Los descendientes de Teresa Canchi fueron desalojados el viernes último de su propiedad familiar de más de cien hectáreas, que se extiende sobre una porción de las serranía de yungas, en el paraje Los Nogales, entre las localidades de Yala y Lozano, en la provincia de Jujuy.

Los tribunales jujeños de primera y segunda instancia, y luego la Suprema Corte de Justicia de Jujuy (ex Tribunal Superior de Justicia) en 2016, les dieron la razón a los Colqui Canchi. Sin embargo, las sentencias quedaron a un costado el viernes pasado, cuando el fiscal Diego Cussel llegó con la policía jujeña a la puerta de la finca Los Sauces con una orden de desalojo firmada por el juez de Control Martín de Athayde Moncorvo. 

Miguel Ángel Villagrán, abogado de Teresa Canchi y sus descendientes, explicó a Salta/12 que esa orden se basó en otro pedido de desalojo anterior, firmado en 2018 por el juez -actualmente jubilado- Isidoro Cruz. "En ese momento, Cruz entendió que era verosímil la nueva denuncia de la familia (de José Humberto) Martiarena y, por lo tanto, correspondía reitegrarle de manera precautoria las tierras y desalojar a Teresa Canchi", repasó Villagrán. 

Se refería a una denuncia penal que realizaron los descendientes de José Humberto Martiarena, ex gobernador jujeño y ex legislador nacional, que acusaron a los Colqui Canchi de ser usurpadores recientes del catastro cuyo padrón es el A-25144 y del cual son titulares registrales. Los denunciantes aseguran que esas familias campesinas nunca habitaron la finca y, por lo tanto, desconocen lo ya demostrado en el proceso civil que terminó con dictámenes a favor de Teresa Canchi y sus descendientes. 

"Nosotros somos legítimos poseedores", afirmó Erminia Colqui, una de las hijas de Teresa Canchi. "Estamos a la deriva. Rompieron nuestras casas, nos llevaron nuestras pertenencias a la comisaría de Yala", contó entre lágrimas. "Lo malo de todo esto es que los chicos no van a ir a la escuela porque no tienen sus cosas. Ellos están en un predio del Centro Gaucho y varios de nosotros ya perdimos nuestros trabajos", detalló otra hija de Teresa Canchi.

"Desalojaron a mi hermano y su señora, sus cuatro hijos, mi otro hermano y mi cuñada, mis dos hijos y yo", detalló Erminia. "Mi mamá nos prestó una habitacion en la finca, porque a ella no le tocaron su casita", dijo. "Nosotros somos la quinta generación en la finca. La tranquilidad se fue cuando llegaron los de la política", aseguró. "Un día Martiarena se presentó en la finca diciendo que ellos eran los dueños. Se fueron. A los días vinieron los de la Brigada" de la policía jujeña. "No nos muestra ni un papel", reclamó sin nombrar al ex legislador jujeño. "Jamás tuvimos problemas con nadie de aquí", insistió. "Nos rompieron las casas con topadoras". Actualmente, quien reclama penalmente por la totalidad del catastro es el ex diputado nacional José Luis Martiarena.

Después del desalojo, los hermanos Colqui Canchi se organizaron para pedir ayuda porque necesitan alimentos, frazadas, colchones y garrafas para poder hacer frente al despojo de sus tierras, la destrucción de sus casas y la confiscación de sus pertenencias. 

"Si no fuera por la gestión de la gente de derechos humanos de Jujuy, mi mamá y mis hermanos que están con ella no tendrían comida ni agua", dijo a este medio una de las hermanas desalojadas que permanece en el Centro Gaucho que los acoge en Yala. Mientras tanto, la Policía jujeña sigue apostada custodiando el ingreso a la finca y no permite la libre circulación de la familia.

Los Colqui Canchi reclaman que se haga justicia, porque entienden que tanto el fiscal Cussel como el juez De Athayde Moncorvo desconocen la sentencia de la Suprema Corte de Justicia jujeña, que noviembre de 2016 cerró la disputa civil sobre la posesión de la finca Los Sauces en favor de Teresa Canchi y sus descendientes. De hecho, cuentan con un plano y mensura que fue aprobado por la Dirección Provincial de Inmuebles el 21 de marzo de 2011. Ese plano aprobado motivó la denuncia por usurpación de los Martiarena y la posterior demanda civil que se resolvió en la instancia superior jujeña en noviembre de 2016.

El abogado de las y los desalojados aseguró a Salta/12 que el ex legislador jujeño  "entorpeció la investigación y destruyó elementos de prueba". Explicó que "en una causa por usurpación, el inmueble es el objeto del delito, y debe ser preservado. Así se podrá establecer si efectivamente los Canchi tienen la posesión de las hectáreas desde hace más de 50 años, o es como dicen los Martiarena, que los Canchi son unos intrusos que ingresaron a esa propiedad en el año 2018", aseveró. El representante legal aclaró que los Canchi no reclaman la posesión de las 500 hectáreas del catastro, sino aproximadamente una quinta parte de esa superficie.

Villagrán mencionó que evalúa denunciar al juez Martín de Athayde Moncorvo por incumplimiento en sus deberes como funcionario público. Argumentó que el magistrado no tuvo en cuenta procedimientos pautados en el Código Procesal Civil, referidos al resguardo del interés supremo de niños, niñas, adolescentes e incapaces.

"El juez constató que había menores (de edad), pero no le dió participación al Ministerio Público de la Defensa. Obvió absolutamente ese procedimiento", aseguró. "En cambio, le dió participación a una Secretaría que no tiene ninguna función en estos casos porque no realizan actos de defensa", dijo, aludiendo a la participación que dió el juez en el procedimiento de desalojo a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy. Destacó luego que entre los descendientes de la familia campesina, hay 11 niños, niñas y adolescentes, "un discapacitado motriz y otro niño con trastorno de espectro autista".

"Esa omisión es gravísima", continuó el abogado. "El juez no sabe en estos momentos dónde están los menores (de edad), porque no se tomó ningún recaudo", subrayó. "En las imágenes que circularon de momentos previos al desalojo, se ven uniformados rodeando menores de edad que resultan atrapados contra una reja. Es una situación penosa y una imagen que nos remonta a otras épocas", afirmó. "Genera mucha impotencia, porque el ataque (contra la familia Canchi) vino desde la propia justicia".