Organismos de derechos humanos de Salta repudiaron la visita de diputados y diputadas nacionales de La Libertad Avanza a presos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar. "Es una nueva provocación en el marco de una escalada negacionista y de violencia política llevada adelante por el Gobierno Nacional desde su asunción", advirtieron en una nota que presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia.
Los organismos pidieron a la Legislatura salteña que se expida sobre la visita de diputados nacionales a represores condenados, y de hecho la diputada provincial Laura Cartuccia y sus pares Pablo Gómez y Sergio Oliva presentaron un proyecto de declaración para rechazar esa reunión y "ratificar el compromiso y respeto por la Democracia", dice la iniciativa que sería tratada en la sesión de hoy.
"La obscenidad del nuevo hecho perpetrado por los legisladores nacionales solo puede inerpretarse como una avanzada en la reivindicación del terrorismo de Estado y un golpe al estado de derecho, al cual presenta como un 'demonio' al que hay que destruir", señalaron los organismos en la nota.
Dos representantes de Salta en la Cámara Alta nacional, Carlos Zapata y Emilia Orozco, ambos provenientes de las filas del empresario sojero y actual parlamentario del Mercosur, el antiderechos Alfredo Olmedo, participaron de las reuniones previas a la visita, según difundieron ayer medios de comunicación de Buenos Aires.
"Estas prácticas, los discursos que las sostienen, el desmantelamiento en áreas claves vinculadas con los derechos humanos y la memoria del pasado reciente y la imposición de un modelo económicio ultraliberal, destructor del sistema productivo nacional y excluyente, configuran una paradoja medular", que "representantes de un gobierno democrático que llegan al poder legitimados por el voto popular sustentado en la Constitución Nacional utilizan su posición pública para socavar al propio Estado, desintegrando la fuerza cívica que los ha impulsado", aseguraron los organismos.
En la nota, que firman la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la asociaciones Lucrecia Barquet y Coca Gallardo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación de DDHH Miguel Ragone, HIJOS Salta y el Comité para la Prevención de la Tortura de Salta, los organismos recordaron que en los años 70 en el país "hubo terrorismo de Estado y se implementó un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio de un sector de la población civil, cuya finallidad era generar terror en todo el cuerpo social para eliminar cualquier resistencia a sus políticas y disciplinar a los ciudadanos".
"No hubo una guerra de dos bandos, tal como se quiere reinstalar desde sectores del oficialismo", lo que ya fue demostrado en las sentencias del Juicio a las Juntas Militares y en cada uno de los juicios de lesa humanidad que siguen llevándose a cabo en todo el país, afirmaron.
También recordaron que hace 30 años la Constitución Nacional incorporó los tratados internacionales de derechos humanos y expresa una "férrea defensa del sistema democrástico ante cualquier intento de interrupción del orden institucional por actos de fuerza".
Y sobre la intención de favorecer con la morigeración de la pena a los represores, subrayeron que la Carta Magna establece "la inhabilidad a perpetuidad para ocupar cargos públicos a quienes atenten contra la democracia y la obligación de ser perseguidos civil y penalmente, prohibiendo expresamente la posiblidad de ser beneficiados".
Asimismo, los organismos ratificaron su "compromiso inquebrantable con el proceso histórico-político de Memoria, Verdad y Justicia construido por la sociedad argentina frente al plan criminal sistemático cometido por el Estado Argentino en la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983", exhortaron a la sociedad a mantener la lucha por el esclarecimiento de los horrores cometidos "durante períodos oscuros de la violencia desaparecedora setentista.
"No hicimos nada malo"
La diputada María Emilia Orozco reconoció ayer que fue invitada a visitar a represores en la cárcel de Ezeiza y participó de reuniones. “Estamos tranquilos de que no hicimos nada malo”, lo justificó en declaraciones a la radio Delta FM de Buenos Aires, según citó el portal digial coloquial.com.ar.
“La invitación decía ‘vamos a ver las condiciones de detención, vamos a hacer una visita a la cárcel de Ezeiza", sostuvo la legisladora por Salta, quien se manifestó sorprendida de que "algunos digan que no conocían cuál era el motivo de la visita”. También reconoció que no se trataba "exclusivamente de ir a ver a esas personas”.
Según difundió el canal de noticias C5N, Zapata y Orozco integraron un grupo de 13 diputados de LLA que participaron de reuniones previas a la visita, aunque luego fueron solo Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.