El 30 de abril de 1984 la Cámara de Diputados de Salta aprobó la expulsión del diputado Mártires Manuel Quintana, por “incapacidad moral para el desempeño del cargo”. 

Fue el primer legislador expulsado de un parlamento, una vez recuperada la democracia, en 1983, por lo que su caso logró repercusión nacional. En momentos en que diputados nacionales reinvindican acciones de terrorismo estatal, la historia de Quintana se resignifica. El legislador fue expulsado porque al acusar de montonera a una diputada dio muestras de haber actuado como integrante de los servicios de inteligencia en la dictadura y también porque se negó a repudiar el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. 

De 60 años de edad, sargento ayudante del Ejército, Quintana había llegado a la Legislatura salteña de la mano del Partido Justicialista en las elecciones de octubre de 1983, las del retorno a la democracia. Apenas meses después, el 11 de abril de 1984, tuvo un choque con su compañera de bancada, la diputada Sylvia Elena Troyano, ex detenida política, quien lo acusó ante el Bloque del Partido Justicialista de ejercer discriminación a la hora de autorizar el ingreso de empleados a la administración pública. “Tengo pruebas que ya mismo puedo presentar sobre la discriminación con que ejecuta esta tarea”, dijo la legisladura, según la crónica de la revista Siete Días.

Quintana respondió con un ataque: “Puedo probar porque tengo pruebas fehacientes de organizaciones nacionales de seguridad, que puedo traer aquí, porque conozco las carpetas, que la ciudadana Troyano “'estaba en otras cosas' que nada tienen que ver con el peronismo y nuestro estilo de vida, y estoy en condiciones de mostrar las carpetas porque tengo acceso a las mismas. Conozco la situación de todos los diputados del bloque y sé lo que soy”, dijo.

El bloque reaccionó y por “cuestiones de disciplina partidaria” dispuso la constitución de una Comisión de Disciplina Interna, que concluyó exigiendo la expulsión de Quintana si antes no renunciaba a su banca. El diputado no renunció y el 17 el bloque planteó su expulsión ante los bloques de la UCR y el PRS. La Cámara, que entonces tenía 120 bancas, aprobó la formación de una comisión especial, integrada por cuatro justicialistas, dos radicales y un renovador.

Las cosas se precipitaron de tal manera que Quintana declaró ante la Comisión el 18 de abril, a partir de las 20.20. Otra vez fue desafiante: “Es evidente, señor presidente, que cuando dicen que tienen miedo de la libertad de los señores en cuanto que yo ofrezco que oportunamente puedo aportar las pruebas, sus conciencias no están tan tranquilas y evidentemente quedan dentro de sí, sombras, restos de inquietud por alguna razón, señor presidente, cosa que a mí no me ocurriría”, afirmó en un lenguaje elíptico, según reseña Siete Días, que añade que cuando le leyeron el acta del bloque con la intención de expulsarlo, Quintana estalló: “Lo rechazo por ser tendencioso. Rechazo por ser pernicioso y como dije antes, en cuanto a la interpretación de las palabras, por subversivas”.

La crónica detalla que la Comisión le pidió que condenara el autoritarismo y la dictadura, que Quintana negaba que fuera un empleado de los servicios, afirmaba que todo era una “burda patraña” y que en todo caso, debían probarlo.

Pero decenas de legisladores del bloque lo habían escuchado cuando había acusado a Troyano de estar vinculada a la organización Montoneros. “Y debía probar que como representante de la democracia condenaba al pasado”, cuenta la revista.

La exposición de Quintana duró siete horas, en dos días. Para entonces ya el hecho había adquirido interés nacional, porque la posibilidad de expulsar a un diputado era un hecho inédito.

Además de escucharlo, la Comisión recibió tres testimonios que resultaron determinantes, de los ex detenidos por razones políticas Eduardo José Porcel, Domingo Jorge Cardinalli y Juan Javier Ovalle. 

Porcel, de 67 años, había sido detenido el 26 de noviembre de 1974 y recuperó la libertad ya cerca de la democracia. Ante la Comisión testimonió que unas 12 personas lo detuvieron, "Creo que eran parapoliciales o paramilitares, y me llevan a la Federal. Allí me encuentro con Pablo Outes, con Cejas y Ovalle, sentados en un banco y atados con cadenas", detalló. La delegación de la Policía Federal de Salta ha sido señalizada como centro clandestino de detención y torturas, como lo referenciaron muchas personas que sufrieron la persecución del Estado terrorista. 

"A la entrada, a la mano izquierda hay una oficina y ahí están Quintana, Cirer, el 'Pelado' Juan Carlos Sánchez, Lavadén y un diputado nacional", siguió Porcel contando su estancia en la Federal, donde él y su hijo homónimo fueron torturados. “¿El Quintana que usted menciona es Mártires Manuel?”, le preguntó un legislador: “Es el suboficial del Ejército, es el mismo”, afirmó Porcel padre. 

Quintana había sido interventor del sindicato de la carne en la dictadura. Cardinalli, que fue secretario general de este sindicato, lo señaló como un torturador. 

La Comisión terminó su labor recomendando la expulsión de Quintana de la Cámara por "inhabilidad moral" para ocupar este cargo. La sesión en la que se trató el caso se raelizó el 30 de abril, en un clima de agitación, porque el caso concentraba la atención en la provincia y fuera de ella. La joven democracia se enfrentaba a los demonios del terrorismo. 

Según la crónica de Siete Días, Quintana acudió a la "extenuante" sesión “enfundado en su traje gris oscuro" y se mostró impasible antes los cantos que lo denostaban desde los balcones de la Legislatura y los aplausos y ovaciones para los otros diputados. Tal era la tensión que Silvia Troyano lloraba. 

Del total de 129 diputados, 119 votaron por su exclusión. “Por fin, el presidente de la Cámara, Benjamín Cruz de Huidobro, se acercó al micrófono y dijo: Queda aprobada por este Honorable Cuerpo la resolución por la cual es expulsado de su seno el diputado Mártires Manuel Quintana”.