Hasta ayer continuaba la búsqueda de una madre que sacó del Hospital de Santa Victoria Este a su hija para llevarla a que la atienda un pastor evangélico en Fortín D’Orbigny, localidad boliviana cercana a la triple frontera que involucra, en el departamento Yacuiba.

La nena padece de desnutrición crónica. Es integrante de una comunidad del Pueblo Wichí de Santa Victoria Este, localidad del departamento Rivadavia, en la zona de la triple frontera que comparten Argentina, Bolivia y Paraguay. Las autoridades del Hospital de este pueblo informaron a la Comisaría local sobre la decisión de la madre dado que la niña se encontraba bajo tratamiento.

Ayer desde el Ministerio de Salud Pública de Salta se afirmó que no se podía dar más información sobre el caso, dado que la situación se encontraba “judicializada”.

La judicialización de casos de niñeces desnutridas cuyos padres y madres se resisten a permitir que sean atendidos en los hospitales públicos suele implicar una criminalización de la madre. En este caso, fuentes victoreñas confirmaron a Sala/12 que esta mujer perdió otros dos niños por la misma causa.

Frente a un fenómeno de judicialización de situaciones como esta, Salta/12 conversó con la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Norma Naharro.

Una de las premisas de las que partió la especialista es que no es exclusivo de las comunidades indígenas “pensar que dentro de la fe se puede curar con ejercicios espirituales” y que “hay personas con poderes para curarlos”.

De hecho, en las religiones evangélicas los rezos e imposición de manos son práctica solicitada y ejercida por y para sus creyentes. Dentro de la religión católica existen quienes dicen tener el poder de la imposición de manos y lo ejercen, incluso con toda una logística que incluye una suerte de turismo religioso, como ocurre en la misma ciudad de Salta. Ni qué hablar de quienes publicitan sus dones como curanderos o chamanes en los avisos de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales también.

La diferencia, indicó Naharro, es que en las comunidades indígenas estas prácticas (los té de hierbas, sanadores o recurrir a un profeta) son cuestionadas y de alguna manera, criminalizadas. En esa diferencia radica también la desigualdad. 

Un sistema de salud que diferencia pobres de pudientes 

Naharro comentó que junto a otras investigadoras realizaron un diagnóstico el año pasado, a instancias de un proyecto que pretendía habilitar albergues en Orán, Tartagal y Capital para familiares de pacientes indígenas que deban ser tratados en los hospitales de referencia de esos lugares.

La investigadora contó que en las encuestas “salía claro que si ibas a (los hospitales de) Orán o Tartagal ‘volvés en un cajón’”.

Esa percepción se enmarca en la relación existente entre los pueblos indígenas y el sistema de salud, que siempre ha sido señalado como discriminatorio, por su dificultad  para comprender cosmovisiones distintas a la hegemónica. 

La respuesta además lleva a otro escenario: quien llega a los hospitales lo hace en un estado de deterioro importante y recién entonces se actúa sobre esa persona. Antes, por falta de recursos humanos, tecnológicos o insumos, no se dieron las respuestas necesarias para evitar que se llegara esa situación extrema.

“La experiencia de las personas es que en el sistema de salud no encuentran una respuesta positiva”, advirtió Naharro.

En este punto fue más allá de las comunidades indígenas, dijo que hay una “respuesta diferenciada de la biomedicina” para los sectores que tienen un nivel adquisitivo superior a otro empobrecido.

Entre los ejemplos a mano están los reclamos por la falta de medicación para chicos y chicas con discapacidad que, por ejemplo, se enfrentan a una cobertura deficiente del programa Incluir Salud, o personas que viven con VIH Sida o cáncer a quienes en en la gestión de La Libertad Avanza se les ha escatimado la posibilidad de acceder a los remedios. El que tiene poder económico tiene más posibilidad de sobrevivir. “Se han afectado muchísimo las políticas que ya venían afectadas… y en esos sectores se nota demasiado”, afirmó Naharro.

Volviendo al caso de miembros de pueblos indígenas que se negaron a llevar a niños y niñas al sistema hospitalario, la investigadora planteó una paradoja: “por un lado se les quita los recursos de subsistencia. No se le ofrecen los recursos médicos o económicos para salvar a la niña y se castiga la búsqueda de una alternativa porque no es la hegemónica”, afirmó. El departamento Rivadavia, con gran presencia de población indígena, tiene los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos de la provincia. Entre esas necesidades se cuenta la ya histórica falta de acceso al agua segura. 

“Si a ese viaje (el que hizo la mujer con su hija a Bolivia) lo hubiese hecho una persona de otra clase social podría darse el lujo de no abandonar el tratamiento y hacer el viaje y no se la castigaría. No veo que se castigue nadie que venga a la Virgen”, reflexionó Naharro.