Los hermanos De Luca se dedicaban a la reparación de chapa y pintura de coches en Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Tenían un taller que manejaba Alberto Nicolás, “Nicola”, para su familia, el mayor, quien además era sostén de la familia desde que el padre, panadero, había enfermado. Pero había otra cosa que compartían los hermanos: eran militantes peronistas. Los tres fueron secuestrados, torturados y mantenidos cautivos en diferentes cárceles del país durante varios meses, un período que al mayor de los tres, le terminó costando la vida. Miguel Angel y Carlos, que vive en Italia, declararon por primera vez el martes en el juicio de lesa humanidad que se está llevando a cabo por el cuarto tramo de la causa Saint Amant.
“No es la tortura en sí misma, porque son tres o cuatro shock y pasa. La tortura psicológica que sentimos todos los presos políticos, las corridas, los golpes, los ruidos de candados que te hacen imaginar que ahora sí te van a matar, fue lo que me destrozó y destrozó a mi hermano, lo resintió tanto que no se pudo reponer, pobrecito”, aclaró Miguel Angel De Luca al cierre de su testimonio, que se extendió por casi dos horas. Fue el único momento en el que el hombre se corrió de la descripción de los hechos que lo tuvieron a él, a Alberto –que murió hace cinco años– y a Carlos, sus hermanos, como víctimas del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio de los genocidas de la última dictadura cívico militar.
La jueza Elena Beatriz Dilario y el fiscal Adolfo Villate lo escucharon desde la sede de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) de la ciudad de Pergamino, adónde se trasladaron especialmente para tomar testimonios en la décima jornada del juicio que desarrollan desde marzo pasado por el cuarto tramo de la causa “Saint Amant”, una cuestión que fue reclamada por sobrevivientes y familiares de víctimas y el Ministerio Público durante varios meses. Los relatos del martes fueron los primeros transmitidos por el medio comunitario La Retaguardia, después de la Cámara de Casación fallara de manera favorable a su reclamo de emitir por su canal de YouTube la totalidad del debate.
Por lo pronto, los presuntos responsables de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los hermanos De Luca son el coronel retirado Guillermo Piccione, del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y el mayor retirado Omar Andrada, del Destacamento de Inteligencia 101, ambos establecimientos del Ejército emplazados en la ciudad de San Nicolás, dos de la docena de militares y policías que integran la lista de acusados en el juicio en curso. También estaba acusado Antonio Bossie, otro integrante del Batallón, quien falleció hace dos semanas.
La cacería de militantes
“Yo pinté paredes, milité a Eva Perón, panfletée, teníamos ideales, pero no cometimos ningún delito”, resumió Carlos de Luca cuando le tocó declarar, el único testigo de la jornada que utilizó el servicio de teleconferencia, ya que vive en Europa.
La persecución contra los hermanos De Luca comenzó el 24 de marzo de 1976, la noche del día en que el golpe de Estado se instaló en el país. “Nicola me celebraba medio en broma: ‘ahora sí, ahora vinieron los militares’”, describió Miguel Angel ante la jueza y el fiscal. Caía la tarde, entraba la noche de aquel 24 cuando una patota de policías –reconoció a dos hermanos del pueblo– y “también policías federales y militares de civil” llegó al taller de chapa y pintura que los hermanos tenían en Pergamino, donde nacieron y vivían. El jefe del emprendimiento, “Nicola”, no estaba. A él lo buscaban. Miguel Ángel les comentó que se había ido “entregar un auto”. Lo esperaron a puro golpe contra Miguel y Carlos, un empleado, a quienes encerraron en el año. “Fue muy violento, te pegaban no para amedrentar, te pegaban para que te doliera y si te podían quebrar, te quebraban”, recordó el testigo. Cuando “Nicola” llegó, lo subieron a un patrullero y se lo llevaron. También se llevaron una plata que el mayor de los hermanos estaba juntando para comprar una casa.
Miguel Ángel y el menor de los De Luca, que tenía 19 años, dejaron la casa familiar esa misma noche. Durante los días siguientes los fueron a buscar cinco veces, recordó Carlos, durante su exposición. Miguel Angel reprodujo parte de los recuerdos de “Nicola”, quien le contó que cuando la patota lo torturó les dijo “mis hermanos saben que no tengo nada que ver” con la guerrilla”.
–Así que tenés hermanos. Vamos a ver si es cierto. Si no, sos boleta– le respondieron.
A la semana de estar escondidos y sin poder trabajar, “tuvimos que decidir qué hacer, porque los días transcurrían y la situación familiar no era buena económicamente, nosotros éramos el sostén”, contextualizó Carlos. “Además, éramos militantes peronistas, nos gustaba la política, no habíamos cometido ningún error”, completó. El 1 de abril de 1976 se presentaron los dos en la Comisaría 1ra de Pergamino. Los acompañó su mamá. Quedaron detenidos. “Ahí cambió nuestra vida, ahí comenzó el plan sistemático para nosotros”, recordó Carlos.
Fueron interrogados en la comisaría y trasladados al Batallón de San Nicolás, en donde fueron torturados en habitaciones separadas. “Me hacían preguntas que yo desconocía”, sostuvo Miguel Angel ante la Justicia. De allí, fueron “blanqueados” en la Unidad Penal 3 de la ciudad, donde finalmente encontraron a Alberto, su querido “Nicola”. Los tres fueron encerrados en una celda de 1.80 por 3 metros, que compartieron hasta junio de 1976, cuando Carlos y Alberto fueron trasladados a Sierra Chica. “Ahí sí ya nos decretaron que éramos terroristas”, señaló Carlos, que relató con algunos detalles los maltratos que sufrieron allí: “Ellos tenían su propósito que era destruirnos, El mío era vivir. No me iban a ganar, no me iban a exterminar, no iban a poder doblarme y enloquecerme. La dictadura genocida no pudo conmigo”. Luego pasó por la Unidad penal 9 de La Plata y al cabo de dos años le dieron la libertad vigilada. Intentó reinsertarse en la sociedad, se fue a trabajar a Tierra del Fuego. Finalmente se fue a vivir a Europa durante la crisis de 2001.
A Miguel Ángel, el juez federal Luis Milesi le firmó la libertad a los 15 días de su detención, pero los militares “hicieron lo que quisieron” y recién salió del penal a fines de 1977.
