El gobierno de Santa Fe está cercado por afuera y por eso redobla hacia adentro políticas de ajuste de gastos. Con la fuerza del descuento por huelga y con el incentivo del presentismo de los ‘90; logró quebrar el frente gremial docente y exhibió en la plaza pública que “sólo el 28%” de los maestros adhirieron al paro del 7 de agosto. Los docentes particulares ya habían tirado la toalla en una asamblea donde ganó la moción de ir a trabajar ante el panorama de ser sancionados por la provincia y también por la patronal de la enseñanza privada.

Pero no tuvo tanta suerte cuando quiso meterle la mano en el bolsillo al campo, el sector más venerado discursivamente cuando se menciona el “motor productivo” de la provincia. Ni tampoco con las empresas de la construcción que vieron amenazada su subsistencia con el proyecto de Emergencia Vial que se disponía a aprobar esta semana el Senado provincial. Es que la iniciativa suspende el Compre Santafesino que le da ventajas a las compañías santafesinas en las licitaciones para obras. A la vez, dentro de esa misma emergencia para las rutas de la provincia, el mayor peso de los costos recae sobre los productores rurales frentistas.

La emergencia plantea que el gobierno provincial se encargue de las obras de construcción, ampliación y hasta mantenimiento de las rutas, financiándose por contribución de mejoras, atento a las restricciones presupuestarias. Pero como además buscan bajar costos, comprende la suspensión por cuatro años del "Compre Santafesino". Este mecanismo dispone que un contrato de obra que se licita queda para una empresa santafesina si ofrece hasta un 5% más de precio que una empresa de otra provincia que le compite. Y si la diferencia es hasta el 8%, se le permite a la provincial, mejorar la oferta, si así lo quiere.

Para la diputada provincial Lucila De Ponti (PJ) el proyecto ingresado por el gobierno a la Cámara alta provincial, “es un retroceso”. La legisladora coincidió en que el estado de la red vial provincial presenta “un deterioro importante, en especial las rutas del norte de nuestra provincia”, pero “no estamos de acuerdo en la suspensión del Compre Santafesino” para la contratación de obras viales propuesta por el Gobierno.

También la Sociedad Rural de Rosario cuestionó los cambios en el impuesto Inmobiliario Rural dispuesto al que calificó como un "engendro tributario". Por otra parte, surgieron cuestionamientos por el aumento de tarifas en peajes de rutas provinciales. "Reclamamos al gobierno provincial que derogue la distorsión impositiva generada por la figura del gran propietario rural", arranca la entidad y luego explica: "Toda partida inmobiliaria ya cuenta con la respectiva progresividad en función de la valuación (a mayor valuación, mayor impuesto proporcional). No obstante, la ley tributaria vigente impone otro impuesto, definido como adicional Gran Propietario Rural, que vuelve a aumentar la misma partida, hasta un 80% más", sostienen.

Al respecto, el diputado provincial Marcos Corach cuestionó al gobierno por la acumulación de aumento de las tarifas de peajes en rutas provinciales. Corach se hizo eco de una publicación periodística que daba cuenta de un comunicado del denominado Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) que cuestionó un incremento de 256% en seis meses. "Gobernar a tarifazo limpio, sin ningún reparo en leyes ni en el bolsillo de la gente, es un camino que conduce al abismo. Primero, al que se enfrenta la propia gente, y después el que enfrentan los gobiernos que creen posible gestionar de espaldas al pueblo", disparó el legislador.

Ante semejante reacción el Senado provincial abrirá ahora una ronda de consultas con entidades empresarias del agro y de la construcción antes de aprobar la declaración de “Emergencia Vial”, que carga sobre el frentista buena parte de la financiación de las obras y que suspende por cuatro años las ventajas que por ley tienen en las licitaciones las constructoras santafesinas frente a las foráneas.

Si bien la iniciativa tenía los votos para ser aprobada un grupo de senadores, entre ellos el rosarino Ciro Seisas, impulsó la realización de una ronda de consultas para escuchar propuestas de las entidades empresarias. Es que si bien la declaración tiene el consenso mayoritario de los senadores (de hecho, se definió que se apruebe en la sesión del 28 de agosto), los legisladores buscan que no salga con la oposición empresaria, sobre todo, porque entienden que es una buena iniciativa para recuperar la derruida infraestructura vial provincial.

Los recortes de las partidas nacionales empiezan a resquebrajar el delicado equilibrio interno de las finanzas santafesinas. Una ecuación que históricamente se mantuvo en 60% de recursos nacionales y 40% de fondos propios, estalló por los aires. La política salvaje de Javier Milei rompió ese escenario que será imposible de recuperar por más que el gobernador Maximiliano Pullaro rasque la olla aquí y allá en busca de recursos. La hipótesis de que esta crisis sería una oportunidad para mostrar el potencial santafesino y toda la decisión política de una gestión, empieza a diluirse pasado el primer semestre en el infierno.

Esta semana los tres gobernadores de la región Centro, Martín Llaryora de Córdoba y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, además de Pullaro; se mostraron juntos en Experiencia IDEA Rosario y dejaron una imagen muy distinta a la que juntos habían ofrecido en encuentros anteriores donde se intuía una articulación regional con el suficiente músculo político como para enfrentar la motosierra del gobierno nacional. Es que los tres fracasaron en sus gestiones de conseguir mayor financiamiento tras los primeros brutales recortes que tornaron inservibles a los esfuerzos provinciales.

Mientras los tres estaban reunidos en Rosario, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, les decía en la cara a los diputados de la Comisión de Transporte -donde había varios legisladores santafesinos- que no se repondría el Fondo Compensador del Transporte y que desde el mes que viene los recortes se darían también, aunque en menor medida, en CABA y AMBA así que ya no podrá esgrimir el interior el argumento de la falta de federalismo y de asimetrías.

“Pasaron dos días desde que un funcionario nacional (Mogetta) anunció que no habrá subsidios al transporte del interior, ni tren entre Santa Fe y Paiva, ni Circunvalar, ni órgano de control de la hidrovía (que tenía sede en Rosario). Cuando se despierte Pullaro seguro se arma la podrida…”, posteó irónicamente en su cuenta de X el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Toniolli.

Es cierto, no hubo reacción alguna sobre estas drásticas medidas y también se desactivó la movida de intendentes de las principales ciudades, incluido Pablo Javkin de Rosario, hacia el Congreso de la Nación. Una especie de resignación y derrota ronda los destinos de las distintas administraciones.