La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó ayer la conciliación obligatoria en el conflicto de los aceiteros que mantenía paralizada la agroexportación desde el 6 de agosto. La medida la solicitó la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y permite, tras casi una semana de conflicto, retomar las negociaciones salariales por los próximos 15 días.

La resolución de Trabajo pone final a las medidas de fuerza de momento y obliga a retomar las negociaciones entre los gremios y las empresas.

“La secretaría exhorta a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la actividad involucrada”, señaló el gobierno.

La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales argumentaron el pedido de conciliación “frente a la imposibilidad de lograr recuperar el diálogo con los líderes sindicales y la negativa a permitir a los trabajadores ingresar en las plantas para retornar al normal desarrollo de las actividades”.

Los empresarios sostienen que las demandas salariales de tener un ingreso superior a la inflación ya han sido atendidas por la industria, que ofreció un 12% de aumento en julio -retroactivo- y un 5% para septiembre, llevando el total al 107% anual; y con un salario mínimo conformado superior a los $2 millones, así como un salario promedio superior a los $3 millones. “Es el momento de lograr acuerdos salariales y dejar de lado aspiraciones o cuestionamientos de políticas públicas que exceden el marco de la paritaria”, culminó el documento del sector empresarial.

En tanto, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y afines sostuvieron que las empresas lo que están buscando es una devaluación que "perjudique a los trabajadores" y justificó las medidas de fuerza porque las cámaras "se negaron a presentar una propuesta de aumento salarial que permita satisfacer las nueve necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución Nacional como Salario Mínimo Vital y Móvil: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".