Perú aprobó este viernes una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. En medio del rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la ley fue publicada en la prensa local luego de que el gobierno decidiera no observarla.
El texto anula procesos por presuntos crímenes cometidos durante el conflicto interno o "guerra contra el terrorismo" según las autoridades de la época, que dejó más de 69 mil muertos y 21 mil desaparecidos entre 1980 y 2000. Según la norma nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
"Ley de impunidad"
"Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra", destaca la ley que entrará en vigencia a partir del 10 de agosto. Según las autoridades peruanas la normativa sirve para precisar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación local.
El gobierno rechazó que se trate de una amnistía encubierta o "ley de impunidad", como señalan grupos defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas de matanzas cometidas por militares entre 1980 y 2000. "No creemos que, con esta ley de lesa humanidad y crímenes de guerra, se esté pretendiendo afectar los derechos de las víctimas, dado que todos los involucrados están siendo procesados", dijo el miércoles el jefe del gabinete Gustavo Adrianzén, en una conferencia de prensa.
La controversia, de acuerdo a Adrianzén, "radica en que lo señalado en el estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley", por lo que, según el funcionario, "desde el punto de vista de la aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la norma promueva la impunidad".
Impulsada por la mayoría derechista que controla el Parlamento unicameral, la norma permitirá la prescripción automática de unos 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados desde hace más de tres décadas, alertaron diversas organizaciones favor de los derechos humanos e instituciones como el Ministerio Público. Perú reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que quedó habilitada para intervenir en los crímenes más graves de guerra y de lesa humanidad cometidos después de 2002, cuando entró en vigor en el país el Estatuto de Roma.
La iniciativa generó desde julio el rechazo de la Corte IDH ante el peligro de dejar impunes ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por fuerzas del Estado, que marcaron las décadas de 1980 y 1990. Entre otros esta ley beneficia al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años de prisión por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992. El exmandatario, de 86 años, fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto humanitario, pese a la objeción de la justicia interamericana. Estuvo preso 16 años.
Rechazo de la ONU
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lamentó la semana pasada que el Congreso peruano aprobara este proyecto de ley, al que considera contrario al derecho internacional. "Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor esta ley", declaró Türk en un comunicado.
"La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el Estado de derecho en Perú", argumentó el alto comisionado y agregó: "Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción".
El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, establece que los delitos más graves no prescriben. "La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú", aseguró Türk.
