En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, y a instancia de un pedido del fiscal Carlos Amad, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó el lunes último a Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de "uso de documento público adulterado destinado a acreditar la identidad de las personas".

Ari Canaza, o Arias Canaza, fue declarado responsable de haber adulterado el documento nacional de identidad de una persona que residía en la ciudad de Tartagal, lo que provocó un sinnúmero de problemas e inconvenientes. 

En su fallo, también a pedido de la fiscalía, el juez Federico  Díaz, que integró el tribunal de modo unipersonal, ordenó la destrucción del DNI adulterado y remitió oficios al Registro Civil y demás organismos pertinentes para informar sobre su resolución. En tal sentido, ordenó que “procedan a regularizar la situación” de la víctima, Gabriel Fernando Ávila.

Este proceso se inició el 5 de agosto de 2022, cuando la víctima denunció ante la fiscalía federal de Tartagal los múltiples inconvenientes que sufría a raíz del robo de su identidad. Se identificó como trabajador independiente y aclaró que nunca realizó cambió de domicilio, pero que tenía dificultades al momento de realizar trámites vinculados con su DNI.

Explicó que años atrás su madre realizó un viaje a Bolivia, donde perdió su documento (el del denunciante) y también el de su hermano, situación a la cual no le dio relevancia hasta que se presentó a votar por primera vez y no pudo hacerlo debido a que su nombre figuraba con domicilio en la ciudad de Salta.

Posteriormente, en 2016, fue a gestionar el carnet de conducir y fue informado de que debía pagar una multa de infracción cometida en la ciudad de Salta, lo que era imposible, ya que era la primera vez que realizaba el trámite del carnet y nunca había vivido en la capital salteña.

Luego, al intentar contraer matrimonio en Tartagal, el Registro Civil le informó que no podía hacerlo porque en la base de datos aparecía una persona con sus mismos datos, pero que fisonómicamente era muy distinto. Ávila contó que hizo la denuncia por usurpación de identidad en la justicia provincial, pero el Ministerio Público Fiscal de Salta le informó que el caso había sido archivado.

Por esa razón acudió a la Sede Descentralizada de la fiscalía federal, que inició las actuaciones, aunque luego las giró a la Unidad Fiscal de Salta, ya que el posible autor de la maniobra residía en una casa del barrio San Alfonso de la capital provincial.

Al tomar el caso, el fiscal general Carlos Amad ordenó las tareas de campo preliminares, tras lo cual solicitó la detención del sospechoso y el allanamiento de su vivienda, lo que se concretó el 23 de septiembre de 2023. Además de la captura, se pudo secuestrar documentación comercial a nombre del denunciante.

En la indagatoria el acusado, identificado como Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza, se abstuvo de declarar. No obstante, otras diligencias permitieron establecer su responsabilidad en el uso ilegal de la identidad de la víctima.

Entre otras conclusiones, la fiscalía determinó que efectivamente había dos personas que usaban el número de DNI de Ávila: una era el propio afectado, con domicilio en Tartagal, y el otro era el acusado, con residencia Salta, con trámites realizados en 2013 y en el 2016, respectivamente. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas informó sobre un expediente administrativo iniciado por la misma irregularidad.

Cuando el caso fue elevado a juicio, surgieron tratativas entre las partes con el fin de arribar a una resolución del conflicto mediante un acuerdo de juicio abreviado, tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal en su artículo 22.

Como resultado de ello, la fiscalía presentó el acuerdo. El acusado reconoció su responsabilidad y consintió la pena acordada, lo que llevó al juez Díaz a homologar el planteo, dictar la condena y hacer hincapié en que se regularice la identidad del denunciante.