La Legislatura de Jujuy comenzará hoy el tratamiento en las comisiones de Finanzas, Asuntos Institucionales y de Economía del proyecto de ley de adhesión parcial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enviado por el gobernador Carlos Sadir.
Aunque los bloques del Frente Izquierda de Trabajadores (FIT) y del Partido Justicialista (PJ) solicitaron que la iniciativa también sea girada a las comisiones de Pueblos Indígenas, de Ambiente y de Trabajo, el oficialismo rechazó esa moción.
El oficialismo jujeño tiene amplia mayoría en la Legislatura. Concentra 33 de las 48 bancas (30 de la UCR y 2 de Primero Jujuy, y una que por ahora está vacante); mientras que el PJ reúne 12 bancas y el FIT, 3, cantidad insuficiente para lograr una oposición que obligue a negociar cambios en el texto que impulsa el gobierno jujeño, por lo que se descuenta que será aprobado en el pleno, aunque todavía no se sabé cuándo será tratada en sesiones. En la Legislatura jujeña La Libertad Avanza (LLA) no tiene representación parlamentaria, pero el oficialismo jujeño viene acompañando las iniciativas del gobierno nacional.
El proyecto es resistido por las comunidades indígenas, que realizan una permanencia desde el martes último en las afueras de la Legislatura y presentaron notas pidiendo reunirse con legisladores. Además, recolectan firmas para llegar a 18 mil, número que les permitiría requerir una consulta popular.
Acompañadas por legisladores del FIT y organizaciones sociales, las comunidades consideran que el RIGI es inconstitucional porque viola los derechos del pueblo jujeño y resaltan que el Ejecutivo provincial no realizó la consulta libre previa e informada antes de presentar el proyecto de adhesión. En este aspecto señalan que el gobierno provincial está actuando de manera similar a como fue el proceso de reforma de la Constitución provincial el año pasado, proyecto que fue impulsado por el ahora ex gobernador Gerardo Morales.
El oficialismo se encolumna detrás del discurso de Sadir: el RIGI "representa una oportunidad estratégica para Jujuy, ya que promueve grandes proyectos, genera empleo directo e indirecto para las y los jujeños y potencia el crecimiento y desarrollo de Jujuy”, expresó en declaraciones públicas.
En el Congreso de la Nación tres senadores por Jujuy votaron por el RIGI: Ezequiel Atauche y Vilma Bedia, ambos de LLA, y Carolina Moisés, de UxP. Esta última justificó su voto afirmando que "en Jujuy hay recursos pero falta financiamiento, y el RIGI podría abrir una oportunidad para el NOA para atraer grandes inversiones que generarían empleo genuino y serían un multiplicador económico".
"La ley más gravosa para la Argentina"
Por el contrario, la abogada Alicia Chalabe, representante de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, señaló que el RIGI representa “el blindaje a las empresas inversoras, es la ley más gravosa para la República Argentina. El RIGI representa la entrega de toda la producción a inversores, y la provincia no tendrá facultades de control para nada”, si adhiere a este Régimen, sostuvo.
El proyecto presentado por el gobernador expresa que el RIGI se complementa de manera armónica con el Régimen de Promoción de Inversiones y Empleo establecido por la ley provincial 5.922 y su modificatoria, la ley 6.081, lo que para la abogada es una demostración de cinismo.
Chalabe dijo que el artículo 165 es el corazón del proyecto de ley de adhesión al RIGI porque resigna jurisdicción. “La adhesión es a un título entero de la ley del RIGI y a los artículos que establecen un régimen de privilegio a estas grandes inversiones que son desde 200 millones de dólares y más, hasta los mil millones de dólares para aquellas que sean estratégicas y de largo plazo. El 165 es el más contrario a los intereses de la provincia y de los ciudadanos que habitamos acá”, subrayó.
Explicó que el proyecto advierte que la provincia no puede oponerse a este régimen, ni restringir, ni obstaculizar ese cumplimiento con ninguna norma o vía de hecho, sea local, nacional o internacional. En este sentido, la abogada señaló que “el artículo 200 pone como garante de los privilegios a las grandes inversiones al Estado nacional. Por lo tanto, ninguna norma local puede oponerse a este régimen”.
Se establecen privilegios de tipo tributario, aduanero, las empresas que inviertan bajo esta norma pagarán 10% menos de impuesto a las ganancias. Recién van a tener que abonar un incentivo luego de transcurridos siete años de la inversión. “Tampoco tienen obligación de tomar mano de obra local, ni de proveedores locales”, remarcó la abogada.
Un mini estado libertario
“La sociedad no está informada de lo que se viene y no solo es el sector de minería que es el que quizás más se difunde. Sino que abarca a otras áreas como energía y gas, turismo, tecnología”, indicó Chalabe.
Además, destacó que los beneficios aduaneros, tributarios y de exenciones que establece el RIGI no lo tienen el resto de empresarios jujeños. Los nuevos inversores “tampoco están sometidos a normas laborales locales, de manera que es un régimen de excepción y privilegio que no puede oponerse una norma local”, advirtió sobre lo que plantea la adhesión al RIGI.
El proyecto del oficialismo jujeño prevé que la autoridad de aplicación será designada por el Ejecutivo nacional.
“En el último artículo prevé la vigencia de este régimen y dice que no es necesaria la reglamentación, que está en plena operatividad de las normas que establece a partir de su publicación en el boletín oficial que fue el 8 de julio”, acentuó la letrada.
“A este régimen no puede oponerse, ni superponerse ningún régimen local de incentivo ni regímenes promocionales. Ni tampoco las restricciones de zonas francas, por lo tanto, son como que establezcamos un mini Estado dentro del Estado con reglas propias sin pagar impuesto, sin cumplir normas, y se van a producir fusiones y reestructuración de empresas como antes nunca vimos”, sintetizó Chalabe sobre la gravedad de lo que dice el proyecto.
"Es un régimen que afecta las garantías fundamentales de derechos porque se ha entendido en el fundamento jurídico de este régimen que los derechos son costos. Se busca desregular y establecer estas islas de inversión donde no se cumplen ninguna norma”, alertó Chalabe. También observó el artículo 194 del proyecto de adhesión, que establece que los estados contables y financieros pueden ser llevados en dólares y permite a estas grandes empresas la libre importación de cualquier producto.
