Los beneficios a genocidas que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel busca generalizar vía ley –las prisiones domiciliarias, entre otras vías para devolverles la impunidad– están sucediendo a cuentagotas por la vía judicial. Horacio Ferrari, por ejemplo, marino retirado en prisión domiciliaria y acusado de haber secuestrado a casi 300 personas durante la última dictadura cívico militar, de haberlas torturado y desaparecido en su inmensa mayoría, logró que los jueces que lo están enjuiciando le permitan salir de su casa a hacer compras. Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas reclamaron el quite del beneficio, pedido que acompañó la Fiscalía.

“Autorícese al nombrado a concurrir tres veces por semana durante 90 días al supermercado, farmacia y almacén dentro de un radio de 10 cuadras a la redonda de su domicilio, por el lapso de una hora por salida”, avala la resolución del juez federal Enrique Méndez Signori, uno de los tres jueces del Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires que juzga a Ferrari por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante el genocidio de la última dictadura. Le encomendaron que, ante cada salida, sea él mismo el que dé aviso a la Dirección de Monitoreo, autoridades que deben controlar su prisión domiciliaria.

La noticia provocó preocupación. “Es un escándalo grave y es una vergüenza”, definió la querella que representa a Patricia Walsh –hija del periodista y militante Rodolfo Walsh que fue secuestrado por una patota de la ESMA y desparecido, al sobreviviente Carlos Lordkipanidse y a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). A fin de mes, la querella presentó un recurso de reposición para evitar que los permisos otorgados el pasado 12 de julio por juez Méndez Signori queden firmes. De suceder aquello, Ferrari quedaría habilitado para salir seis días a la semana.

“El caso de Ferrari es bastante particular, porque tiene autorizaciones locas y extrañas”, señaló a este diario el abogado querellante Ariel Noli. “Pantera”, como era conocido el represor dentro del centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en el Casino de Oficiales de la ESMA, ya contaba con permisos para ir a misa todos los domingos y salir a caminar por su barrio –vive en Olivos, en el norte del Conurbano bonaerense– dos veces por semana. “Son permisos que de ninguna manera tienen los presos comunes. La Justicia viene habilitando las prisiones domiciliarias a represores mucho antes de que el proyecto de ley oficialista tomara forma y mucho antes de que Milei gane las elecciones”, opinó el abogado.

Entre 2018 y 2021, Ferrari fue enjuiciado junto a otra decena de represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura. Durante aquel debate, el TOF 5 le otorgó la excarcelación, decisión que las querellas llevaron en queja a la Corte Suprema y lograron revertir.