La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), avaló la vigésimo novena ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales.
Con 57 votos de 60, todos de NI y sus aliados, se aprobó dicha extensión de 30 días, por lo que sigue suspendido hasta el 7 de septiembre el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
Estas 29 extensiones se han dado a pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele dice que ha logrado "sanar" al país de las pandillas y que la Constitución señala que una vez superada la situación que dio pie a la medida, se debe levantar.
Según el decreto aprobado, la medida se justifica a raíz de los "remanentes" de las pandillas que "continúan produciendo actividad delictiva, constituyendo estos grupos en el enemigo y más grande amenaza que el Estado debe enfrentar".
Según cifras oficiales, desde marzo de 2022, se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, entre los que se encuentran más de 7.000 personas que han sido puestas en libertad condicional. Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
El Salvador registró en 2015 su año más violento desde el final de la guerra civil con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en 2016 comenzó una tendencia a la baja que se acentuó con la llegada de Bukele al poder. Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Piden investigar la inacción ante las muertes de menores en las cárceles
Abogados de organizaciones no gubernamentales solicitaron este jueves a la Fiscalía General de El Salvador que investigue a un ente público de niñez por "no responder" ante las muertes de menores registradas en cárceles, en el contexto de la implementación del régimen de excepción.
El abogado Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), explicó a periodista que se trata de un aviso penal entregado en una de las sedes de la Fiscalía en Salvador contra el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) y su directora, Linda de Moran.
Señaló que la Conapina y Moran "han cometido los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes al no dar respuesta ante las muertes de niños en cárceles y menores que han quedado en la orfandad por la captura o muerte de sus padres".
Joya amplió que en septiembre del año pasado organizaciones presentaron ante el Conapina un escrito para que "tomara cartas en el asunto ante esta situación", pero aseguró que "no hubo ninguna acción".
