Taty Almeida se sentó frente a los diputados que se habían congregado en el anexo del Congreso, con su pañuelo blanco anudado en la cabeza, y les dijo que la visita de seis legisladores de La Libertad Avanza (LLA) a quienes habían secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido durante el terrorismo de Estado fue un hecho insólito para la democracia. “Estos seis individuos no pueden seguir representando al pueblo”, remarcó en representación de las Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, y pidió que el miércoles se avance en su expulsión. “Acá hay que seguir resistiendo. No podemos permitir que este gobierno inhumano siga echando por tierra todo lo que hemos conseguido en derechos humanos”, dijo.

En la sala de conferencias del segundo piso del anexo de Diputados no cabía un alfiler cuando Hugo Yasky dio por iniciada la audiencia --en la que brillaron por su ausencia los representantes de la oposición amigable y del oficialismo. Después de que se conoció la excursión al penal de Ezeiza por parte de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, los organismos habían pedido que se reuniera la comisión de Derechos Humanos de Diputados. Sin embargo, su presidenta, Sabrina Ajmechet –que se referencia con Patricia Bullrich– se negó, como parte de una estrategia que busca encapsular el escándalo.

Durante casi tres horas, se acumularon los testimonios de quienes fueron víctimas de los genocidas presentados como octogenarios desvalidos por los diputados oficialistas. Guillermo Pérez Roisinblit contó cómo nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y después fue apropiado. “Nazco en cautiverio, como un animal. Como si fuera un simple animalito de un zoológico”, narró con crudeza.

Cecilia De Vincenti se presentó como la hija de Azucena Villaflor, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. “El único crimen que mi mamá cometió fue decir ‘vayamos a la Plaza’”, dijo. Azucena junto con María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga fueron secuestradas en diciembre de 1977 tras la infiltración de Alfredo Astiz. Fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Sus familias recién recuperaron sus restos en 2005.

Tanto la exdiputada Myriam Bregman (FIT) como la legisladora porteña Victoria Montenegro (UxP) coincidieron en que con la visita les había salido el tiro por la culata a los representantes de LLA. “Son funcionarios públicos: nos tienen que explicar de qué hablaron en Ezeiza”, demandó Bregman. Montenegro, por su parte, reclamó que se explique qué rol jugaron el Servicio Penitenciario y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La de Graciela Daleo fue la intervención más punzante. Sobreviviente de la ESMA, dijo: “A los cuatro integrantes del picnic los conocí en carne propia”. Supo de lo que fueron capaces dentro de la maquinaria de tortura y muerte. “Esta visita –resaltó– no es solo la reivindicación de los crímenes del pasado; es una certeza de hoy y de mañana. Es también para decir que hoy lo van a volver a hacer. Y lo están diciendo desde el poder político”.

El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla puso sobre la mesa el nombre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, militante de la causa militar. “El plan de liberar genocidas siempre estuvo presente en este proyecto político”. Pablo Verna– integrante de la Asamblea Desobediente e hijo de un médico que inyectaba a los prisioneros antes de ser subidos a los vuelos de la muerte– calificó a los diputados como “militantes del genocidio”.

Justo cuando se cumplía el aniversario del secuestro de sus padres, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, pidió que los diputados cuelguen un cartel en sus bancas que diga “yo no visito genocidas” para la sesión. “Aquellos que el día miércoles se opongan a abrir una investigación no tengan dudas de que van a quedar del lado de la complicidad más horrorosa”, concluyó, por su parte, la diputada Cecilia Moreau (UxP).

Hay distintos proyectos presentados a partir de la visita de los seis diputados que hacen foco en distintos remedios: el repudio, la creación de una comisión investigadora, la ratificación del compromiso con el proceso de verdad y justicia y la expulsión. Una iniciativa de la diputada Gisela Marziotta (UxP) promueve la exclusión de la Cámara de los seis legisladores --tal como reclaman los organismos de derechos humanos.