La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver la cuestión de la competencia por la causa Wenance, planteada entre el Juzgado Criminal Nro 43 de la Ciudad de Buenos Aires y el número 3 de San Isidro, justo cuando este preparaba el juicio oral contra Alejandro Muszak y sus supuestos cómplices. Los querellantes ya avisaron que acudirán al Consejo de la Magistratura.

La jueza Paula Verónica González, hasta la feria subrogante en el juzgado 43 donde tramita parte de la estafa de Wenance, llevó su pedido de inhibitoria, para evitar que Alejandro Muszak sea llevado a juicio oral en San Isidro, hasta la Corte Suprema. 

Se trata, formalmente, de una "contienda positiva de competencia". Como el máximo tribunal no tiene plazos para decidir, "el Madoff de Olivos" se encuentra libre y sin perspectivas de ir a juicio en lo inmediato. Como no es un tema de estricta competencia de la Corte, esta tiene la facultad de rechazarlo.  

La causa del juzgado número 3 de San Isidro, a partir de la denuncia de 23 hechos de estafa, comenzó más tarde, pero avanzó con mucha celeridad, por el trabajo del fiscal Alejandro Guevara y la jueza Andrea Rodríguez Mentasty. Tanto que Muszak como sus supuestos cómplices fueron detenidos a mediados de abril pasado y, tras algunas semanas alojados en la DDI de Florida Oeste, fueron trasladados al penal de Magdalena. 

Un mes atrás, los reos fueron excarcelados por un fallo de cámara, que lleva la firma del juez Cayuela, a pesar de que juez y fiscal confirmaron que existían tanto riesgo de fuga como capacidad de entorpecer la investigación.

Desde aquel momento, la jueza González, que había sido objeto de quejas por retardo de justicia y pedidos de recusación de los querellantes, que la consideran totalmente alineada con los intereses de la defensa, intentó atraer para sí el expediente de San Isidro, invocando el principio de “juez natural”, a través de un recurso de inhibitoria.

Pero ese pedido fue rechazado, tanto por la jueza de San Isidro como por la fiscal Mónica Cuñarro, interviniente en la causa que maneja González y por algunos abogados querellantes. Uno de ellos es Alejandro Liporace, quien además denunció a Muszak por lavado de activos ante el fuero federal.

González apeló el rechazo ante la Cámara, obtuvo la misma respuesta, apeló nuevamente ante Casación y, ante un tercer rechazo, elevó su planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que los querellantes consideran “el último favor a Muszak”, antes de abandonar la subrogación por cumplimiento del plazo.

"En esta sede se fueron recibiendo denuncias realizadas por correo electrónico por personas en distintos puntos del país y también causas remitidas por conexidad que se han ido acumulando y a la fecha se cuentan en cientos. Ello permite verificar que este tribunal es el que primero conoció de los hechos y que fue recibiendo causas de otras jurisdicciones por declaraciones de incompetencia emanadas de magistrados de otras jurisdicciones, todas las cuales se resolvió aceptar", sostiene González en su escrito.

El mismo reconoce que, según Cuñarro, "la investigación que tramita en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires evidencia un avance sustancialmente mayor al de esta judicatura, que se encuentra en un franco estancamiento respecto al fondo de la cuestión" y que "las medidas que este tribunal va llevando a cabo no son relevantes ni en miras a dar una respuesta jurisdiccional, sino meramente dilatorias y en muchos casos sin rumbo, con el solo fin de aparentar actividad, en clara violación a la tutela judicial efectiva de las víctimas".

González demoró más de un año en procesar a Muszak. Durante todo ese período no trabó embargos ni tomó medidas para congelar los activos que los inversores le reclamaban al financista. El punto más álgido fue en mayo pasado, cuando la policía federal advirtió que los dispositivos electrónicos secuestrados en un allanamiento de julio de 2023, tanto a Muszak como a sus cómplices, se habían extraviado, sin haber sido nunca peritados.

Curiosamente, como reveló Buenos Aires/12, González había concursado para camarista y quedado en el puesto 28 por orden de mérito, pero apareció tiempo después en el primer lugar, generando el malestar de los otros participantes. González está casada con el fiscal Diego Iglesias, muy cercano al procurador bonaerense e integrante de la mesa judicial del PRO, Julio Conte Grand. 

Recientemente, el juzgado 43 se volvió a sortear y recayó sobre Vanesa Peluffo. Antes, en otra de las tantas curiosidades que rodean a la causa Wenance, había salido sorteada González dos veces consecutivas.

Fuentes con acceso al expediente sostienen que la etapa que se abre es una batalla de influencias en la Corte. Según algunos querellantes, Muszak tendría acceso al presidente de ese tribunal, por lo que intentarían exponer sus razones ante los demás ministros.

Wenance es la fintech que prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población. Desde 2016 fue demandada sucesivas veces por usura y cobros abusivos a los tomadores de crédito. En julio de 2023 dejó de cumplir sus obligaciones con los inversores, que son alrededor de 8 mil, repartidos entre Argentina, Uruguay y España.

La investigación penal confirmó que Muszak realizaba intermediación financiera ilegal, sin licencia del Banco Central (BCRA). Su operación consistía en emitir títulos de deuda por esos préstamos y colocarlos, tercerizando así el riesgo. Llegó a vender hasta seis veces el mismo préstamo, lo que constituye una típica conducta de esquema Ponzi, donde los nuevos inversores pagan los beneficios de los anteriores. 

Los peritos difieren en cuanto al monto total de la estafa, que los cálculos más conservadores estiman en 200 millones de dólares. Los inversores, que pelean por recuperar su dinero, se turnan para montar guardia y escrachar al financista en su domicilio de La Pampa 1730.