El derrotero al que fue sometido el militante del peronismo revolucionario Eduardo José Porcel desde que fuera detenido, en enero de 1975, hasta que pudo recuperar su libertad 7 años después exhibe el proceso de degradación de las instituciones de la democracia, plantearon los fiscales federales Carlos Amad y Juan Manuel Sivila en sus alegatos en el juicio que en el Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de Salta se sigue contra el ex policía federal Juan Carlos Alzugaray por estos hechos.
En momentos en que recrudece la violencia en la práctica que pretende ser política, la historia de Porcel también puede interpretarse como un espejo en el que sería conveniente mirarse, para no repetir errores.
En un detallado alegato el fiscal Sivila expuso esta degradación paultina de las instituciones de la democracia hasta el ingreso a la debacle de la dictadura y la represión criminal por parte del Estado.
"¿Cuál es el problema medular que nos plantea este juicio?", inquirió al comenzar a exponer, el jueves último. "Una progresiva degradación del estado de derecho y una autonomización de las fuerzas de seguridad". La deriva de un estado de derecho a un estado dictatorial, dijo.
En los años de detención de Porcel se puede observar cómo fue incrementándose el poder represivo, planteó el fiscal. Ese camino de múltiples vulneraciones de sus derechos comenzó en la Central de Policía de Salta, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y a medida que iban trasladándolo a distintas cárceles o centros clandestinos de detención iban agravándose las torturas, conforme avanzaba también el proceso hacia el golpe primero y la consolidación de la dictadura después.
El fiscal recordó que esa descomposición de las instituciones, expresadas en las torturas a Porcel, llegó a su punto máximo con una paliza que le dieron a él y a su padre, Jorge Porcel, que los dejó en coma por varios días.
Todo, la detención y la tortura, se hizo por fuera de lo institucional. Se aplicó un "sistema represivo de doble estándar", lo formal y las órdenes secretas aplicadas a la par. Un "sistema penal paralelo" o "sistema penal subterráneo", como se vió en la Causa 13, el juicio a las Juntas, afirmó Sivila.
La detención de Porcel, aseguró, no fue dispuesta ni por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ni por orden judicial, ni en una urgencia porque se lo sorprendió cometiendo un delito. "Se trató de una detención manifiestamente ilegal" en el marco de la persecución a un grupo de personas, entre las que se contaban también Juan Carlos Salomón, Alfredo Mattioli y Armando Jaimea, todos militantes del peronismo revolucionario.
Siete años, diez meses y un día
Porcel fue detenido en la noche del 18 de enero de 1975, en un control de la Policía de Salta y el Ejército cerca de la localidad de General Güemes, cuando viajaba a Tucumán. Fue llevado primero a la Central de Policía, en la ciudad de Salta, donde fue golpeado. Después lo trasladaron a la Delegación Salta de la Policía Federal, donde fue torturado, entre otros, por los represores Roberto Galmarino, Federico Livy, ambos fallecidos, y Juan Carlos Alzugaray, que está siendo juzgado por estos hechos y para quien la fiscalía pidió una condena de 8 años de prisión.
De la Federal, Porcel fue a parar a la cárcel provincial de Villa Las Rosas, donde también fue golpeado, y estuvo hasta el 1 de abril, cuando una patota de la Federal lo llevó a Tucumán, donde fue alojado en el CCDT "La Escuelita", en Famaillá. Después pasó, entre otras, por las cárceles de Villa Urquiza, también en Tucumán; Rawson, en Chubut; Caseros, Campo de Mayo, y Sierra Chica, en Provincia de Buenos Aires, y terminó su larga detención en el penal de La Plata. Le otorgaron una libertad vigilada el 19 de noviembre de 1982 de la que recién se libró el 21 se septiembre de 1983. En total, estuvo detenido 7 años, 10 meses y un día, subrayó la fiscalía.
Sivila planteó que Porcel, militante del Frente Revolucionario Peronista (FRP), era un perseguido político. Como muestra, destacó las publicaciones del diario El Tribuno del 18 y 19 de enero de 1975, en las que aparece en una lista de personas buscadas por la Policía y se indica que la fuerza realiza operativos buscando a estas personas, entre las que se encontraban Alfredo Mattioli (asesinado en abril de 1975 por la Policía salteña) y Armando Jaime. En la tortura Porcel fue interrogado sobre Mattioli.
"Nuestra tesis es que las fuerzas de seguridad luego de detener a Porcel recurrieron a una serie de ardides para dar visos de legalidad". Eran prácticas habituales en esa época.
Para probar que Porcel estuvo efectivamente en la Federal, el fiscal recordó que los tres jefes que mencionó al declarar, efectivamente cumplían funciones en la Delegación para esa época. También recordó que Porcel vió en la Federal al periodista Luciano Jaime, que estuvo detenido en esa dependencia precisamente el 18 de enero de 1975, fue liberado y posteriormente fue secuestrado y asesinado. Además, en su legajo se hizo constar que había sido detenido por infracción a la ley 28040, de subversión económica. Y entre sus "actos destacados de servicio" en el legajo de personal de Alzugaray hay una anotación, del 12 de marzo de 1975, que afirma que intervino en una investigación a Porcel, aunque en este caso se dice que es por falsificación de documento. También se asentó el traslado a Tucumán.
Como otra prueba de la ilegalidad de esta detención, Sivila añadió que el PEN dispuso su arresto recién el 21 de enero de 1975, mediante el decreto secreto N° 166. Ya para entonces habían pasado tres días de la detención. Y a eso se suma que el comisario Livy, que era jefe de la Federal de Salta, consignó en una nota del 19 de enero de 1975 que Porcel había sido detenido a disposición del PEN, aunque el decreto llegó dos días después. Es decir, afirmó el fiscal, que Porcel fue detenido sin que mediara orden del PEN y tampoco había orden judicial. Y tampoco estaba en flagrancia.
Para el fiscal, el proceso por infracción a la ley 28040 "nunca existió" y solo fue "un ardid" para detenerlo. Para demostrarlo, la fiscalía recurrió a los archivos de causas judiciales federales de la época. No pudieron dar con el expediente de Porcel, pero sí lograron establecer que se inició después del 22 de enero de 1975, cuatro días después de la detención. Es más, la detención de Porcel recién fue judicializaba 17 días después. No hubo orden de detención "y mucho menos se dictó un auto de prisión preventivo", concluyó Sivila.
El fiscal recordó asimismo que un testigo privilegiado, el propio Alzugaray, declaró en el Juicio por la Verdad que primero se detenía y después se esperaba el decreto que ordenaba esa medida.
La construcción del enemigo
A su turno el fiscal Carlos Amad reforzó esa afirmación sobre el proceso de degradación de las instituciones de la democracia. "Tal era el quiebre institucional que la policía tiene el atrevimiento de decirle al juez si usted lo va a largar, aviseme", dijo en referencia a los numerosos casos en que un juez disponía la liberación de una persona detenida pero seguía en esa condición a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
"El plan se coronó el 24 de marzo de 1976 pero los militares eran una especie de gendarme del país" ya desde mucho antes, recordó el fiscal. Repasó los golpes que sufrió el país, en una "tradición" iniciada por el general José Félix Uriburu en 1930, hasta esta última dictadura, en la que "el despojo de la institucionalidad empezó subterráneamente", aseguró Amad complementando lo que había dicho el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.
Amad recordó que las fuerzas armadas argentinas tenían asesoramiento del Ejército francés y el estadounidense ya desde la década del 60. "Ellos venían ya en la construcción del enemigo", aseguró Amad. En ese marco la ley 28040, sancionada el 28 de septiembre de 1974 fue el instrumento que calzaba para la persecución. "El enemigo era el que pensaba diferente", ratificó antes de pedir una condena de 8 años de prisión para Alzugaray por la detención ilegal y las torturas que sufrió Porcel cuando estuvo detenido en la Federal de Salta.
Alzugaray tiene dos condenas por otros delitos de lesa humanidad. Por la Masacre de Palomitas, la matanza de once personas que estaban alojadas en el penal de Villa Las Rosas, recibió una pena de 20 años de prisión. Además, fue condenado a prisión perpetua por el secuestro y la desaparición del abogado boliviano Gustavo Medina Ortiz.
