Los fiscales Pablo Lanza y Fernando Dalmau acusaron ayer a nueve personas por una treintena de estafas cometidas en el último tiempo en al menos tres agencias de autos, ubicadas en sobre Pasaje Independencia al 3200 y en dos locales de avenida Pellegrini al 3100 y al 4800. Entre los imputados se encuentra Nelson Ugolini, ex empleado del Ministerio Público de la Acusación, quien a su vez está involucrado en la causa por juego clandestino por la que fue condenado el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y está próximo a ir a juicio el ex fiscal regional Patricio Serjal. Ugolini fue imputado como el abogado de esta organización delictiva dedicada a estafar personas que querían comprar o vender autos. Ugolini, es imputado por asociación ilícita, 6 hechos de estafas y una amenaza simple. La audiencia que sigue hoy, es presidida por el juez Alejandro Negroni. El colmo de las estafas fue que utilizaron un auto dejado en consignación para su venta para una salida personal, y fue conducido por un sujeto alcoholizado, quien termino detenido y multado. Obviamente la sanción económica recayó sobre el titular del rodado también, quien debió retirarlo del corralón.
Ugolini, quien fue detenido el miércoles 24 de julio, es un personaje de cualidades singulares, con inclinaciones esotéricas y problemas previos con la ley, que quedó en el centro de una causa entre políticos y fiscales señalados por amparar al condenado capitalista de juego Leonardo Peiti a cambio de coimas. Tiene un pedido de cinco años de prisión acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados más cohecho. Puntualmente "Coqui" Ugolini filtraba datos desde dentro de la fiscalía a Peiti, capitalista de juego extorsionado allá por el 2020 por parte de la banda de Los Monos.
Volviendo al presente para la Fiscalía el grupo de estafadores de las tres concesionarias operó al menos desde diciembre del 2023 en forma organizada, sistemática y con permanencia en el tiempo destinada a cometer distintos delitos, algunos de ellos relacionados a la compraventa de automotores. Para ello, abusaban de la confianza de las víctimas, las defraudaron y las hacían caer en error a través de distintos ardides o engaños.
Concretaron se le imputan al grupo 32 casos de estafa, aunque el funcionario del Ministerio Público de la Acusación tiene material para luego ampliar la cantidad de hechos. Los involucrados son Andrés Javier Alarcón, Camila Giselle Mendoza, Roberto Pereyra, Walter Ríos, Nelson Ugolini, Maximiliano Hernán Alarcón, Leandro Jaquet, Diego Alberto Gordillo y Fernando Ortellado Rodríguez.
Sin dudas las más complicada, por lo señalado desde el Ministerio Público de la Acusación, es Camila Mendoza a quien le atribuyeron 32 casos de “estafa reiterada por abuso de confianza", a Andrés Alarcón 25, a Walter Ríos 11, a Roberto Pereyra 9, a Leandro Jaquet 8, a Nelson Ugolini 6, a Fernando Ortellado Rodríguez 3, a Diego Gordillo 2 y a Maximiliano Alarcón 1.
De acuerdo a la acusación de Lanza, al menos desde diciembre del año pasado todos formaron parte de una asociación ilícita que, “en forma organizada, sistemática y con notas de permanencia en el tiempo”, se destinó a cometer delitos vinculados a la compraventa de automotores.
Para ello utilizaban locales comerciales con fachadas de concesionarias y suscribían distintos documentos como boletos de compra venta automotor, recibos, consignaciones de automotores para la venta. De esta manera lograban que las víctimas entregaran dinero o autos, les hacían sacar préstamos personales o prendarios en bancos o entidades financieras para concretar las operaciones que nunca llegaban.
Tenían tres concesionarias que usaban como fachada para estos ardides, incluso los autos que les dejaban en consignación eran utilizados para otros fines no autorizados por sus dueños. En algunos de estos casos los autos tenían multas o fueron remitidos al corralón, los conducían en estado de ebriedad. Y para los que iban a comprar vehículos en cuotas, le sacaban dinero y no les entregaban el coche.
En su exposición Fiscalía explicó que los imputados hacían caer en distintos errores a sus clientes “a través de engaños, que consistían en la suscripción de documentos (contrato de compraventa de automotor, recibo de dinero, contrato de compraventa automotor, contrato de consignación de automotor para vender, contrato de compraventa automotor compra) y aparentando bienes o negociaciones, lo que lograba que las víctimas hicieran disposiciones patrimoniales voluntarias y entrega de dinero o vehículos, extracción de un préstamo o crédito prendario en bancos y/o entidades financieras, con el objeto de concretar operaciones comerciales con vehículos” en las agencias señaladas.
En esta linea el fiscal Lanza ponderó que la organización “montó locales como agencias de autos” y constituyó dos cooperativas. “También contaban con oficinas en el micro y macrocentro de Rosario, como eran las de calle Corrientes al 600, Paraguay al 1700, Rodríguez al 1100, donde las víctimas eran mandadas a realizar distintos tipos de maniobras –suscripción de documentos– que concluyeron con desapoderamiento de sus vehículos y de una suma importante de dinero, o de ambos”, comentó.
“También contaban con gestores para los trámites administrativos en los registros de propiedad automotor y para realizar la transferencia del rodado”, sostuvo.
