El gobierno porteño frenó toda obra de construcción nueva en la ciudad hasta que se apruebe la reforma del Código Urbanístico (CUR), cuyo proyecto oficial está en la Legislatura hace diez días. La intención es evitar una avalancha de permisos de obra de último momento con el Código ahora vigente, que el oficialismo busca cambiar.

Entre otros puntos, la reforma que impulsa el gobierno de Jorge Macri prevé bajar algunas de las alturas permitidas para ajustarlas a las "escalas barriales" y dejar los grandes desarrollos sólo para avenidas.

Ahora, el jefe de gobierno porteño firmó un decreto para suspender los trámites de Certificados Urbanísticos de Registros de Etapa Proyecto para ampliaciones u obra nueva que se inicien a partir de este viernes, para inmuebles ubicados en Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja 1 (con un máximo de 9 metros de altura) y Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja 2 (con una altura máxima de 11.60 metros).

Con ese decreto, estos proyectos quedan suspendidos por 180 días corridos o hasta que se sancione la ley que introduce los cambios en el CUR, lo que ocurra primero.

De todos modos, se aclaró que la nueva norma no es retroactiva, por lo que no afectará las autorizaciones que ya se estén ejecutando.

El 31 de julio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) envió a la Legislatura porteña el proyecto de ley para actualizar el Código Urbanístico (CUR). La iniciativa busca modificar varios apartados del Código aprobado en 2018, cuestionado por las agrupaciones vecinales por el desmesurado avance inmobiliario que provocó en los barrios residenciales de casas bajas. 

Las modificaciones periódicas al Código están establecidas por su propia ley de creación e implican, además, un tratamiento de doble lectura con audiencia pública de por medio, por lo que la aprobación final de la norma llegaría, como mínimo, hacia fin de año.

Entre los nuevos ajustes que propone el gobierno, figura la readecuación de la Unidad de Sustentabilidad Baja (USAB), la tipología que regula a las construcciones de escala más baja de la ciudad. Hasta ahora existen dos tipos de USAB --1 y 2--, que serán ampliadas a tres --0, 1 y 2--, correspondientes a tres alturas máximas: 9, 12 y 14,6 metros. En la misma línea, el proyecto incorpora ampliaciones de los "centros libres de manzana", es decir los espacios que deben dejarse sin construir al interior de las manzanas y que habían sido recortados en el CUR del 2018.

Estos ajustes se realizarían "priorizando las escalas barriales y resguardando la identidad de cada barrio".

Pero el proyecto de ley presentado no sólo apunta a modificar la normativa de construcción sino que también busca incorporar una serie de inmuebles al catálogo de protección patrimonial. Según indicaron desde el Gobierno porteño, se tata de "4209 inmuebles con valor arquitectónico, que hoy se encuentran en el catálogo preventivo".

La iniciativa también prevé la creación de mecanismos de "impulso a la zona sur" de la ciudad a través de "un sistema de incentivos para el desarrollo de construcciones en esos barrios". Aseguran que, desde la aprobación del CUR en 2018, "de las 4.201 nuevas construcciones que se aprobaron solo 191 --el 4,8 por ciento-- se localizan en las comunas del sur".

Aunque el proyecto ya fue ingresado a la Legislatura con giro a la Comisión de Planeamiento Urbano, todavía no hay una fecha confirmada para que la comisión se reúna y comience a discutir su articulado.

El CUR aprobado aprobado en el año 2018 para reemplazar al viejo Código de Planeamiento Urbano (CPU) viene recibiendo críticas de vecinos y organizaciones desde antes de su sanción por fomentar "el aumento exponencial del volumen constructivo, las alturas y el avance sobre los pulmones de manzana, las líneas de frente y de retiro" y "el estallido de la explotación comercial, la saturación de usos del suelo y los servicios", de acuerdo a una declaración de la Interbarrial conformada para frenar el avance inmobiliario indiscriminado en los barrios.

Esa organización también alertó en su momento que el CUR permitía "el avance sobre los espacios verdes y la pérdida del arbolado urbano", así como "la destrucción del patrimonio histórico y arquitectónico de los barrios".

Las problemáticas se extienden a todos los barrios, que en los últimos años protagonizaron el surgimiento de nuevas organizaciones vecinales con el objetivo concreto de rechazar las modificaciones normativas de la construcción impuestas por el nuevo CUR.

De hecho, la mayoría de las agrupaciones que hoy integran la Interbarrial ya presentaron en la Legislatura proyectos de ley propios para buscar limitar las alturas y capacidades constructivas habilitadas por la nueva normativa para sus barrios. Ya son más de diez los proyectos de este tipo presentados, de los que sólo tuvieron éxito los casos de Bajo Belgrano y Lomas de Núñez, donde los y las legisladoras sí aprobaron normas para regular la construcción. El resto de los proyectos todavía esperan en comisiones y es por esto que las organizaciones decidieron reclamar en unidad la modificación integral del CUR en toda la ciudad.

Ahora, habrá que esperar los tiempos legislativos para introducir los cambios en el Código Urbanístico. Mientras tanto, no podrá haber obras nuevas en la ciudad.