El vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, aseguró ayer que la ley votada en 2010 para conceder el 82 por ciento móvil a los jubilados fue “absolutamente demagógica e irresponsable”. Aquella norma fue sancionada gracias al acuerdo de la oposición y vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El 82 por ciento móvil se aprobó en el Congreso con los votos del llamado Grupo A, que conformaban la UCR, el PRO, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbizer, el Socialismo y el Peronismo Federal.  Ahora varias de esas fuerzas desde el Gobierno están proponiendo una reforma del sistema previsional que implicará menores aumentos a los jubilados por el cambio de la fórmula de actualización de los haberes. Hasta el momento ningún funcionario ni dirigentes como Carrió, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Gerardo Morales, Ernesto Sanz o Julio Cobos, que en 2010 llevaron la voz cantante a favor de la ley del 82 por ciento móvil, explicaron la contradicción por el cambio de postura.

Llach se refirió al tema en Twitter en un intercambio con el ex subsecretario de Política Laboral del gobierno anterior, Sebastián Etchemendy. “Es bueno recordar lo que pasó en 2010, cuando hubo una oposición maximalista e irresponsable”, escribió en su cuenta este último haciendo referencia al artículo publicado el sábado pasado por PáginaI12 donde se repasaba aquella ley del 82 por ciento móvil. Llach, quien había sido arrobado por Etchemendy, respondió: “De acuerdo, fue un voto absolutamente demagógico e irresponsable”. El actual número dos del Banco Central aclaró que esa también había sido su posición en 2010 cuando varios de los referentes de las fuerzas políticas que hoy gobiernan habían impuesto su mayoría en el Congreso para sancionar la ley, que no contemplaba fuentes de financiamiento para sostener los incrementos.

“Hay que hacerse cargo de los jubilados y esta es una manera responsable de hacerse cargo”, aseguró Carrió en la sesión de Diputados que terminó aprobando el 82 por ciento móvil el 20 de agosto de 2010. Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno, recriminó luego a Cristina Kirchner por el veto a la iniciativa: “La Presidenta no tiene autoridad moral para decir que no le alcanza la plata, cuando viene despilfarrando recursos en forma cada vez más grotesca”, sentenció. El actual mandatario abandonó aquella propuesta de otorgar fuertes aumentos a los jubilados y por el contrario avanzaría con un cambio a la Ley de Movilidad Previsional para que los haberes pasen a registrar aumentos atados a la inflación. Esa decisión implica para el próximo año el recorte de más de 100 mil millones de pesos para el universo de jubilados, ya que la fórmula vigente permitiría subas de haberes muy superiores. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares, pensiones no contributivas (invalidez y otras), pensión universal para el adulto mayor y pensiones a ex combatientes de Malvinas también se verían perjudicados, ya que sus ingresos actualizan con el mismo mecanismo.

La ley de movilidad del kirchnerismo dio lugar a subas en las jubilaciones del 950 por ciento entre marzo de 2009 y septiembre 2017 (de 690 a 7246 pesos), contra una inflación medida por consultoras privadas, el Gobierno porteño y desde 2016 el Indec que se ubicó en 692 por ciento. El PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el bloque que lideraba Claudio Lozano votaron en 2008 en contra de esa ley por considerar que resultaba una “estafa” para los jubilados. Como se explicó al comienzo, luego los partidos de Macri, Sanz y Carrió forzaron la ley del 82 por ciento móvil y ahora van por la modificación de la movilidad previsional. Para Llach, la ley de 2010 fue “absolutamente demagógica e irresponsable”. A confesión de parte…