Juan Carlos Gemignani, el juez que dejó presa e incomunicada a una secretaria, quedó fuera de carrera para la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal, aunque le tocaba por orden de antigüedad. En lo formal, se excusó por razones académicas, pero todo el mundo sabe que es porque tiene una causa penal abierta por privación ilegal de la libertad. En su lugar fue respaldada como presidenta la jueza Liliana Catucci, que le seguía en la lista. El plenario fue tenso, duró varias horas, y desembocó también en el fin de las subrogancias de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, impulsado por el presidente saliente, Alejandro Slokar, apoyado por el voto de los otros seis jueces. Borinsky y Hornos eran interinos en la Sala I, donde tramitan las causas más resonantes contra el gobierno de Cristina Kirchner y también el expediente donde está en juego si se reabre o no la denuncia de Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA. Ellos sostienen que su nombramiento era por tiempo indeterminado. Fueron reemplazados por Catucci y Eduardo Riggi.

Catucci fue nombrada en el gobierno de Carlos Menem cuando se creó la Cámara de Casación. El presidente de este tribunal va rotando cada año según antigüedad en el cargo. Gemignani se apartó ayer, por eso le tocó a Catucci. La respaldaron todos menos Hornos y Borinsky: ambos pidieron que se suspendiera el plenario, cuando preveían su desplazamiento, pero nadie lo aceptó. La postura mayoritaria, que siguió adelante con la reunión, incluida la cuestión de las subrogancias, llevó la firma de Slokar, Ana María Figueroa, Pedro David, Angela Ledesma, Gemignani y los propios Catucci y su vice, Riggi. A Gemignani le dieron una subrogancia en la sala IV, a Ledesma en la sala III.

Entre sus perlitas más recientes, Catucci firmó junto con Riggi uno de los fallos más regresivos de derechos humanos en junio último: el que dijo que el fusilamiento de 14 militantes del PRT-ERP en Capilla del Rosario en 1974 no fue un crimen de lesa humanidad y desligó a los condenados. Catucci escribió un voto muy cuestionado en la comunidad académica contra Fernando Carrera por la llamada Masacre de Pompeya: dijo que su “silencio” al negarse a declarar en la indagatoria (un derecho de todo imputado) le llamaba la atención, o sea, lo daba como rasgo de culpabilidad. Carrera pasó siete años en prisión y fue absuelto el mes pasado por la Corte Suprema, que cuestionó a Casación. Perseguido a los balazos por la policía, que lo confundió con un ladrón, había arrollado a tres personas cuando perdió el control del auto. Riggi, que estará con ella en la Sala I (donde la única titular es Ana María Figueroa) estuvo implicado en el escándalo de las coimas en la causa contra José Pedraza y la patota de la Unión Ferroviaria por el asesinato de Mariano Ferreyra. Aparecía en escuchas clave.

En un escrito, Borinsky dijo ayer que era una “irregularidad” que se tratara en el plenario la cuestión de la subrogancias. La suya y la de Hornos fueron ratificadas por el Consejo de la Magistratura, que los asignó con una ley anterior luego volteada por la Corte. Ahora los subrogantes se eligen dentro de los propios tribunales. Según Borinsky y Hornos, sus subrogancias eran por tiempo indeterminado, o hasta que termine el concurso para los cuatro cargos en Casación sin ocupar, varado en el Consejo hace más de cuatro años. Slokar planteó que debe haber una distribución equitativa de las suplencias, y que ellos llevaban demasiado tiempo subrogando en distintas salas. La resolución de hecho dice que se designa a los subrogantes “conforme el criterio de la menor cantidad de tiempo en que ejercieron esa función, a los fines de una equitativa distribución de la carga de tareas”. Borinsky también intentó mostrar un informe de su gestión, con 22 mil sentencias, pero no lo logró. Pidió convocar a los medios, pero le dijeron que el acuerdo era reservado. Por la tarde circulaba la versión de que el Consejo de la Magistratura podría llegar intervenir para reponerlos como subrogantes. Por ahora, nada pasó.

Es evidente que lo que hay de fondo, a la vez, son peleas propias del tribunal, con ribetes políticos. Figueroa estaba furiosa con Hornos y Borinsky: les atribuye digitar a sus espaldas (ella es presidenta de sala) la fecha de la audiencia en el caso Nisman tras la cual deberán fallar si reabren la denuncia y si la DAIA puede ser querellante. En esa misma ocasión rechazaron el planteo de apartamiento de la defensa de Héctor Timerman. En tribunales atribuyen a Borinsky una relación cercana con la entidad, que alentó su nombramiento.

Una versión que circuló en tribunales y en los medios dice que ambos fueron desplazados para quitarles el caso de Nisman y otros vinculados a la ex presidenta. Sin embargo, según la resolución firmada ayer esto no sería así. El texto dice que ratifica “el consolidado criterio vigente en punto a que el tribunal integrado al fijar la audiencia de informes debe resolver el recurso atinente a esa convocatoria, cualquiera fuese la subsiguiente composición”. Según los jueces desplazados, esa cita corresponde a una resolución sobre excusaciones, y podría no ser aplicada al caso. Aun así, hasta ahora la audiencia en la causa Nisman sería el 19 de diciembre, y estará a cargo de Borinsky, Hornos y Figueroa, deberán resolver si reabren o no la investigación por la denuncia que hizo el fiscal contra la ex presidenta. La sala I también tiene las causas Hotesur y Los Sauces, donde no había audiencia fijada, por lo tanto es posible que intervengan Catucci y Riggi. Ayer en tribunales los llamaban “el mal menor”, aunque es imprevisible cómo votarán. Muchos consideran que Borinsky y Hornos están respaldados y siguen el juego de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, quien fogonea la lluvia de causas contra el gobierno anterior en Comodoro Py.