Lucas Goldaracena y Noelia Barrientos, dos abogados recibidos de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz), lograron el primer fallo judicial del país que obliga a reincorporar a un trabajador estatal con despedido por el Gobierno nacional.

El 3 de julio de 2024 la Justicia Nacional del Trabajo N°18 ordenó la reincorporación de José Benitez, un trabajador y delegado gremial perteneciente al Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci), dependiente de la Secretaria de Bioeconomia ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El 27 de marzo de 2024 el trabajador había sido dado de baja del sistema, sin previo aviso ni explicaciones pertinentes. El hombre de 54 años, que tiene a su cargo un hijo con discapacidad y prestaba tareas en dicho instituto desde hace 15 años como soporte administrativo del registro de control de asistencias, en la provincia de Corrientes, se enteró de que sería un desocupado más cuando llegó a su puesto de trabajo junto a sus compañeros y compañeras.

“Uno cuando habla de estos casos habla de cuestiones técnicas, legales, de jurisprudencias y demás, pero detrás hay personas, hay historias, hay vida”, asevera el abogado en charla con Buenos Aires/12.

Esta situación duró casi tres meses, hasta que el juez Santiago Docampo Miño dio lugar a la medida cautelar presentada por los letrados bonaerenses y marcó de este modo un caso testigo para incontables casos similares que se dan en el país desde la asunción del Javier Milei y su promesa de desvincular a más de 50 mil empleados públicos.

Consultado sobre la estrategia para conseguir un fallo favorable Goldaracena explicó: “la herramienta fundamental que nosotros usamos para reincorporar a este trabajador tiene que ver con la tutela sindical. Una persona que es representante sindical no puede ser despedida porque lo ampara la ley”.

Para  Barrientos, atrás del despido de su cliente había “una clara intención de asustar al empleado gremializado”, ya que según asegura ”llevarse a su representante es una forma de aleccionar al resto y que no quieran involucrarse”.

Barrientos es también abogada de la junta interna de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Agricultura, por lo cual toma contacto con trabajadores de todo el país y con este caso en particular. “Cuando cambia el Gobierno Nacional y Agricultura pasa de ser ministerio a secretaría, ya nos imaginamos que venía un desguace total de este y de otros institutos hasta desaparecerlos y no nos íbamos a quedar quietos”, dice. 

Volver al trabajo

La abogada se emociona al recordar la mañana de julio cuando le dijo a su cliente que tenía que volver al lugar de donde había sido despedido. “No lo podía creer, él estaba muy deprimido porque se quedaba sin la obra social de su hijo y eso lo tenía muy mal”, contó al describir el momento. 

Goldaracena, futbolero, revela que cuando llegó la carta documento confirmando la reincorporación lo gritó “como un gol de Argentina a Francia en la final del mundo”. “Fue inolvidable", dijo. "Con Lucas estábamos emocionados como cuando dimos el último final de la carrera, esa sensación de que aunque sea un granito de arena lo logramos”, agrega Barrientos.

Pero el trabajo de los dos abogados egresados de la UNPaz es mucho más que un grano de arena. De hecho también presentaron cautelares por los compañeros de Benitez que todavía no recuperaron sus puestos. En total, contando todas las provincias, ya  presentaron 66 cautelares. Y cuentan: Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Santiago del Estero , Misiones, San Juan y Entre Ríos.

De trabajadores para trabajadores

Ambos abogados se conocen desde sus años de estudiantes en los pasillos universitarios. Para los dos, ser formados por la educación pública “nos lleva a involucrarnos en el derechos de los más necesitados”.

“Para nosotros este triunfo es también un triunfo de la universidad pública", describen, y cuentan que ese tipo de trabajos es "una forma de darle prestigio al lugar que nos educó". "Somos hijos de laburantes y creemos que la universidad no puede mirar para otro lado ante las injusticias”, señalan. 

Mirando el contexto, Barrientos da cuenta de la “indignación” que le provoca cuando definen a los trabajadores estatales como “ñoquis”. “A veces, cuando ves el trabajo que hacen los laburantes estatales como Benitez, que dan su vida por su función y desde el territorio ayudan, apoyan y asesoran a la agricultura familiar, entendés la ignorancia que hay que tener para decirles ñoquis”, dice. 

Ni Noelia ni Lucas cobrarán por este trabajo . Aseguran que lo que los mueve es “la necesidad de subsanar una injusticia”. Al respecto señala Lucas: “El acceso a la Justicia no es igual para todos. No es equitativo, no es justo; entonces requiere del trabajo de abogados que pongan toda su pasión a subsanar ese daño y para nosotros es un orgullo que lo hagamos con las herramientas que nos dio la universidad pública”.

En esa sintonía Barrientos deja en claro que “la lucha no empezó ni termina acá”. “Lo que queremos es que no existan trabajadores de segunda. Necesitamos dar una discusión para una reforma laboral estatal seria y que todos tengan los mismos derechos”.