En la habitual conferencia de prensa de los lunes, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, denunció una alarmante situación que involucra al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la salida de reservas de oro hacia el exterior. 

Además, expresó su preocupación por los últimos despidos en el sector, porque la mayotía se dieron la Provincia y la Capital Federal. También se puso a disposición para avanzar en la sanción de una nueva ley que modifique la caja jubilatoria del Banco Provincia tras los cambios generados durante la gestión de María Eugenia Vidal que motivaron la intervención de la Suprema Corte. 

La compleja situación del sector

En cuanto a la situación del Banco Provincia y la ley jubilatoria, Palazzo informó que están insistiendo para que la legislatura trate un proyecto de ley que modifique la normativa implementada durante la gestión de Vidal, la cual había subido a 65 años la edad para que los empleados del banco accedieran a la jubilación, con un haber del 75 por ciento y no el 82 por ciento anterior que a su vez fue suspendida en 2023 por la Corte Suprema.

"Hemos conversado con el Gobernador Axel Kicillof y vamos a profundizar en la legislatura para que se sancione una ley que revierta los efectos de aquella ley nefasta de Vidal", concluyó.

En su rol de titular del sindicato La Bancaria, el gremio que nuclea a los trabajadores bancarios en todo el país, Palazzo hizo hincapié en la situación crítica que atraviesan una parte de los empleados de bancos en Argentina debido a despidos y presiones por parte de las entidades financieras.

Dijo que se están llevando a cabo medidas de fuerza y protestas en todo el país en respuesta a los despidos, y advirtió que estas acciones podrían intensificarse si no se reincorpora a los trabajadores afectados.

"Hay una denuncia en el Ministerio de Trabajo y esperamos la convocatoria. En la medida que continúen sin reincorporar a los compañeros, continuarán las medidas de fuerza, que seguramente se van a extender a otros bancos", afirmó Palazzo. El dirigente sindical hizo referencia específica a la situación en el Banco Santander, donde, aunque no se han registrado despidos formales, existe una fuerte presión de la patronal para desvincular trabajadores, especialmente en la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

Palazzo adelantó que se reunirán con la Comisión Gremial Interna del Banco Santander para coordinar acciones gremiales similares a las que se están llevando a cabo en el Banco Supervielle, hasta que cesen las presiones y despidos.

Cabe recordar que el sindicato denunció que, desde hace meses, la gerencia del Banco Supervielle ha estado implementando "presiones, despidos encubiertos y maltratos" hacia sus empleados. Además, se ha señalado una persecución sistemática de los trabajadores, lo que ha causado perjuicios económicos y morales debido al incumplimiento de actas-acuerdo previamente firmadas con el sindicato. También se denunció que no se está respetando la jornada laboral bancaria ni el pago correspondiente por subrogancias.

La investigación

En lo que respecta al oro, Palazzo detalló que se realizaron cuatro envíos entre los meses de junio, julio y agosto de este año. Cada uno de estos cargamentos estaría valuado entre 250 y 300 millones de dólares, lo que eleva el monto total a una cifra que oscila entre 1.000 y 1.200 millones de dólares.

Sin embargo, lo que más le inquieta es la falta de información oficial respecto al destino, propósito y costo de estas operaciones. Desde el Estado nacional todavía no emitieron una respuesta consistente sobre los motivos y solo se limitaron a decir que era mejor que el oro “esté en movimiento” y no “estancado”, a través de los dichos de Caputo.

En junio de este año, a través de las propias declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se conoció que el Banco Central decidó enviar varias partidas de oro al extranjero, lo que generó preocupación y constantes pedidos de esclarecimiento hacia el Gobierno nacional de Javier Milei de parte de un sector de la oposición. A partir de este suceso, desde La Bancaria presentaron pedidos de acceso a la información pública, sin obtener respuestas claras. 

Según explicó Palazzo, el primer envío se realizó el 7 de junio y el segundo durante la segunda quincena del mismo mes. Ante la falta de información, en julio reiteraron los pedidos de acceso a la información, pero nuevamente fueron ignorados, y un tercer envío se concretó posteriormente. Finalmente, en los primeros días de agosto, se realizó un cuarto y último envío, afirmó el dirigente sindical.

El diputado enfatizó que los argentinos tienen el derecho de saber qué está haciendo el gobierno con las reservas de oro del país y que la opacidad y el secretismo con los que se ha manejado esta situación no solo generan desconfianza en la población, sino que también pueden alejar a posibles inversores.

"Es como cuando uno está en su casa y no le alcanza la plata. Se gasta los ahorros, pide un préstamo, y cuando ya no puede pedir más, empieza a empeñar lo que tiene en la casa. Cuando llega el momento de pagar y no tiene con qué, el joyero se queda con esa joya", explicó Palazzo, utilizando una metáfora para describir lo que podría estar ocurriendo con las reservas de oro del país.

Una de las mayores preocupaciones expresadas por Palazzo es el silencio del Banco Central. De acuerdo a lo comentado por el diputado, el presidente del Banco Central no aportó explicaciones claras sobre los motivos de estas operaciones ni sobre los costos involucrados. Desde la entidad bancaria solo se han limitado a indicar que tomarán los 15 días hábiles que prevé la ley, sumada a una prórroga de 15 días hábiles adicionales, para responder de manera oficial.

Palazzo afirmó que, a pesar de la falta de información oficial, han podido acceder a datos extraoficiales que indican que los cargamentos de oro fueron transportados por camiones blindados de la empresa de caudales Lumin, y que, al menos en dos de los casos, el oro no fue enviado a través de Aerolíneas Argentinas, sino mediante una aerolínea británica. Este detalle genera aún más controversia respecto a la transparencia y la legalidad de estas operaciones.

El diputado no dudó en calificar esta situación como de "gravedad extrema", sobre todo porque el Ministro de Economía de la Nación, al ser consultado, se refirió a las operaciones utilizando el término "retorno", insinuando que el oro podría haber sido enviado al exterior para obtener algún tipo de beneficio económico. Sin embargo, para Palazzo, esta explicación es insuficiente y plantea más preguntas que respuestas.

"Queremos saber si se trata de un préstamo, una operación de compra y recompra, o si es para convertir el oro en efectivo y traerlo de vuelta al país", señaló. Además, el costo de estas operaciones, que incluirían gastos de transporte, seguros y cargos en las aerolíneas, sugiriendo que el supuesto beneficio económico podría ser insignificante en comparación con los gastos generados.

El riesgo de embargo en tránsito

Otra preocupación expresada por Palazzo es la posibilidad de que el oro enviado al exterior pueda ser embargado en tránsito. Recordó casos en los que activos argentinos han sufrido esta consecuencia, como la Fragata Libertad, que fue retenida por fondos buitre en Ghana en 2012. "Si pudieron embargar una fragata, imagínense lo que podrían hacer con el oro", advirtió.

El diputado también citó ejemplos internacionales, como el embargo del oro venezolano en Londres y el caso de Rusia, cuyo oro fue embargado por la Comunidad Económica Europea. Incluso mencionó el caso de Islandia, donde, tras una crisis financiera, el país fue declarado estado terrorista en Gran Bretaña, lo que permitió el embargo de sus reservas de oro.

Además, Palazzo mencionó un antecedente durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, realizó una operación similar, enviando oro al exterior. Sin embargo, la diferencia en esa oportunidad estuvo en que la operación se realizó con oro que ya estaba en Londres, y no con oro que se sacó de las reservas nacionales para llevarlo afuera, como es el caso actual.

El diputado también se refirió a que el mismo día en que presentaron uno de los pedidos de acceso a la información pública, uno de los directores del Banco Central renunció. Aunque Palazzo no vinculó directamente esta renuncia con las operaciones de oro, sí destacó la coincidencia en el tiempo, lo que podría sugerir un posible desacuerdo interno en la entidad sobre la forma en que se manejó esta situación.

En este sentido, Palazzo reiteró la necesidad de que el Gobierno nacional sea transparente y brinde explicaciones claras sobre estas operaciones. De acuerdo a lo argumentado por el diputado, la falta de información y las demoras en responder a los pedidos de acceso a la información pública solo generan más dudas e incertidumbre.

"Esperaremos la respuesta del Banco Central, pero lamentablemente creo que el secretismo no ayuda. Si hay una operación de crédito, queremos saber cuáles son los costos y para qué se va a utilizar ese dinero, porque se trata de parte de las reservas del Banco Central", finalizó.

La situación denunciada por Palazzo pone en escena las tensiones y la desconfianza que existen en torno al manejo de las reservas del país. En un contexto económico ya de por sí complejo, la falta de claridad en las operaciones que involucran activos tan importantes como el oro genera incertidumbre no solo entre los actores políticos, sino también en la sociedad en general.