La visita de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) a Alfredo Astiz y otros genocidas presos en el penal de Ezeiza sigue rodeada de irregularidades. El Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, le informó a un juez que había ingresado una legisladora que, según todas las versiones, no fue de la partida. La justicia pidió precisiones de manera urgente.

Adrián Grünberg es el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Ese tribunal juzgó y condenó a Raúl Guglielminetti, exagente del Batallón de Inteligencia 601, a prisión perpetua por su rol en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti.

Grünberg –que está a cargo de la ejecución de la pena de Guglielminetti– le pidió informes al SPF después de que se conoció que el represor había participado del cónclave con los diputados oficialistas. De hecho, una de las legisladoras, Rocío Bonacci, contó que fue el propio Guglielminetti quien le habría entregado a Beltrán Benedit– organizador de la excursión a la Unidad 31 de Ezeiza– un papel que decía ideas para la prisión domiciliaria.

Inicialmente, el SPF le contestó al juez que Guglielminetti solo había recibido la visita de su esposa y de dos amigos. Grünberg insistió porque todas las versiones indicaban que se había sentado a la mesa con los diputados.

El viernes a última hora, llegó una nueva contestación del SPF. Esta vez decía que habían ingresado “ciudadanos” visitando el sector masculino la Unidad Residencial II. ¿Quiénes eran los ciudadanos que mencionaba la nota? Los diputados Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Mencionaba a otras cuatro personas más.

La sorpresa es que no estaban mencionados ni Benedit ni las otras dos diputadas que también integraron la comitiva, Alida Ferreyra Ugalde y María Fernanda Araujo. La novedad es que aparecía otra legisladora, María Emilio Orozco, representante de LLA de Salta.

El informe menciona a Orozco como ingresante, pero las versiones indican que no fue de la partida.

Página/12 consultó con otros miembros del grupo que tomó café con leche y comió medialunas con los represores, pero prefirieron guardar silencio. En la Cámara de Diputados daban la siguiente versión: “Lo que pasa es que el SPF dejó que entraran todos sin cotejar los documentos. Lo que dice Bonacci de que entraron con los celulares es cierto. Orozco había mandado los papeles para ir, pero, cuando llegó la hora, no se subió a la camioneta”.

El juez volvió a reclamar precisiones al SPF: le pidió que en el día de hoy le informe qué otros “ciudadanos” entraron a la unidad residencial II de Ezeiza el 11 de julio así como qué actuaciones se labraron antes y después de la visita.

Grünberg no es el único magistrado que está detrás de conocer los detalles de la excursión a Ezeiza. También lo está el juez Daniel Obligado, integrante del TOF 5, que tiene a su cargo a los detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

En su caso, tanto el abogado querellante Pablo Llonto como el fiscal Félix Crous advirtieron que el SPF podría haber infringido las normativas que establecen que cada interno debe prestar su consentimiento ante cada visita. Si es como dicen las diputadas Bonacci y Arrieta que ellas fueron engañadas a verse con Astiz, mal podría el exmarino haberlas autorizado.

En ese sentido, Llonto pidió que se les tome declaración testimonial a los seis diputados que empatizan con los criminales de la última dictadura y que se recabe información sobre los trámites que produjo el SPF. A contramano, el abogado Guillermo Fanego --que representa a los represores Adolfo Donda y Alberto Eduardo González, el "mentor" de Victoria Villarruel-- reclamó que se rechacen los planteos de Llonto y Crous.

El SPF está teñido de sospechas, sobre todo después de que trascendiera un chat de Benedit en el que describía a su titular, Fernando Martínez, como un “excelente colaborador”. Este diario hizo una solicitud de información pública para ver si el gobierno había cambiado las condiciones en las unidades donde se alojan genocidas, pero el Ministerio respondió que no.

Bullrich había salido inicialmente a justificar las visitas de los diputados oficialistas, pero después se llamó a silencio. La ministra, además, había embestido contra el camarista Alejandro Slokar, que coordina la comisión de Crímenes contra la Humanidad en la Cámara Federal de Casación. Slokar había exhortado a Obligado a desentrañar cómo se había gestado la visita del 11 de julio. Tras el ataque de Bullrich, recibió el apoyo de los organismos de derechos humanos.