La diputada nacional Pamela Calletti (presidenta del bloque Innovación Federal) exigió ayer que se identifique a los legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a represores condenados que cumplen prisión en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, también pidió que se aclare quiénes son los diputados que integran el grupo de 13 legisladores que particiaron de reuniones previas. 

Calletti informó en declaraciones a Radio Nacional Salta que en la reunión de Labor Parlamentaria que se hizo ayer pidió "en primer lugar" que la Cámara de Diputados de la Nación "sostenga una resolución reafirmando nuestro compromiso con verdad, memoria y justicia, reafirmando nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos".

Además, consideró "necesario" que "se identifique claramente" a cada diputada y diputado que están involucrados en estas acciones, porque "no son solo los que fueron a Ezeiza, eso hay que aclararlo, porque hubo determinados diputados que aparecen en la foto, otros que no están en la foto pero estuvieron ahí y que aparecen en el registro de ingresos del Servicio Penitenciario en Ezeiza". 

Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes son los tres legisladores nacionales por Salta más cercanos al gobernador Gustavo Sáenz. Outes es hijo de una víctima del terrorismo estatal, Pablo Eliseo Outes, detenido político asesinado el 6 de julio de 1976 en la Masacre de Palomitas, uno de los crímenes juzgado en el Juicio a las Juntas. 

En la Cámara baja salteña el oficialismo provincial impulsó y aprobó anteayer, con el acompañamiento de la legisaldora radical, una declaración de repudio a la visita a los represores y de reafirmación del compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia que sostiene el Estado argentino desde el retorno de la democracia, en 1983. 

¿Orozco fue o no fue?

Calletti también destacó ayer que la diputada nacional por Salta Emilia Orozco, de La Libertad Avanza, "está en el registro (de visitantes al penal de Ezeiza) anotada". "¿Ingresó a la cárcel?", preguntó, y se respondió ella misma: "Por lo menos aparece en el registro y salió de la Cámara de Diputados en una combi de la Cámara de Diputados que pagamos todos los argentinos, salió en esa combi y llegó (al penal)".

La diputada señaló asimismo que la serie de acciones que confluyeron en la visita a los represores, y en la posible propuesta de una medida para beneficiarlos, comenzó en marzo último. "En marzo hay una serie de reuniones que no podemos saber de qué se trata todavía ni quiénes estuvieron", pero al parecer "hay todo como un conjunto de acciones tendientes a lograr la libertad de gente que está absolutamente acreditado que secuestró, mató, torturó, violó, entonces realmente me parece muy grave, y por lo menos creo que corresponde que la sociedad lo sepa". 

"Hay una lista en el ingreso al Servicio Penitenciario, donde aparece una diputada por La Libertad Avanza de Salta, pero también hay determinadas reuniones en las que habrían participado los diputados Zapata y Orozco desde marzo hasta esta visita, más allá de la visita al penal", ratificó Calletti. 

"Creo que es importante" que el Congreso de la Nación se manifieste "reafirmando el compromiso con los derechos humanos porque somos ejemplo en el mundo en esa materia", afirmó Calletti e insistió en que los diputados involucrados en estos actos deben ser identificados con claridad, "porque no somos todos, hay diputados que jamás haríamos lo que hizo esta gente". 

El reglamento interno de la Cámara prevé la situación de los legisladores visitadores sea analizada en la Comisión de Peticiones y Poderes, pero también se puede formar una comisión especial. Esto fue motivo de debate ayer en la reunión de Labor Parlamentaria, "entre un sector que quería una mera declaración, un sector que no quiere hacer nada, un sector que quiere crear una comisión especial", contó Calletti. 

La legisladora consideró que es posible que haya expulsiones de legisladores. Sin embargo, opinó que lo más importante es que "la sociedad tiene derecho a saber, así como tiene derecho a saber qué pasó en la dictadura y todos los desaparecidos que aún no aparecen". También consideró que los legisladores que visitaron a los genocidas no respetaron la jurisdicción de los jueces a cargo de la ejecución de las sentencias que pesan sobre estos represores, "se supone que debieron seguirse los trámites en el ámbito del Poder Judicial, eso implica un respeto de la investidura, de la división de poderes. Eso es lo que se tiene que investigar también", sostuvo. 

Sancionar el negacionismo 

El abogado, ex diputado nacional y ex ministro de Gobierno de Salta Pablo Kosiner aseguró que la visita a los represores y las expresiones negacionistas del gobierno de LLA "generan la apertura de un debate sobre la necesidad de impulsar desde el Congreso una ley que sancione esta postura en relación a experiencias ya existentes en diferentes lugares del mundo".

En una columna de opinión publicada en el portal digital elintra.com.ar, Kosiner hizo una reseña de distintas expresiones negacionistas y respaldó la sanción de una ley que las penalice. 

"Una legislación que sancione el negacionismo en Argentina estaría enmarcada en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 que incluyó en el Capítulo Segundo denominado 'Nuevos Derechos y Garantías', artículos 36 a 38 que defienden la plena vigencia del orden institucional y el sistema democrático, como así también la incorporación de los Tratados sobre Derechos Humanos otorgándoles jerarquía constitucional", sostuvo y deseó que el Congreso de la Nación trate esta cuestión. 

También recordó que por publicaciones periodísticas, "dentro del listado de legisladores nacionales que visitaron a los genocidas estarían los diputados nacionales salteños María Emilia Orozco y Carlos Zapata", lo que "resultaría preocupante", dijo antes de considerar que sería importante que estos legisladores "confirmen o desmientan esta información para que los salteños conozcamos su posición". 

Sobre esta visita, que estaría enmarcada en "el objetivo de avanzar en un proyecto de ley para que condenados por delitos de lesa humanidad sean liberados de la cárcel o eventualmente un indulto presidencial", Kosiner citó estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad para recordar que "de las 3746 personas que han sido investigadas por lesa humanidad, solo el 17 por ciento está detenida. Hay 508 personas en arresto domiciliario, 78 en las cárceles y 56 en la Unidad 34 de Campo de Mayo".