Mientras el peronismo se ve envuelto en el escándalo que protagoniza el expresidente Alberto Fernández, acusado de violencia de género, La Libertad Avanza busca aprovechar para avanzar en el tratamiento de proyectos de ley que complican la vida de los argentinos. Por caso, los diputados libertarios junto al bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo, solicitaron la realización de unas sesión especial con el objetivo de transformar el servicio educativo como un servicio esencial. No es el único proyecto, también buscan aprobar la reforma del Banco de Datos Genéticos y la prórroga del Programa de Entrega Voluntario de Armas.

Tras haber fracasado en su intento de sesionar esta semana por la ausencia del bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, el oficialismo junto al PRO, su principal aliado, armó una agenda parecida a la que intentaron hacer el miércoles pasado y sumaron una iniciativa clave sobre educación.

Si el oficialismo logra sentar a 129 diputados en sus bancas con la ayuda de los radicales, Innovación y Encuentro Federal, el primer tramo de la sesión estará monopolizado por el repudio impulsado por diferentes bloques de extracción política contra los legisladores libertarios que visitaron a los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza.

El pedido de sesión especial fue solicitado por los diputados del PRO Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo, y de la Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, y Facundo Correa Llano. Uno de los puntos que genera mayor debate será el proyecto que declara a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial, que es rechazado por Unión por la Patria, un sector de la UCR y la izquierda por considerar que es una limitación del derecho de huelga.

También volvió a incluir dentro del temario de la sesión los proyectos de entrada de tropas extranjeras, y la reforma del Banco de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, y el programa de Entrega Voluntaria de Armas.

En tanto, para el jueves a las 10 está pedida otra sesión especial por parte de Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal), la Coalición Cívica y un grupo de diputados díscolos del radicalismo para tratar la derogación del decreto 656 que otorgó 100 mil millones de pesos de presupuesto para gastos reservados de la nueva SIDE. Esta situación configura un panorama inaudito para la semana que viene, con tres sesiones especiales pedidas con una diferencia de menos de 24 horas entre el inicio de la primera y el de la tercera y última.

Y tiene como antecedente inmediato está la caída de la sesión especial que había motorizado el oficialismo el miércoles pasado, con un temario que incluía el tratamiento de un proyecto para la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, muy esperado por las "Madres del Dolor", así como de otra iniciativa para modificar la ley de Armas.

Los bloques dialoguistas buscan a través de esta pulseada de sesiones presionar al oficialismo y posicionarse de cara a una "rosca" que no necesariamente se cristalizará con las tres convocatorias en pie. Como telón de fondo se encuentra el reclamo tanto de la UCR como de Encuentro Federal para que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ponga fin a la parálisis de la conformación de la estratégica Comisión Bicameral de Inteligencia.

En el caso de la sesión pedida por Encuentro Federal, la posibilidad de que LLA pueda revertirla es más que complicada dado que en el bloque que preside Miguel Pichetto hay sed de venganza por el boicot de Martín Menem al nombramiento de Emilio Monzó en la bicameral de Inteligencia. Y la relación con el radicalismo tampoco goza de buena salud ante la resistencia del oficialismo a aceptar la candidatura de Mario Negri para la Auditoría General de la Nación (AGN).

"No hay posibilidad de dar marcha atrás con la sesión. Ya está pedida y hay mucha insistencia dentro del bloque con ese tema" del presupuesto universitario, aclararon fuentes del bloque UCR. El dictamen de minoría con 21 firmas de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela, propone actualizar el presupuesto universitario con el criterio de la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base indexarlo de forma bimestral con un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.