La visita de los diputados de La Libertad Avanza a Alfredo Astiz y otros represores en el penal de Ezeiza no está incluida formalmente en el temario de la sesión de mañana de la Cámara baja, pero ocupará un lugar central del debate. La oposición aprovechará la presencia de todos los legisladores y las cámaras en el recinto para que el oficialismo dé cuenta del encuentro con los genocidas. Y en ese marco la diputada Gisela Marziotta pedirá que se trate el proyecto que presentó ni bien trascendió el hecho y que pide la expulsión del cuerpo de los seis diputados que estuvieron con los condenados por crímenes de lesa humanidad.

El pedido de exclusión de los legisladores de LLA está fundado en el hecho de que incurrieron en “actividades reñidas al orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos”. La solicitud va en línea con lo que reclamaron los organismos de derechos humanos en la audiencia que tuvo lugar en el anexo de Diputados, en la que brillaron por su ausencia los representantes de la oposición amigable y del oficialismo.

El proyecto de Marziotta fue acompañado por otros 27 legisladores y va en paralelo a la formación de una comisión que pidió la mayoría del bloque de Unión por la Patria. Como no fue incluido en el temario este miércoles, la diputada presentará al comienzo de la sesión un pedido de apartamiento del reglamento para tratar directamente la expulsión. Para habilitar su tratamiento se requiere el voto de dos tercios de los diputados.

En sus fundamentos, los diputados que lo impulsan el proyecto advierten que la visita a los genocidas “resulta de suma gravedad” y subrayan: “Representantes elegidos por elección popular e integrantes de un cuerpo legislativo de la democracia, acuden a la atención y promoción de represores que atentaron contra la democracia y fueron partícipes de crímenes de lesa humanidad que incluyeron secuestros, torturas y desapariciones de compatriotas”.

Los apuntados son el organizador de la visita, Beltrán Benedit, y sus compañeros de bloque Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.

Se solicita la exclusión de ellos diputados y diputadas conforme lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 66. “La doctrina indica al respecto que la expulsión es la medida más grave que puede tomar la Cámara sobre uno de sus miembros. Que los motivos que dan lugar a esta medida pueden ser la comisión de delitos, pero también, según los precedentes de esta misma Casa, las declaraciones públicas, participación en escándalos públicos o privados de trascendencia pública o por desorden de conducta pueden motivar la expulsión”.

El proyecto señala que “los hechos descriptos al inicio encuadran en esos supuestos que la Cámara supo utilizar para decidir expulsión de sus miembros” y que también “importa recordar medidas similares que tomaron sobre diputados electos que tuvieron responsabilidades en delitos de lesa humanidad. Fueron los casos de Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti, a quienes se le impugno si diploma por sus antecedentes criminales y no pudieron asumir la banca”.