“Pobre Jazmín. Así la encontraron”. Ese fue el título elegido por un diario de gran tirada para relatar la muerte de la modelo de 27 años, Jazmín de Grazia, que había sido hallada en la bañadera de su departamento en Recoleta el 5 de febrero de 2012. Las imágenes mostraban el cuerpo sobre el piso y detalles del baño. Siete periodistas fueron procesados por esa publicación. También dos agentes de policía que según el juez “aprovecharon sus funciones” para tomar las fotografías y venderlas. Las uniformadas las habían filtrado antes de armar el expediente policial, por lo que las fotos nunca llegaron a formar parte de la causa. La justicia dispuso además que Google colaborara con la familia para frenar la difusión.

En junio de 2013 varios medios exhibieron imágenes del cuerpo sin vida de Ángeles Rawson, de 14 años, tal como fue encontrado en la planta de residuos de la Ceamse. Tanto su familia como organismos de protección de la niñez solicitaron medidas para que se dejaran de difundir esas fotos. Finalmente, una resolución judicial prohibió su circulación, medida que incumplieron varios portales.

No es tan sencillo visualizar los hilos que conectan este tipo de violaciones de la privacidad y regodeo morboso de los que fueron objeto De Grazia y Rawson, entre tantas otras, con formas un poco más elegantes de humillación.

“El modo en que muchos medios de comunicación y usuarios de redes sociales están difundiendo imágenes privadas pone en evidencia que no les interesa lo que pueda suceder en orden de la Justicia --reparar a una mujer que fue violentada-- sino expandir el daño haciendo resonar, una y otra vez, la violencia ejercida o padecida. Los feminismos venimos discutiendo esa producción de imágenes y la profusión de relatos que, en nombre de la sensibilización, sólo generan insensibilidad, porque apelan al consumo y a la repetición de la crueldad”. La anterior es una reflexión de María Pía López sobre los sucesos de esta semana (la circulación de las fotos de la ex primera dama Fabiola Yáñez) pero podría aplicarse sin dificultad a otras escenas de banalización de la violencia en las que se utiliza la exhibición del cuerpo de las mujeres como superficie de disputas simbólicas, políticas y también económicas.

A lo largo de esta semana, no sólo se difundieron imágenes de Yáñez, sino que además se viralizaron unos videos que si bien refuerzan la mala reputación de Alberto Fernández y condimentan la escena en la cabeza del público, no aportan nada a la causa en la que se encuentra imputado por violencia de género. 

“Solo falta que aparezcan las nudes de Alberto”, se escucha en chiste por ahí como posible clímax de lo que empezó como una denuncia gravísima por violencia y se terminó convirtiendo en un Lewinsky gate: el foco de la información pasó de estar puesto en la denuncia de Fabiola Yáñez contra Fernández, para desviarse, entretenerse e indignarse con los videos de Tamara Pettinato diciéndole “cosas lindas” al ex Presidente.

Quienes descubrieron hace unos días que la violencia sí tiene género podrían además reparar en que si bien la gran convulsión de esta semana es que hay un ex presidente imputado, las fotos de los diarios son las de la mujer que lo visitaba.

Pettinato no ocupó ningún cargo público. Se deberá investigar si sus visitas constituyen o no un delito. Sin embargo, es ella la que se transformó en el gran foco de atención y agresiones, en la línea de flotación del escándalo.

El argumento de que la difusión de las fotos de Yáñez, como se escuchó decir a varios periodistas al aire, sirvieron para que la sociedad argentina empezara a “empatizar” con quien hasta hace no tanto era llamada “fiambrola” no sólo es un razonamiento contrafáctico, sino que además desconoce la legislación sobre el tema. La Ley 26.485, (de violencia contra la mujer) es clara al respecto: “La divulgación de imágenes que dan cuenta de la violencia atravesada por una víctima de violencia de género refuerza la violencia”. La recomendación es independiente de cuál haya sido el derrotero por medio del cual esas fotos llegaron a los medios que decidieron empezar a hacerlas circular.

No es la opinión pública la encargada de dar un veredicto. Y no es función de la prensa desconocer criterios éticos, de manual, para evitar la sobreexposición y revictimización, con tal de satisfacer las emociones del público, en el arco que va de la sed de chisme al sadismo.