Salta, Santa Cruz y ahora Mendoza. Se van sumando las provincias que deciden cobrar la atención a extranjeros no residentes en los hospitales públicos, una medida con la que el propio presidente Javier Milei se mostró de acuerdo en campaña electoral. Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS) revela, sin embargo, que el impacto de ese tipo de atenciones es mínimo en el sistema de salud: en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no alcanza siquiera al uno por ciento. Advierten que esas políticas en verdad esconden una "restricción del derecho a la salud".
Ni un año de La Libertad Avanza en el poder hizo falta para que algunos gobernadores se sintieran habilitados a avanzar con el cobro a extranjeros no residentes en los hospitales públicos. Primero fue Salta, cuyo gobernador Gustavo Sanz oficializó la medida ya en el mes de febrero; después fue el turno de Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, provincia que anunció lo mismo a mediados de abril. A esas provincias se le sumó Mendoza, donde el radical Alfredo Cornejo firmó el decreto que habilitó el cobro.
En otras provincias, como Corrientes, ya hay proyectos de ley presentados en el mismo sentido, mientras que el propio Sanz dijo que impulsaría un proyecto similar al de Salta pero en el Congreso de la Nación. Lo avala la postura del presidente, que ya se manifestó a favor del cobro a extranjeros. Aunque el gobierno nacional aún no avanzó oficialmente en ese sentido, el año pasado, en plena campaña, Milei ya había dicho en una de sus tantas entrevistas con Alejandro Fantino que los extranjeros debían pagar porque "no hay nada gratis".
Desde FSS sostienen, en cambio, que el argumento económico no es más que una excusa para las políticas restrictivas. "Detrás del cobro a extranjeros, la restricción del Derecho a la Salud", se titula el informe publicado esta semana por la fundación, que advierte que "de acuerdo a los datos sanitarios, la atención a extranjeros tiene un impacto mínimo sobre el sistema de salud". Los datos presentados en el informe corresponden a la Provincia de Buenos Aires: de un total de 1.449.606 consultas tomadas para la estadística, el trabajo indica que 3.210 corresponden a extranjeros no residentes, por lo que "solo el 0,2 por ciento corresponde a consultas efectuadas por personas extranjeras".
El número se eleva un poco si se toman en cuenta las internaciones, pero ni siquiera llega al uno por ciento: "del total de personas que se internaron en hospitales bonaerenses en 2023, sólo el 0,8 por ciento corresponde a extranjeros no residentes; 8.970 extranjeros sobre más de un millón de personas internadas durante ese año", señala el informe, realizado en base a datos del Ministerio de Salud provincial para todo el año pasado.
“Estas políticas no se basan en un criterio económico o de ajuste del gasto, porque es mínimo el impacto en el funcionamiento general del sistema sanitario, aún en los lugares de frontera. Se basan en una concepción de la salud como un servicio comercial, es decir un servicio que se puede comprar y vender, y que por lo tanto no es un derecho. Si fuese un derecho, todo el mundo tiene que tener el mismo acceso, no importa dónde viva ni dónde haya nacido", dice a Página 12 Leonel Tesler, médico sanitarista y presidente de Soberanía Sanitaria.
El trabajo también indica que la tendencia de extranjeros no residentes que se atienden en hospitales públicos de la jurisdicción más poblada del país viene bajando en los últimos tiempos: era un porcentaje del 0,25 en enero del año pasado, mientras que para diciembre había descendido al 0,20. En cuanto las internaciones, enero de 2023 marcó el uno por ciento, porcentaje que bajó al 0,65 por ciento para el mes de diciembre del año pasado.
Además, el documento de la FSS recupera un informe realizado por la propia fundación en el año 2016, momento en que el entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, impulsaba la posibilidad de aprobar una ley nacional en este sentido. El argumento principal del jujeño era que las provincias limítrofes "sufrían" más el impacto que otras provincias. Los números de la fundación mostraban, sin embargo, que dicho impacto también era casi nulo en esa provincia.
Aquel informe se centró en dos variables: los partos realizados en los hospitales públicos y el número de egresos hospitalarios. En el primer punto, el informe recuerda que "los niños nacidos vivos que son hijos de madres extranjeras sin documento argentino en los hospitales públicos representaban a nivel nacional un 0,03 por ciento", cifra que apenas se elevaba en Jujuy hacia el 0,44 por ciento. En cuanto a los egresos hospitalarios, el porcentaje bajaba en esa provincia al 0,28 por ciento.
"Lo que se delimita entonces es un discurso estigmatizador que refuerza en el imaginario social el lugar del 'extranjero' como una otredad que goza de una prestación en detrimento y a costa del 'nosotros'", advierte el informe de FSS, que agrega que "la difusión masiva de esta lógica discursiva obtura y sustituye el debate que puede darse en la arena pública sobre los múltiples problemas que posee el sistema de salud y las posibles reformas necesarias para resolverlo".
“La cuestión no es si los extranjeros pagan o dejan de pagar, sino qué concepción de salud tenemos para diseñar las políticas sanitarias con respecto a eso, pero también a otros puntos importantes como la distribución de vacunas o cómo se consiguen los turnos. Todo eso hay que verlo ante la disyuntiva entre la salud como derecho para todo el mundo o como servicio comerciable, donde accede sólo el que puede pagar", añade Tesler en este sentido.
Las tres provincias que adoptaron el cobro a extranjeros en el último tiempo lo hicieron de forma diversa. En Mendoza, una atención en la guardia costará 13 mil pesos, mientras que un día de internación en terapia intensiva sin intervención quirúrgica podría ir hasta los 400 mil. En Salta, en tanto, los precios van desde 6 mil pesos, en el caso de las consultas, hasta los 250 mil de un día de internación. En Santa Cruz, por su parte, las tarifas están definidas por el nomenclador general: a los extranjeros no residentes se les cobra los servicios un 50 por ciento más de lo que le salen al hospital.
