"Fin". Eso tuiteó este martes el vocero presidencial Manuel Adorni junto al decreto que disuelve el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), luego de meses de recortes presupuestarios y despidos masivos que desarticularon por completo políticas promotoras de inclusión, derechos e igualdad para los sectores más vulnerados.

La primera advertencia tuvo lugar el pasado 22 de febrero, cuando el Gobierno nacional anunció el cierre del instituto y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona. En esa oportunidad, el portavoz de Milei lamentó "los tiempos burocráticos" que retrasaban la clausura: "Los procesos no son tan veloces como uno quisiera".

A pesar de que el Ejecutivo no logró eliminar el organismo ese mismo día, comenzó a tomar otras medidas para empezar a borrarlo del mapa. A fines de mayo, unos 120 trabajadores recibieron un mensaje por correo electrónico que los desvinculaba de sus puestos de trabajo. "No corresponde prorrogar su designación transitoria", decía el comunicado de despido que, según denunció ATE, fue recibido en su mayoría por personas pertenecientes los colectivos LGBTIQ+ y de discapacidad; un 40% del personal total. 

"Hoy es un día de duelo. No estamos defendiendo un órgano del Estado sino valores y principios que tienen que ver con la igualdad real de oportunidades y tratos para todos. La eliminación del Inadi es parte de la batalla cultural de este gobierno. Lo muestra como quien decapaita a su enemigo y pone su cabeza en una pica para exhibirla en la plaza pública", grafica en diálogo con Página 12 María José Lubertino, presidenta del Inadi entre 2006 y 2009. 

La ex titular del organismo lamenta que, entre el ajuste, la motosierra, el tributo al FMI y el achicamiento del Estado, "lo terrible es que hay personas vulnerabilizadas y discriminadas que sufren por sus derechos y hoy ya no tienen a dónde recurrir: eso es irreparable". 

Sobre la importancia de este organismo, subraya que se trata "de una política de Estado, donde se abrieron las puertas a la sociedad civil, donde pudieron participar personas con discapacidad, pueblos originarios, afrodescendientes, personas trans, no binaries, LGBTIQ+. Muchos a quienes, por primera vez, el Estado los consideraba como sujetos de derecho", señala. 

En ese sentido, considera que los avances de estos sectores de la población durante los años de democracia significan un quiebre del que "ya no hay vuelta atrás". Para la ex titular del instituto "podrán suprimir el Estado pero el pueblo y los movimientos sociales tienen más fuerza que hace años atrás, ya que desde la sociedad civil nos acostumbramos a resistir y organizarnos".

"Desde la recuperación de la democracia hasta ahora, he visto cómo, de manera creciente, los movimientos sociales y de derechos humanos fuimos logrando espacios en el estado que son conquistas en la atención a distintas problemáticas cada vez más complejas", analiza. Como feminista, Lubertino advierte que la lucha seguirá dándose incluso sin un espacio dentro del Estado: "No nos asusta tener que replegarnos para volver a construir. Milei nos declara la guerra porque sabe que somos la fuerza política más creíble en estos momentos, en los que pareciera que los partidos políticos le fallan a la gente".  

Para la ex legisladora, la declaración de guerra de esta "batalla cultural" es contra las feministas, el colectivo LGBTIQ+, y cada uno de los grupos vulnerabilizados. "Es grave que cierren un organismo que surgió en los noventa por pedido de la sociedad civil", comenta recordando la creación del Instituto en 1995, impulsada por la DAIA y la comunidad islámica quienes presentaron la iniciativa a Carlos Menem luego de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA.

Desde entonces, el Inadi funcionó como pionero y promotor de denuncias y acciones contra la discriminación por nacionalidad, orientación sexual, referencia ideológica y abusos contra las minorías, además de la capacitación del personal de instituciones públicas y privadas a favor del pluralismo.

Activó investigaciones contra grupos y personas que llevaban a cabo prácticas discriminatorias; desplegó por todo el país campañas de concientización a favor de la integración, tolerancia y respeto; brindó asesoramiento gratuito a víctimas y activó legislaciones a favor de la integración.

Es allí donde se cumplió con mayor rigidez el cupo laboral trans, iniciativa mediante la cual Matías, de 23 años, trabajó más de dos como asistente administrativo en múltiples áreas. En marzo decidieron no renovar su contrato. No solo no tuvo indemnización --debido al artículo 9-- sino que, cuando consultó los motivos de su despido, no obtuvo ninguna respuesta. 

"Hubo un mayor porcentaje de despidos dentro de la población trans que en la cis, tanto en el Inadi como en otros institutos. Desde el principio nos advirtieron que el cupo laboral trans no iba a ser respetado", explica el joven a este diario. Si bien actualmente consiguió otro empleo, reconoce que la red de contención con la que cuenta no es la realidad de todas las personas de su colectivo: "Tirás un CV y te miran de arriba abajo", remarca.

Como ex trabajador y estudiante de derecho, resalta la función del Inadi como organismo responsable de la accesibilidad a la Justicia. "El gobierno parte de una premisa falsa de que cualquiera que sufra una situación de discriminación puede simplemente ir y denunciar, que somos iguales ante la ley. Pero no todos tenemos las mismas herramientas a la hora de acceder a un proceso judicial", subraya.   

Informe: Carla Spinelli