En su columna semanal en La García, la periodista ambiental Gabriela Vizental enumeró los posibles peligros que traería la instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF en en la ciudad rionegrina de Punta Colorada.
Vizental recordó que el área "estuvo protegida por la ley 3.308 durante más de 20 años", que en su primer artículo prohíbe la instalación de oleoductos, gasoductos o cualquier ducto que transporte hidrocarburo o sus derivados y haya terminales de carga y descarga de hidrocarburos el Golfo San Matías o en cualquier lugar en el mar territorial de la provincia".
"En 2022 modificaron esta ley entre gallos y medianoche, a través de un tratamiento express sin consulta previa, para que esto sucediera", agregó.
"La fundación Ambiente y Recursos Naturales presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de queja con respecto a los impactos ambientales y la Corte se tiene que expedir o conceder una medida cautelar", agregó.
"No tenemos que olvidarnos que la Península de Valdés es patrimonio de la humanidad. No cabe ninguna duda de que va a haber un impacto en toda la fauna que está en ese lugar y sobre todo en un recurso tan importante como es la merluza", concluyó.
Directivos de YPF hicieron trascender que la planta de Gas Natural Licuado no se instalaría en la localidad bonaerense de Bahía Blanca sino en la ciudad rionegrina de Punta Colorada.
Sin comunicación oficial, el dato trascendió desde fuentes de la petrolera estatal sin un respaldo, al menos público, de la multinacional Petronas, socia del proyecto que contempla una inversión superior a los 30 mil millones de dólares que podría convertirse en la más grande de la historia para la República Argentina.
La instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca fue oficializada y se firmó el 1 de septiembre de 2022, pero la presión política del Presidente Javier Milei terminó empujando al directorio de la petrolera estatal para definir su traslado a Punta Colorada, en el distrito donde gobierna Alberto Weretilneck, el primer gobernador en adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que todavía no está vigente porque nunca fue reglamentado.
