La diputada Lourdes Arrieta ratificó la denuncia contra sus colegas de La Libertad Avanza (LLA) y las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por la visita a un grupo de genocidas que están presos en la cárcel de Ezeiza. El juez federal Ernesto Kreplak la tuvo como querellante y dispuso que se la custodie a ella y a su familia después de que la legisladora libertaria denunciara que se siente amenazada y desprotegida.

Arrieta estuvo el 11 de julio pasado en la Unidad 31 de Ezeiza junto a otros cinco diputados, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Arrieta posó en el centro de la foto de familia que los legisladores –con excepción de Bonacci– se tomaron con los represores de la dictadura,

Desde que trascendió la visita, Arrieta –que se hizo conocida por ir a una sesión con un patito en la cabeza– buscó mitigar el impacto. Públicamente salió a decir que, como nació en 1993, no sabía quién era Alfredo Astiz. Después apareció con un ejemplar del Nunca Más en el Congreso. Y posteriormente presentó una denuncia contra todos aquellos que estuvieron involucrados en la excursión a Ezeiza.

Arrieta denunció una larga lista de delitos: coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicos. Los apuntados pueden dividirse en tres grupos: integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), integrantes del Congreso y miembros del grupo que se reunía en la casona de Montevideo 871.

Del Congreso, Arrieta denunció a Sharif Menem –mano derecha de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados– y a tres de los visitantes a Ezeiza, Benedit, Ferreyra y Montenegro. No incluyó a Bonacci, que fue la primera en despegarse de la visita, ni a Araujo.

Del grupo que se reunía en Montevideo 871, denunció a los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, al excamarista de Casación Eduardo Riggi y al cura Javier Olivera Ravasi. El sacerdote es un influencer de ultraderecha que es hijo del genocida Jorge Olivera, que está en arresto domiciliario. Saint Jean es hijo de Ibérico Saint Jean, el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Olea, por su parte, era secretaria de Riggi en la Cámara Federal de Casación Penal pero debió renunciar cuando se supo que alternaba sus tareas en el tribunal con la defensa de su padre, Enrique Braulio Olea, un jerarca del V Cuerpo de Ejército durante la dictadura.

Un día después de que asumió Javier Milei, OIea y Saint Jean se presentaron ante la Cámara Federal de Casación Penal para pedir que el tribunal hiciera un plenario para fijar una posición única acerca del arresto domiciliario para mayores de 70 años: pretendían que dijera que era un beneficio automático. La maniobra naufragó el 22 de marzo, cuando el tribunal de superintendencia rechazó el pedido de los abogados que militan en Justicia y Concordia.

Arrieta también denunció al jefe del SPF, Fernando Martínez, por la visita del 11 de julio. En su escrito, la diputada mencionó que hubo personal jerárquico del SPF durante el encuentro entre diputados y genocidas. En uno de los chats que aportó en su escrito, puede leerse que Olivera Ravasi comunica que Benedit había hablado con Patricia Bullrich para que ella les facilitara el ingreso a los penales donde hay genocidas alojados.

Kreplak decidió unificar la denuncia de Arrieta con la que había hecho el juez Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires, después de requerirle informes al SPF sobre cómo se había gestado la visita. Obligado tiene a su cargo la ejecución de la pena de Astiz y del resto de los represores condenados por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Obligado había recibido un pedido del abogado querellante Pablo Llonto para que se investigara si el SPF no había violado la normativa que establece que cada interno debe autorizar a quien lo visita. El fiscal Félix Crous también había apuntado que los funcionarios públicos deben fundar el porqué de una visita a un establecimiento penitenciario.

La investigación fue delegada en la fiscalía que está a cargo de Sergio Mola, uno de los fiscales que intervino en la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Cuando Mola juró en su cargo, Bullrich –responsable máxima del SPF– estuvo en primera fila.

"Bonacci y Arrieta fueron engañadas para ir. En los grupos de Whatsapp en ningún momento se habló de las personas que iban a ver, les mencionaron a los diputados que iban a ver a presos políticos y cuestiones de sanidad", dijo Yamil Castro Bianchi, abogado de Arrieta, en una entrevista radial. "Patricia Bullrich había facilitado el ingreso de los diputados. No los revisaron en ningún momento al entrar en el penal, rompiendo todos los protocolos y si querían entrar con una 9mm, podían hacerlo", añadió.