La acumulación de ordenanzas aprobadas por el Concejo municipal, pero que no rigen por falta de la reglamentación correspondiente del Ejecutivo, configuró un asunto de tensión entre el Palacio Vasallo y el de los Leones. A falta de un registro preciso que dimensione esas falencias, queda el cálculo y el reproche de algunas voces de la oposición, que cuentan por decenas esas normas que hacen al co gobierno de Rosario pero que, sin la forma que debe darle el intendente, carecen de efecto.

"Estamos ante un intendente que no hace ni deja hacer", disparó la concejala Caren Tepp, de Ciudad Futura, luego de puntear alrededor de 40 ordenanzas impulsadas por su bloque y que durante la gestión de Pablo Javkin han quedado en el limbo. 

El tema reavivó el diferendo la semana pasada, cuando el Ejecutivo anunció de repente la reglamentación de la ordenanza que regula de ahora en más el sistema de taxis y que, entre otras variantes, incorpora la posibilidad de hacer viajes compartidos entre pasajeros. Esta iniciativa de la socialista Verónica Irizar había empezado en 2022, fue aprobada el año pasado, pero sin vigencia hasta ahora.

Ella había hecho público su reclamo de reglamentación. "Desde el Ejecutivo se habían comprometido a hacerlo, pero no la reglamentaron a pesar de que pasó casi un año de la sanción en el Concejo. Debería entrar en vigencia cuanto antes, porque en momentos de crisis hay que innovar y animarse a nuevas soluciones", dijo entonces. Y le hicieron caso.

Distinta suerte padecen los proyectos de quienes son oposición real a la gestión Javkin. En diálogo con este diario, Tepp aseguró que Ciudad Futura tiene "más de 40" proyectos sancionados pero sin reglamentar. Eligió destacar 5 de esos. "Primero, la creación de la empresa de desarrollo urbano, aprobada en diciembre de 2022. Tenía como objetivo ser un instrumento innovador para intervenir en el mercado de suelos y acelerar los procesos de urbanización de barrios populares. No se reglamentó y vemos que no hay ningún interés de avanzar en ese sentido. No se hizo ninguna acción al respecto", planteó.

En segundo término, la edila mencionó la ordenanza que manda a crear el sistema de reciclaje de residuos con inclusión social, a través de la figura de los "recuperadores urbanos", como existe en Buenos Aires. "El servicio de recolección de residuos es un tema pendiente. El incumplimiento de la ordenanza Basura Cero (para 2020 había que terminar de enviar residuos al relleno sanitario) es total. De las 800 toneladas diarias que produce Rosario no se recicla ni el 10 por ciento. Y los costos de los sistemas de recolección con disposición final son de los más onerosos del presupuesto municipal. Por eso aquella ordenanza era vital. Pero sigue sin novedad", señaló Tepp.

Otra norma que espera por su reglamentación es la creación del registro de infractores y reincidentes ambientales, aprobada en febrero de 2023. Es conexa con la incorporación de faltas ambientales al Código de Convivencia municipal. Se propone registrar con acceso público a los nombres de empresas y personas que reincidan en acciones que atenten contra el medio ambiente en la ciudad. 

El Concejo sancionó en 2020, durante pandemia, la ordenanza de creación de "Mercado Justo", una plataforma de intercambio y comercialización destinada a promover emprendedores y productores locales. Tampoco el Ejecutivo la puso en vigencia.

La otra ordenanza que destacó Tepp como trunca es la creación de consultorías y asesoramiento en los efectores de salud pública municipal acerca del uso del cannabis medicinal con fines terapéuticos, habida cuenta del vacío que hay en ese asunto. Data de diciembre de 2022, pero está sin reglamentación.

"Son algunas de tantas en una gestión de Concejo que, aún en su diversidad, fue produciendo distintas normativas, pero que para el intendente municipal son letra muerta porque las incumple sistemáticamente", cuestionó la concejala de Ciudad Futura.

"Son decisiones políticas"

Norma López, del bloque Justicia Social, encuentra este rasgo de la gestión municipal como un estilo que viene de antes. "Las administraciones de lo que fue el Frente Progresista y ahora este agrupamiento que conduce Pablo Javkin han sido incumplidoras seriales de lo que vota el Concejo y debiera ser de cumplimiento efectivo", lanzó ante la consulta de Rosario/12.

En esa línea, sumó: "Desde la asignación económica para víctimas de violencia de género que está incluida en los presupuestos, hasta normativas urbanísticas que se dejan de lado –añadió–, ni siquiera se cumplen ordenanzas que no implican gran inversión. Todo lo que significa mejorar la calidad de vida de un vecino, vecina, si no se hace con la coordinación con las distintas áreas municipales es imposible de llevar adelante, pero es una decisión política. No veo en el intendente una mirada política de inclusión".

Para la concejala peronista, esto "es una falta de respeto a la democracia y a la institución del Concejo municipal. Hace que el ciudadano sienta que la política está en deuda y muchas veces la responsabilidad es de los Ejecutivos".

Las ordenanzas que más tiempo de demora acumulan, quizás, son dos de María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular): el Concejo las sancionó en 2016, durante la intendencia de Mónica Fein, y aún están sin efecto. Una es para formar e incluir a sectores populares y adultos mayores en el manejo digital de trámites bancarios y financieros, home banking, etc.

La otra ordenanza olvidada por el Ejecutivo apunta a regular y controlar la limpieza de tanques y cisternas de agua en edificios de viviendas, públicos y en los que haya manipulación de alimentos. "Normativas de este tipo están en vigencia en grandes ciudades, desde hace muchos años, y Rosario viene muy atrás en la aplicación de normas como estas, ligadas a garantizar la salud pública", explicó Gigliani.

Caren Tepp reprobó la forma en la que la Intendencia creó la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo, una iniciativa impulsada por ese bloque opositor. "Si bien se puso en marcha, no se la puede considerar una ordenanza aplicada realmente ya que cuenta con solo 3 personas asignadas a llevar adelante una agencia que debe detectar maniobras fraudulentas en una ciudad de 1 millón de habitantes, con una alta tasa de homicidios y donde el lavado explica el crecimiento de la violencia urbana. Así es irrisorio pensar que 3 personas sean esa agencia y que obtengan los resultados esperados", lamentó Tepp. "El Ejecutivo quiso tener un gesto políticamente correcto, pero la voluntad de fondo es otra. Si no fuera así, asignaría más presupuesto y jerarquizaría ese área", punzó.

Lisandro Cavatorta (Justicialista) también reclama por reglamentación de una norma de su autoría: la que manda a mejorar la seguridad en el cementerio La Piedad. "Hace más de un año y medio que se aprobó. Lo que falta es la decisión política para abordar el problema", dijo el edil sobre el fenómeno del robo de ornamentos metálicos y vandalización en la necrópolis de Provincias Unidas y 27 de Febrero.

La crítica más compartida entre los distintos sectores de la oposición al gobierno de Pablo Javkin es lo que definen como "un exceso de personalismo" y falta de delegación de funciones. 

"La gran mayoría de las ordenanzas aprobadas desde 2019 no ha sido puesta en vigencia. No existen estructuras de gobierno, no se jerarquiza la función pública con un sistema sólido de administración.  Así es imposible que el Estado funcione. Ni siquiera se conoce el organigrama municipal", fustigó la concejala Tepp.

Este diario consultó en fuentes del Ejecutivo municipal por esta demanda política, y le hizo llegar el requerimiento al intendente, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.