El uso de teléfonos celulares en las escuelas es un tema que ha generado un debate intenso en la Provincia de Buenos Aires, especialmente tras la presentación de un proyecto de ley por parte del senador provincial de Unión por la Patria, Emmanuel González Santalla. Esta iniciativa busca prohibir el uso de celulares en las escuelas primarias, a menos que sea autorizado explícitamente por los docentes, argumentando que estas tecnologías pueden ser perjudiciales para el proceso de aprendizaje y la socialización de los estudiantes.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de Alberto Sileoni, ministro de Cultura y Educación, dio a conocer una visión distinta. Sileoni dijo que si si bien reconoce los problemas asociados con el uso de celulares en las escuelas, especialmente en el nivel secundario que cuenta con 4.700 establecimientos y más de 1.700 estudiantes, la gobernación de Axel Kicillof opta por una postura de uso de dispositivos “más permisiva”.
El ministro Sileoni destacó que la Provincia ya intentó implementar una normativa similar en 2006, pero que no resultó eficaz. En cambio, el enfoque actual del Gobierno es permitir el uso de dispositivos tecnológicos en las aulas, siempre y cuando se utilicen con un propósito pedagógico claro y definido. Según Sileoni, la clave está en confiar en los docentes para que manejen de manera adecuada esta herramienta dentro del aula, y no en imponer restricciones rígidas que podrían ser contraproducentes.
Además, Sileoni puso en valor la importancia de la responsabilidad familiar en este asunto, indicando que los padres también juegan un papel crucial en regular el uso de celulares por parte de los niños, especialmente en los primeros grados de la primaria. Según el ministro, es fundamental que las familias no deleguen completamente esta responsabilidad en las escuelas, sino que colaboren en la educación y formación de los niños en el uso adecuado de la tecnología.
“No digo que no tenemos problemas, a veces hay desbordes o un uso abusivo, pero preferimos el camino de la no prohibición absoluta, sino el de darle confianza a los docentes para que trabajen en esa situación de aula”, afirmó Sileoni.
El proyecto presentado por González Santalla en marzo pone en el centro del debate los efectos que los celualres pueden tener en el entorno educativo. El senador destaca que el uso inadecuado de la tecnología es uno de los factores que contribuyen a los problemas de aprendizaje en las escuelas primarias, apoyándose en datos clave como los obtenidos en las pruebas Aprender, donde se revela que el 46 por ciento de los estudiantes de tercer grado en Argentina no alcanzan los niveles mínimos de lectura. En este contexto, el legislador propone que el uso de celulares en las aulas debe limitarse a lo estrictamente necesario y siempre bajo la supervisión y autorización de los docentes, de acuerdo a lo que había expresado tiempo atrás en diálogo con Buenos Aires/12.
González Santalla subraya que su propuesta no es un ataque a la tecnología en sí, sino una medida para mitigar su impacto negativo en los estudiantes más jóvenes. Señala que en varios países europeos ya se están implementando restricciones similares, incluso a nivel de secundaria, basándose en recomendaciones como las del Informe Global de Monitoreo de la Educación de la UNESCO, que advierte sobre los riesgos del uso excesivo de dispositivos tecnológicos como celulares y tablets.
El senador también aseguró que su proyecto no prohíbe que los estudiantes lleven sus celulares a la escuela, pero sí que su uso durante la jornada escolar debe estar sujeto a la autorización del docente, con el fin de garantizar que estos dispositivos se utilicen con fines pedagógicos y no como una fuente de distracción. Esta postura busca encontrar un equilibrio entre la seguridad que muchos padres encuentran en la posibilidad de comunicarse con sus hijos y la necesidad de mantener un entorno educativo libre de distracciones, según había explicado González Santalla ante este medio.
La controversia en torno al uso de celulares en las escuelas primarias no se limita a la Provincia de Buenos Aires. En simultáneo, la semana pasada el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió prohibir el uso de estos dispositivos en las escuelas, argumentando que esta medida busca mejorar la calidad educativa y fomentar la socialización y concentración de los estudiantes.