Raúl Guglielminetti integró el Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura. Supo reciclarse. En democracia, lo identificaron como custodio del presidente Raúl Alfonsín. Desde que se reiniciaron los juicios por crímenes contra la humanidad, acumula sentencias en su contra. Tiene 83 años. Está alojado en la Unidad 31 de Ezeiza y hace tiempo que quiere irse a su casa. Detectó una gran oportunidad cuando el 11 de julio pasado una comitiva de seis diputados llegó hasta el penal para visitarlos. Antes de finalizar la reunión, Guglielminetti –alto y con ojeras marcadas– le extendió un sobre de papel madera al diputado Beltrán Benedit, que había organizado el cónclave. En uno de los papeles podía leerse “ideas para la prisión domiciliaria”, según llegó a observar la diputada Rocío Bonacci. La foto, que se conoció en las últimas horas, en la que se ve a cinco diputados risueños entremezclados con los genocidas que secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron y hasta se apropiaron de los hijos de sus víctimas confirma lo que ha venido publicando este diario: en el oficialismo se buscan alternativas para aliviar la situación de quienes están condenados por crímenes aberrantes. En sintonía con los diputados empáticos, los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona salieron a abogar por la domiciliaria de los represores.

El 11 de julio, Benedit se asomó en la camioneta Renault –patente MBI546– y preguntó si estaban todos. Durante unos largos minutos esperaron a la diputada salteña María Emilia Orozco hasta que finalmente recordó que la legisladora no iba a ser de la partida. Después, siguieron viaje hasta Ezeiza.

Como muestra la foto difundida en la señal C5N, los diputados mantuvieron una reunión cordial con los criminales de lesa humanidad. Cinco de ellos quisieron posar: Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra Ugalde, que se mostró especialmente amable con Antonio Pernías –uno de los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Detrás suyo estaba Adolfo Donda, que acaba de ser condenado por la sustracción de su sobrina, Victoria Donda Pérez.

De Astiz a Guglielminetti

Alfredo Astiz –la cara más emblemática del genocidio– sonríe desde la última fila. Cerca de él, se ubicó Guglielminetti. Entre ambos, está Honorio Carlos Martínez Ruiz –un represor de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Mirando hacia el costado se lo ve a Marcelo Cinto Courtaux, un integrante de la inteligencia del Ejército cuyo hijo homónimo era asesor de Victoria Villarruel cuando era diputada nacional. En la formación no se percibe a Alberto Eduardo González, el represor de la ESMA –que tiene dos perpetuas y una condena a 20 años por delitos sexuales– y a quien le atribuyen haber sido el mentor de la actual vicepresidenta.

La única diputada que no posó para la imagen de recuerdo fue Bonacci. Arrieta –que después se disculpó diciendo que había nacido en 1993 y no conocía a Astiz– sonrió, satisfecha, para la foto desde el centro de la escena. Horas antes de una sesión que se prevé explosiva, la diputada mendocina, que se define como orgullosa integrante de la familia militar, firmó un proyecto de resolución para que se cree una comisión para investigar la reunión de la que ella misma participó. No habría sido el único encuentro en el que estuvo “Lulú”, dicen en la Cámara de Diputados.

Como publicó este diario, hubo más visitas de los diputados. El 15 de marzo, Benedit y Ferreyra fueron a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Una semana antes, el ministro de Defensa, Luis Petri, había mandado a dos de sus hombres: el subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes. De ese encuentro, los funcionarios se llevaron un boceto de decreto para establecer que el plazo máximo para las investigaciones era de 25 años. El decreto circuló en el bloque de La Libertad Avanza (LLA). En base a esa propuesta se armó un proyecto de ley que establecía en 20 años el plazo razonable.

El sueño de volver a casa

En paralelo, se articularon distintas maniobras para lograr la domiciliaria de los genocidas de la dictadura. Se trata de un universo reducido. El Ministerio de Seguridad le contestó a este medio que tiene únicamente 32 personas por crímenes contra la humanidad con sentencia firme en sus cárceles. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), son 134 los detenidos por lesa.

La primera iniciativa para lograr la vuelta a casa de los genocidas se produjo un día después de que asumieron Javier Milei y Villarruel: el 11 de diciembre, los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean pidieron que la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, fijara una posición única sobre el arresto para mayores de 70. No consiguieron que se hiciera el plenario. Horas antes del 24 de marzo, la Casación rechazó la pretensión.

Olea fue parte de conversaciones con diputados de LLA. Las versiones también señalan al exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi, que se jubiló el año pasado. El juez retirado le dijo a este diario que conocía a algunos integrantes de la comitiva. Un abogado defensor también comentó haber estado en contacto con Benedit.

La domiciliaria no es únicamente un tema de los genocidas, sus abogados y los diputados del oficialismo. Dos ministros se zambulleron en ese tema durante su viaje a Mendoza para discutir la aplicación del Código Procesal Penal: Bullrich y Cúneo Libarona.

“Me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de las penas. Estamos afectando el criterio de dignidad y esto no se ha convertido en justicia, sino que se torna en venganza”, dijo Cúneo Libarona –que justamente había visitado la Casación cuando empezaba a rodar el pedido de Olea y Saint Jean. Según el ministro de Justicia, los represores “merecerían morirse teniendo en su casa una tobillera y de la mano de su esposa”. En una línea similar se había pronunciado el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, en una columna publicada en Infobae, cuando habló de “penas mortificantes para quienes deberían pasar sus últimos años de vida en la paz y el amor de sus familias”.

Bullrich en el centro de la escena

Bullrich está a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y está en el ojo de la tormenta por las irregularidades que rodearon el ingreso de los diputados al penal de Ezeiza –de hecho, el juez federal Ernesto Kreplak delegó en el fiscal Sergio Mola la investigación de este tema. De paseo por Mendoza, la ministra insistió en plantear una situación como si la domiciliaria no fuera la regla para los casos de lesa. “Hay personas de 90 años con enfermedades terminales en la cárcel”, se quejó la ministra de Seguridad. “Me parece que una cosa es cumplir con una condena y otra cosa es infligir a esa condena una situación de extrema gravedad, como es tener una persona con un cáncer terminal en una cárcel”, dijo.

A priori, todo indica que los diputados no detectaron situaciones anómalas en sus recorridos por los pabellones de lesa. El juez Adrián Grünberg –que está a cargo de la ejecución de la pena de Guglielminetti– le preguntó al SPF si había recibido alguna crítica o nota de los legisladores.

Carlos Manfroni –jefe de gabinete de Seguridad y hombre cercano a Villarruel– había dicho en la campaña que los equipos de Bullrich trabajaban en una “solución” para los mayores de 70 que estaban detenidos en las cárceles. Posiblemente este tema se cuele el próximo miércoles 14, cuando la ministra vaya a la Cámara de Casación. El camarista Gustavo Hornos la invitó en plena polémica para conversar sobre la “realidad carcelaria actual”.

Repudios

Para el fiscal Félix Crous, que interviene en la causa ESMA, “la política oficial es el amparo de los represores”. Es un diagnóstico compartido en el movimiento de derechos humanos.

"Tienen mal los datos. Tienen que informarse mejor. En primer lugar, el 80 por ciento de los detenidos están en prisión domiciliaria”, contesta a los ministros el fiscal Miguel Palazzani, a cargo de las causas en Bahía Blanca y Neuquén. “El resto de los detenidos, que yo sepa, ninguno tiene enfermedad terminal ni tiene más de 90 años. Si fuera así, cualquier juez le concedería el arresto domiciliario. De ese 20 por ciento la mitad está en Campo de Mayo y el resto (78 personas) en otras unidades del SPF. Los datos objetivos desmienten las afirmaciones de los funcionarios. Toda esta información está en la página web del Ministerio Público Fiscal. No hay que esforzarse mucho por encontrarla".

“Cúneo y Bullrich están cumpliendo las promesas de campaña, parece”, dice Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) en La Plata. “Están propiciando la salida masiva de los pocos que quedan en prisión, que es en definitiva, el reclamo de los genocidas. Es cierto que hay injusticias en el sistema: por ejemplo, el exdefendido de Cúneo, Enrique Barre, Jaime Smart y otros tantos que se los ve en más que óptimas condiciones siguen los juicios desde su casa. Pero en el medio están mezclando el reclamo por reabrir las causas ‘del otro demonio’ , mostrando que, en realidad, lo que encubren es la intención de acabar con el proceso de justicia”,

Para el abogado Pablo Llonto, los dichos de los ministros muestran su intención de modelar el sistema de justicia a su gusto y piacere. “Bullrich y Cúneo saben bien que quienes deciden sobre las prisiones domiciliarias son los jueces y juezas, nunca el Ejecutivo. Tanto que hablaban de la no intromisión del Ejecutivo en decisiones del Judicial, llegan al poder y hacen todo lo contrario de lo que decían antes. Así como no dijeron en campaña que iban a trabajar para liberar asesinos y violadores, tampoco dijeron que iban a aumentar la pobreza y bajar los salarios a niveles de hambre. Son la representación del engaño, la mentira y la muerte".