"Si no fueron coimas y fueron aportes a campañas electorales, pruébenlo". Con una frase como esa se resume un asombroso choque que se produjo este martes entre la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Cámara Federal de Casación Penal. Sucede que éste último tribunal aceptó, en la causa denominada Cuadernos, que el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, le entregó sumas de dinero al número 2 del Ministerio de Planificación, pero no como coimas, sino como aportes a las campañas electorales del Frente para la Victoria (FpV) en 2013 y 2015. De esa manera, Calcaterra espera que en lugar de una condena por cohecho, coimas, el caso termine en una infracción electoral y apenas una multa. Por lo tanto, la Cámara Electoral instó a la Casación a que aporte elementos que confirmen que esos supuestos aportes fueron para las elecciones, sosteniendo que no basta que un imputado (Calcaterra) lo diga. “No se pueden usar las campañas para sacarle la criminalización a la corrupción”, explicaron cerca de la CNE. Por ejemplo, se deberían aportar pruebas concretas de que esos aportes fueron para las elecciones: que se pagaron carteles o actos o espacios publicitarios en redes sociales. No da la impresión que esas evidencias existan. 

Como se sabe, en la causa Cuadernos se investigan las anotaciones del chofer Oscar Centeno quien sostuvo que acompañó a Roberto Baratta a retirar dinero de las distintas empresas. En el caso de la constructora IECSA fueron 15 retiros, cuatro en 2015 en el Hotel Hilton, y 11 en 2013, en la sede de la propia empresa, en Puerto Madero. Las cifras nunca quedaron claras del todo. Hay un punto que sí respalda lo que dice el empresario: fueron dos años electorales (2013 y 2015) y no hay entregas de dinero en años que no fueran de elecciones. El argumento también es esgrimido por otros empresarios y en algunos casos con muchísima solidez porque tenían pública y notoria sintonía con el peronismo.

En su apelación ante la Casación, Calcaterra insistió en que el dinero que entregó fue como aporte a la campaña electoral del FpV y no pagos por adjudicaciones de obras. Por lo tanto, el empresario y su mano derecha, Javier Sánchez Cavallero, pidieron el pase del expediente, de la justicia penal a la justicia electoral. La expectativa es que el caso se termine saldando como un aporte electoral en negro, ilegal, y se resuelva con una multa.

Lo que hizo ayer la Cámara Electoral fue una especie de golpe sobre la mesa. De manera unánime, con la firma de Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via, dictó una resolución de apenas cuatro páginas en la que le piden a la Casación “que presente copia certificada de su sentencia, junto con los elementos probatorios (testimoniales y documentales) en los que se fundó el pronunciamiento” por el que mandó el expediente al fuero Electoral.

El razonamiento es el siguiente:

  • No basta con que alguien diga que un dinero no fue para coimas, sino para aportes a las campañas electorales.
  • Ese es un intento de escapatoria del acusado del fuero penal hacia un fuero que tiene, presuntamente, penas más leves e incluso redimibles por multas.
  • Por lo tanto, la CNE le pide a la Casación que le aporte pruebas --no sólo la declaración de Calcaterra-- que sustenten la hipótesis de que el dinero fue para campañas electorales.
  • Aun así, en la CNE recuerdan que ese fuero también tiene competencia penal y que bien podría condenar por el delito de cohecho.

En la resolución, la CNE no le devuelve el expediente a la justicia penal, sino que reclama fundamentos del traspaso. De hecho, se plantea un conflicto, porque los jueces electorales le dicen a los penales “no nos usen para blanquear delitos de otra naturaleza”. En el medio del sandwich quedó la jueza electoral, María Servini, que es quien verdaderamente debe decidir, pero la Cámara decidió marcar la cancha: a los magistrados penales y a la propia Servini. Los camaristas electorales no quieren que les cuelen fácilmente la corrupción en las campañas.

La cuestión del dinero electoral blue es un tema de debate en el mundo entero. En el caso argentino quedó también a la vista del lado del macrismo con el famoso caso de los aportantes truchos de la campaña electoral de María Eugenia Vidal. Aparecían aportando dinero personas humildes, que nunca pusieron un peso y a las que les usaron la identidad. 

Es cierto que, gracias a los espacios gratuitos en la radio y la televisión, el costo de las campañas electorales argentinas es muchísimo menor que en otras latitudes. Es que ese es el costo más alto de una campaña electoral e iguala las oportunidades. Un partido chico tiene de esa manera acceso a los medios, algo imposible si los fondos tuvieran que surgir de sus adherentes. Es sabido que enormes sumas de dinero privado condicionan al poder y terminan creando "deudas" que luego el que gana paga con favoritismos. 

El gobierno de Javier Milei va a intentar, tarde o temprano, liquidar el sistema de los espacios gratuitos, argumentando la necesidad de reducir el gasto del Estado. Desde esa óptica, ya está en marcha la remoción de cualquier límite a los aportes privados a las campañas, lo que obviamente beneficia a la derecha, el macrismo y los libertarios. En Estados Unidos, la carrera presidencial de 2020 supuso aportes por 16.000 millones de dólares. Sólo pueden competir los muy, muy, ricos. En la Argentina, los partidos, a lo sumo gastan unos 100 millones de dólares y un partido chico, como el de Javier Milei, no hubiese podido competir sin el financiamiento electoral del Estado.