Un tribunal de segunda instancia de Brasil validó el indulto que el expresidente Jair Bolsonaro le concedió a los policías condenados por la matanza carcelaria de Carandiru, la mayor de su tipo en la historia del país y en la que murieron 111 presos en octubre de 1992.

El Tribunal de Justicia de Sao Paulo consideró constitucional el indulto concedido por Bolsonaro en diciembre de 2022, en los últimos días del mandato del líder ultraderechista, y que había sido suspendido cautelarmente por la Corte Suprema en enero de 2023 a petición de la Fiscalía.

Pese al alegato de la Fiscalía de que la medida era inconstitucional por atentar "contra la dignidad humana y los principios del derecho internacional público", los miembros del Órgano Especial del Tribunal, por 18 votos a favor y 6 en contra, consideraron que el indulto no viola ni la Constitución ni la legislación penal.

La mayoría de los magistrados concluyó que los crímenes fueron practicados hace más tres décadas, en una época en que este tipo de delito no era considerado como "hediondo" por el código penal. La Constitución establece que los autores de "crímenes hediondos" no pueden ser beneficiados con indultos o perdones.

Los policías beneficiados

El decreto redactado por Bolsonaro para conceder el indulto prevé específicamente el perdón para policías condenados "por hechos ocurridos hace más de 30 años" y que "no eran considerados hediondos en el momento de su práctica", lo que fue interpretado como una medida destinada específicamente a beneficiar a los autores de la matanza carcelaria.

El indulto, ahora en vigor nuevamente, beneficia a los 74 policías que fueron condenados por la matanza, de los que cinco murieron antes de la conclusión del proceso.

Los 74 policías fueron condenados en 2013 y 2014 por 111 homicidios de presidiarios, pero nunca llegaron a pisar la cárcel gracias a las maniobras de sus abogados para dilatar los juicios de apelación en instancias superiores, en un caso que se convirtió en un símbolo de la impunidad en Brasil.

La matanza

La matanza de Carandiru ocurrió el 2 de octubre de 1992 como respuesta a un motín en el pabellón nueve de este presidio de Sao Paulo, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.

La Policía reprimió el motín con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas, sin posibilidad de defenderse o huir.

Según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, algo que para los grupos de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados sumariamente.

Posteriormente, la cárcel de Carandiru fue cerrada y demolida en 2002 para dar lugar a un parque.