Ante la inminente llegada del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a la Legislatura provincial, distintas organizaciones de la sociedad civil afirmaron que el actual mapa va en contra de los principios que rigen la Ley de Bosques para la defensa del ambiente. Entre los firmantes, adhieren la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, la Fundación entre Mujeres y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Del otro lado, a título personal, uno de los técnicos que participó de la elaboración del informe del nuevo OTBN respondió a los cuestionamientos, y esta nota pretende poder reflejar ambas posiciones.
En un escrito elevado al gobernador Gustavo Sáenz, las organizaciones afirmaron que el mapa propuesto extiende la posibilidad de desmontar 721.568 hectáreas. Sumaron que el desmonte de áreas que fueron recategorizadas (que en el mapa anterior habían sido catalogadas como lugares donde no se podía desmontar, pero el gobierno autorizó su deforestación con decretos que infrigieron la ley) generó una situación en la que los responsables de esa deforestación quedan en impunidad premiando así “conductas ilegales y de mala fe, de modo desigualitario y contrario a derecho”.
Afirmaron que las hectáreas desmontadas con esta estrategia podrían quedar como de “bajo valor de conservación”. Es decir que quedarían en la categoría 3 o verde en el OTBN. El mapa define la categoría 1 con el color rojo, de alto valor de conservación, y la 2 con el amarillo (con un grado de conservación menor al rojo pero que tampoco permite el desmonte), mientras que la categoría 3, verde, es para las áreas donde se puede desmontar.
Las organizaciones también criticaron que se haya instaurado una categoría marrón en el nuevo OTBN de la provincia, la cual permite que un posible desmonte se haga en las zonas que comparten el amarillo y verde, con un límite equis de hectáreas a desmontar. “La categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques”, advirtieron en la carta.
Por último, cuestionaron la metodología de participación para trazar el nuevo mapa dado que sostuvieron “el procedimiento” fue “llevado a cabo de manera irregular, sin seguir los pasos establecidos por la Ley”. Entre otras falencias, señalaron que se dejó sin participación a organizaciones territoriales y comunidades originarias.
“En caso de avanzarse en el proceso del modo en que se lo viene haciendo, formulamos expresa reserva de presentar las denuncias correspondientes como de ejercitar la Acción Popular de Inconstitucionalidad prevista por el artículo 92 de la Constitución de Salta”, avisaron finalmente.
La respuesta de un técnico
Lucas Seghezzo, integrante del Consejo Técnico Asesor a cargo del informe y la metodología propuesta en el nuevo OTBN, respondió a título personal a las diversas críticas. “La participación pública estuvo siempre promovida”, afirmó en un escrito que hizo llegar a Salta/12.
Al comparar con el OTBN vigente actualmente (que se aprobó en 2009 y sigue en vigencia pese a que venció en 2014), sostuvo que en el nuevo mapa propuesto se redujo “el área potencial de verde (Categoría III, bajo valor de conservación)”, y se aumentó el área roja. “El área de zonas verdes del nuevo mapa propuesto representa sólo el 9,57 por ciento de la superficie total de bosques nativos de la provincia de Salta. Esta es la máxima superficie desmontable a futuro, lo cual no implica necesariamente que deba ser desmontada de manera obligatoria”, indicó.
Respecto de las áreas que fueron recategorizadas, afirmó que “cualquiera sea el resultado de las acciones administrativas o judiciales en curso, el nuevo mapa propuesto resta las tierras desmontadas de manera ilegal o irregular de las áreas verdes propuestas, lo cual es la mejor manera de evitar su legitimación o convalidación actual o futura. O sea que, en el peor de los casos, estos desmontes ilegales o irregulares no agregarán áreas verdes por encima de las técnicamente viables”.
Al responder sobre el agreado del color marrón, explicó que el “área transitoria denominada Área de Producción y Conservación (APC)", si bien no está incluida en la ley nacional, tampoco está explícitamente prohibido “establecer mecanismos adecuados para optimizar la distribución de zonas verdes si eso redunda en beneficios ambientales, sociales o productivos”, por lo que sostuvo, entienden que el área definida permitirá un “avance significativo”, en la planificación y gestión de bosques”.
“Es importante destacar que todas las zonas en las que existe información fehaciente de la presencia de especies amenazadas u otros valores biológicos sobresalientes ya fueron clasificadas como rojas, algo que no se había hecho con el mismo detalle y la misma precisión en el mapa anterior”, afirmó.
“Esta falsedad roza la difamación”, afirmó asimismo al responder que no es cierto que no se haya dado participación a campesinos e indígenas, dado que hubo talleres participativos en donde interactuaron referentes de las comunidades. Afirmó que incluso se revaloriza su participación ante la presentación de cualquier proyecto productivo.
“Las críticas de cualquier organización o institución interesada en la protección de los bosques nativos son siempre bienvenidas. Sin embargo, la nota presentada contiene errores, inconsistencias y preconceptos que pueden atribuirse a una lectura superficial o descontextualizada del Informe Final del Equipo Técnico”, aseguró Seghezzo. Sumó a sus consideraciones que rechazar un mapa que es innovador e inclusivo, posibilita que se siga aceptando un OTBN “mal hecho y obsoleto” (el trazado en 2009), que “sólo beneficia a un número pequeño de grandes productores y perjudica al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que viven y trabajan en los bosques nativos”.
