El principio constitucional de presunción de inocencia, que determina que nadie puede ser considerado culpable antes de una condena penal, no ha sido suficiente para garantizar la igualdad de trato en la justicia brasileña, especialmente cuando se trata de personas negras, pobres y socialmente vulnerables. Este hallazgo se demuestra en uno de los artículos del primer volumen de 2024 de la Revista Electrónica del Consejo Nacional de Justicia (e-Revista CNJ).
El artículo “Ciudadanía, sociología y derecho - un análisis de diferentes patrones en casos de homicidio doloso” presenta una investigación analítica realizada en 303 casos de homicidio doloso archivados entre 2015 y 2016. En el 76% de los casos se ordenó prisión preventiva del imputado. La pérdida de libertad se concentró entre personas de los estratos socioeconómicos más pobres.
Según el derecho penal brasileño, la prisión preventiva puede ordenarse para garantizar el orden público o económico, o para asegurar la aplicación de la ley cuando existan pruebas de la existencia del delito o pruebas suficientes de su autoría.
El autor del estudio, Hugo Bridges Albergaria, magíster en Ciencias Sociales de la PUC Minas y auditor de la División de Auditoría de la Comisión Electoral del Estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, utilizó modelos estadísticos que consideran variables como raza/color, educación, tipo de defensa y calificadores en los procesos. Los casos fueron juzgados por las secretarías I y II del Tribunal de Jurado del Distrito de Belo Horizonte (Minas Gerais). Uno de los resultados más impactantes del estudio es que las personas de raza/color negro tienen diez veces más probabilidades de ser arrestadas preventivamente que las personas de raza/color blanco.
La investigación concluye que los acusados más vulnerables económicamente tienden a recibir sentencias más severas que aquellos con un nivel socioeconómico más alto. Esto apunta a una tendencia del Poder Judicial a reproducir las desigualdades sociales y perpetuar la exclusión de grupos sociales vulnerables.
Factores como el desempeño del poder judicial, la defensa por abogados privados o defensores públicos, la condena o absolución del imputado, la dosimetría de la pena, la duración del proceso, la educación y ocupación del imputado revelaron patrones procesales que indican una tendencia en el Poder Judicial a debilitar el acceso de determinadas personas al derecho a la justicia. “El Poder Judicial tiende a sustraer a determinados grupos sociales de la condición de ciudadanos de pleno derecho”, afirma el investigador en el texto.
El artículo cita a Florestan Fernandes, un estudioso de las relaciones sociales y raciales en Brasil, para resaltar la persistencia de las desigualdades y el racismo estructural en el país. Hugo Albergaria afirma que existe “negligencia del Poder Judicial en la igual aplicación de la ley”, perpetuando desigualdades sociales para personas históricamente marginadas.
Publicado originalmente en: almapreta.com.br
