies como el yaguareté.
Por estos sucesos, en mayo Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
